La tortura bajo el lente internacional Parte 2: Incidencia de los tratados internacionales sobre tortura en México

Un patrón: La detención, tortura y presentación ante los medios de comunicación como responsables de un delito.
Un patrón: La detención, tortura y presentación ante los medios de comunicación como responsables de un delito.

Por Itzel Candelario

Coordinadora del área Internacional de ASILEGAL.

En el marco de los trabajos de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas en el tema de la tortura, se han efectuado dos visitas a México, la primera en 1997 y la segunda en el 2014. De ellas han emanado informes que rinden cuenta de la grave situación. La visita a México en el 2014 del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, fue de suma importancia debido a que evidenció la extensión de la práctica de la tortura en México al concluir que es una práctica generalizada en el país. Asimismo, el informe del Relator Especial también abrió paso para demostrar el desfase que existe entre el discurso gubernamental y su compromiso por atender la realidad mexicana en el tema de la tortura.

Pocos avances dan cuenta de la voluntad política por eliminar la tortura en México. En efecto, las recomendaciones que se han emitido al gobierno mexicano en el lapso de estas dos visitas no se han logrado atender en su totalidad, y muchas de las cuestiones denunciadas en el primer informe están vigentes. Se observa, por ejemplo, que en ambos informes persiste el hábito por parte de las autoridades policiales y ministeriales de detener para investigar, y no lo contrario. Esta situación es particularmente grave debido a que la mayoría de los casos por tortura tienen lugar justo después a la detención. Además de las detenciones ilegales y arbitrarias, es común a ambos informes la frecuencia de los casos en los que no se revela la identidad de los torturadores, así como el tipo de lugares — tanto clandestinos como de carácter oficial — a donde son llevadas las personas afectadas. El primer informe de 1997 ya había tomado cuenta de la falta de independencia e imparcialidad de los abogados de oficio, los servicios periciales, y de los médicos adscritos a las procuradurías; actores importantes dentro del proceso de identificación y denuncia de la tortura.

Otra cuestión preocupante que persiste es el papel que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una entidad que no tiene la capacidad para exigir el cumplimento de sus recomendaciones, al ser éstos poco atendidos por las autoridades concernientes. Este vacío de poder para llevar a cabo una verdadera incidencia institucional contra la tortura resulta todavía más preocupante al ser la CNDH el actor que implementa el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)1. De acuerdo al informe del Relator Especial del 2014, del 2007 al 2014 el MNP efectuó 3,181 visitas a los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad en México.2 A simple vista esta cifra puede parecer considerable, ya que en promedio se realizaron 454 visitas por año, durante esos siete años contabilizados, tomando en cuenta que para el 2011 el número total de Centros de Readaptación Social (Ceresos) y Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) era de 418.3 Sin embargo, el MNP tan sólo produjo 53 informes en esos siete años, un número muy bajo para el número de visitas realizadas, y sobre todo por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en México, tales como el hacinamiento, condiciones sanitarias lamentables, alimentación inadecuada, servicios médicos deficientes, entre otros.

Ante esta falta de perspectiva del escenario nacional, el último informe sobre tortura en México del Relator Especial fue muy atinado al indicar que “[l]a tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.”4 Este informe fue presentado el 9 de marzo del presente año, causando un malestar en el aparato gubernamental ante dichas aseveraciones, el cual reaccionó de una manera poco constructiva, como lo fue el tachar al Relator de irresponsable y poco ético5, de haber violado el código de conducta y de no promover un diálogo constructivo6.

El canciller mexicano Antonio Meade y el relator especial de la ONU contra la tortura Juan Mendez.
El canciller mexicano Antonio Meade y el relator especial de la ONU contra la tortura Juan Mendez.

Estas acciones demuestran como siempre, el hábito por una puesta en escena basada en la forma, y no en el fondo. En efecto, el discurso gubernamental se ha justificado aludiendo que México ahora “ha fortalecido el marco normativo con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, la Ley General de Víctimas, y parcialmente la reforma del Código de Justicia Militar […]”7. Sin embargo, el hecho de contar con un abanico de instrumentos jurídicos no presupone el buen funcionamiento de los mismos ni su correcta implementación, y dicha situación empeora con la inexistencia de una cultura de rendición de cuentas. Por ejemplo, uno de los impedimentos para la correcta interpretación de la tortura en México reside en que la propia Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (LFPST) no está adaptada a la definición internacional. Esta es una cuestión sumamente importante ya que ésta última interpreta la tortura desde la intención de producir sufrimiento, y por el contrario, para la LFPST “la calificación de tortura está sujeta a la evaluación del grado de gravedad e intensidad del sufrimiento infligido […]”.8

A pesar de todos los avances reportados por el Estado mexicano, las recomendaciones realizadas en los informes del Relator Especial superan en número dichos avances. Por ejemplo, existen muchas cuestiones que datan del primer informe de 1997 y que en lugar de haber mostrado una mejoría, hoy en día han sufrido retrocesos, tales como la figura del arraigo y los supuestos de prisión preventiva oficiosa reconocidos a nivel constitucional (2008), así como del papel cada vez más importante del Ejército en lo que corresponde a la seguridad pública, radicalizado a partir de la guerra contra el narcotráfico en el 2006.

Estos retrocesos contradicen en cierta manera la reforma del 2011 la cual reconoce constitucionalmente los principios de derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los cuales México es un Estado parte. Asimismo, pone en duda la verdadera trascendencia de dichos tratados a nivel interno, por ejemplo, del 2005 al 2013 sólo se han realizado 5 sentencias condenatorias sobre tortura, y de 11, 254 quejas que reportó la CNDH, sólo hubieron 223 recomendaciones y ninguna sentencia penal.9

Por otro lado, cuando se analiza a fondo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, salen a la luz una serie de mecanismos que podrían permitir al Estado parte evadir responsabilidades en caso de verse comprometido su modus operandi en el tema de la tortura. Por ejemplo, el artículo 28 que menciona que todo Estado parte tiene el derecho de no reconocer la competencia del Comité para realizar visitas y de llevar a cabo investigaciones.

Finalmente, el Relator Especial está autorizado a realizar visitas a un país gracias a una invitación que le extiende el Estado parte. Este proceso puede ser afectado en el caso mexicano en vista del diferendo diplomático que surgió a raíz del informe del Relator Especial y de una actitud negativa en volver a recibirlo en territorio mexicano. De ser así, se tendrían serias implicaciones en relación a los compromisos en materia internacional de derechos humanos del Estado mexicano, lo cual corroboraría a disfrazar más la situación actual de la tortura en México mediante un discurso gubernamental poco adaptado a la coyuntura nacional.

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1 Instrumento creado a partir del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual se encarga de gestionar visitas a lugares en donde se encuentran personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez”, 29 de abril de 2014: 14. http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf.

3 Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, “Estadística Nacional Penitenciaria de la Comisión Nacional de Seguridad”, 2011.

4 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, 18.

5Iván Saldaña, “Relator de la ONU también da por zanjado diferendo con SRE sobre tortura”, en Excélsior, 7 de abril de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/04/07/1017552.

6 Natalia Gómez Quintero, “México acusa a relator por violar código de conducta”, en El Universal, 1 abril de 2015. http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-acusa-a-relator-por-violar-codigo-de-conducta-1089288.html.

7 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, 18.

8 Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, « Mexique », http://acatfrance.fr/un-monde-tortionnaire/mexique-rapport-2015.

9 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, 8.

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