Autoridades de Estados Unidos: la privatización de cárceles no funciona

Mirte Postema

@MirtePostema

Investigadora del Centro de Derechos Humanos, Universidad de Stanford

El 18 de agosto de 2016, la viceministra de justicia de Estados Unidos, Sally Yates, anunció que el gobierno federal de Estados Unidos va a dejar de usar cárceles privadas. En palabras de Yates, las cárceles privadas “simplemente no proveen el mismo nivel de servicios correccionales, no hay un ahorro significativo de costos, y como un informe reciente de la Inspectoría General señaló, no mantienen el mismo nivel de seguridad” que las cárceles administradas por el Estado.

El estudio en que se basa la viceministra estadounidense fue publicado en agosto de 2016. En ese informe, la Inspectoría General del Departamento de Justicia comparó 14 cárceles privadas con 14 cárceles públicas mediante un análisis de documentos, visitas a tres cárceles privadas, y una serie de entrevistas con funcionarios.

La Inspectoría General constató, como la viceministra indicó, que no hay fundamento para las dos justificaciones principales para la privatización de cárceles: que serían más baratas y que proporcionarían mejores servicios. Es más, durante la visita, se constataron graves deficiencias en materia de seguridad y derechos humanos de las y los internos.

Por ejemplo, en dos de las tres cárceles visitadas la Inspectoría constató un uso indebido de celdas de aislamiento (las eufemisticamente denominadas Special Housing Units, o Unidades Especiales de Alojamiento): si no había camas suficientes en el área general de la cárcel, la autoridad penitenciaria privada alojó a nuevos internos en las celdas de aislamiento por mientras.

Y aunque se registraron menos drogas y violaciones sexuales en las cárceles privadas que en las públicas, el estudio señaló que habían mucho más incidentes de seguridad. Por ejemplo, había 9 veces más encierros (lockdowns) totales o parciales, 28% más asaltos entre internos, más que un 50% más asaltos de internos a guardias, y se confiscaron 8 veces más celulares en cárceles privadas que en cárceles públicas. (Por supuesto, el uso de celulares por internos puede tener consecuencias importantes para la seguridad pública, ya que de esa manera podrían continuar sus actividades criminales desde la cárcel.)

En otras palabras, el Departamento de Justicia ha constatado que la privatización de cárceles en Estados Unidos no ha cumplido su objetivo. Como consecuencia, las autoridades han dado una instrucción para dar marcha atrás en esa política. Se ordenó al personal federal de no renovar los contratos con cárceles privadas, o de reducir el número de plazos de manera significativa.

Ya existen ejemplos de esta nueva política. A fines de julio de 2016, el Departamento decidió no renovar un contrato para la cárcel Cibola County en el estado de New Mexico (en la que se había constatado graves problemas en la provisión de servicios médicos). Y hoy mismo, el Departamento anunció que modificó una licitación pública para una cárcel de 10,800 plazos, a una con un máximo de 3,600 plazos. El Departamento de Justicia indica que esperan que para el 1 de mayo de 2017, habrán menos que 14,200 internos en cárceles privadas federales; la mitad de lo que había en el 2013.

Esto no significa que la presencia de actores privados en el sistema correccional de Estados Unidos terminará inmediatamente ni completamente. Hay una gran cantidad de internas e internos en cárceles municipales y estatales, y la instrucción del Departamento de Justicia no vincula a esas autoridades. Además, hay una presencia significativa de la empresa privada en otros ámbitos del sistema penal, en la provisión de tratamiento de drogas, y en unidades comunitarios de custodia, por ejemplo. La instrucción no aplica a esas actividades tampoco. Además, las corporaciones correccionales han ganado una influencia importante en la política estadounidense mediante donaciones a campañas políticas y actividades de lobbying. Es de esperar que se resistirán a estas nuevas políticas, sobre todo a nivel estatal.

Sin embargo, la candidata presidencial del partido Demócrata, Hillary Clinton, indicó en octubre de 2015 que considera que hay que terminar con la privatización de cárceles. Después del anuncio del Departamento de Justicia, las acciones de las corporaciones correccionales más grandes en Estados Unidos han perdido entre el 35% y 40% de su valor, así que parece que “el mercado” considera que la privatización de cárceles en Estados Unidos se reducirá dramáticamente en los próximos años.

De todas maneras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado una señal importante: la privatización de cárceles no funciona, y hay que terminar con esa política. Ante ese escenario vale preguntarse ¿por qué se sigue insistiendo en la privatización de cárceles en América Latina?