El Ombudsman Nacional: ¿Defensor de Derechos Humanos?

Por Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

En los últimos 4 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha incrementado en 55.21% su presupuesto. Este año se encuentra ejerciendo 1,416 millones de pesos. En estas fechas, en el marco de las negociaciones sobre el Presupuesto de Egresos 2015, el organismo nacional ha solicitado 1,465 millones, 956 mil 43 pesos. Esto significa un incremento de 49 millones 574 mil 997 pesos. En el escenario más previsible de todos, resulta natural pensar que este incremento presupuestal se debe al arduo trabajo que la CNDH realiza en favor de los derechos humanos.

Triste realidad. La estrategia programática de la CNDH para 2015 establece que la dependencia gastará 401 millones 700 mil 56 pesos en gasto corriente: salarios, prestaciones, pago de servicios, gasolina, papelería, adecuación y mantenimiento de sus edificios, entre otros. Para los mortales sujetos de derecho –que somos todos y todas- la dependencia ejercerá, en el rubro de “programas de promoción y defensa de derechos humanos” la ridícula cantidad de 64 millones 255 mil 987 pesos. En otras palabras, la CNDH parece estar más interesada en engordar la nómina, viajar mucho y que sus edificios se vean bonitos, que en cumplir con sus atribuciones constitucionales.

Algo hay que dejar claro: durante mucho tiempo, la CNDH ha interpretado un papel muy relevante en el escenario de la defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos (DDHH). Su existencia está plenamente justificada y soy un convencido de que es necesario ampliar las facultades constitucionales de este organismo para sancionar violaciones a los DDHH; sin embargo, la CNDH no es un ente abstracto: su conducción está a cargo de una persona que funge como Ombudsman Nacional.

Fotografía: Jorge Meza

Fotografía: Jorge Meza

Durante los últimos 4 años, mientras el presupuesto del organismo crecía año con año, el Ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, ha trabajado intensamente por acercar a la CNDH con el Gobierno Federal. Se le ve más preocupado por tomarse la foto con el presidente en turno, por ser políticamente correcto y por evitar que haya señalamientos en contra de altos funcionarios del gobierno. De ello, dos botones de muestra:

Masacre de San Fernando

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, según informes oficiales, la organización criminal mexicana denominada “Los Zetas” asesinó a 72 personas migrantes. Los hechos ocurrieron en el ejido de El Huizachal, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría originarios de Centro y Sudamérica, fueron secuestrados por dicha organización criminal. Estas personas se negaron a pertenecer a esta organización y tampoco pagaron el dinero que se les exigía para dejarles en libertad. Fueron asesinadas por la espalda, apiladas y abandonadas a la intemperie.

Ante esta masacre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) no actuó con debida diligencia. Entre las irregularidades cometidas, se encuentran la no preservación de evidencias, la deficiente autopsia e identificación de los cuerpos, la entrega equivocada de cuerpos, entre muchas otras.

Nada más 3 años después, el 23 de diciembre de 2013, la CNDH emitió la recomendación 80/2013 dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de Tamaulipas. La conclusión de esta recomendación dice textualmente que: “La PGJ del estado de Tamaulipas y la PGR incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; así como a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de los dos testigos, quienes sobrevivieron a los hechos”.

La recomendacion 80/2013 contiene algunos aspectos positivos tales como la sanción a los procedimientos erróneos de la PGJ de Tamaulipas y de otros actores relevantes en el hecho. Sin embargo, esta recomendación no incorpora los elementos de responsabilidad del Estado en términos de prevención, de participación directa y de complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad pública. Asimismo, la CNDH cometió graves errores metodológicos y omisiones en la investigación al no contrastar informes y evidencias aportados por las/os testigos sobrevivientes y el gobierno del estado. Por último, a pesar de la relevancia de este hecho, la CNDH no realizó ninguna rueda de prensa para presentar la recomendación ni le dedicó un sólo boletín. El organismo se conformó con sólo enviar la recomendación, la cual, dicho sea de paso, también fue ignorada por el gobierno de Tamaulipas y por la PGR.

Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República

El pasado martes 2 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo emitió un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. En él, presumió que, de enero a julio de 2014, el número de recomendaciones por parte de la CNDH a instancias de procuración de justicia disminuyó en un 41.6% .

En contraste, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) ha denunciado una y otra vez el incremento alarmante del uso de la prisión preventiva en México. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: en nuestro país, el 43.09% de las personas privadas de la libertad permanecen bajo el régimen de prisión preventiva. En el mes de mayo, ASILEGAL presentó, en conjunto con otras organizaciones el “Informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad” ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En él se presentó esta cifra y se denunciaron las pésimas condiciones en que se encuentran los sistemas penitenciarios en México. Asimismo, ASILEGAL denunció el pasado mes de agosto que al 80% de las personas indígenas privadas de la libertad no se les ha respetado el debido proceso.

Respecto al uso de la tortura en nuestro país, el pasado 4 de septiembre, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó el informe titulado: “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México” en donde denuncia que en el último decenio, las denuncias por tortura se han incrementado en un 600%. En este informe, también se afirma que la CNDH es parte del problema: en 2013 dicha comisión recibió un total de 3,842 denuncias por violaciones cometidas por instituciones federales de seguridad y justicia (Ejército, Marina, PGR, Policía Federal y personal penitenciario). De estas sólo se emitieron 35 recomendaciones; es decir, menos de 1%. Y hay más. En 2013, la CNDH recibió un total de 9,806 quejas. De estas quejas, 4,628 terminaron con una orientación a la víctima, 3,580 con acuerdos de conciliación entre las partes y 77 en recomendaciones públicas. Esto significa que 1 de cada 127 casos termina en una recomendación pública. Asimismo, AI denuncia que las víctimas ni siquiera tienen acceso a la investigación que realiza el organismo autónomo.

Estos dos botones de muestra dan cuenta del panorama sumamente adverso para los DDHH en México y de la pésima actuación que ha tenido la CNDH en los últimos 4 años. Y en este mismo contexto, es que el Dr. Raúl Plascencia Villanueva pretende ser reelegido en su cargo. El cinismo es inaudito. Mientras el país atraviesa una pésima situación para los derechos humanos, las libertades y garantías ciudadanas y su convivencia social se encuentra en grave peligro, la presidencia de la CNDH ni ve ni escucha. Importa más el cargo, el compadrazgo político y el tráfico de influencias que las y los ciudadanos/as de a pie. Mi consigna es una: ¡Fuera Raúl Plascencia de la CNDH!

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.