La inequidad al acceso a la justicia en el sistema penal acusatorio.

Ilustración: Asilegal.
Ilustración: Asilegal.

Por Edgardo Francisco Calderón Sánchez y

Marcela Lucas González

Equipo de litigación oral de Asilegal.

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turris”

La palida muerte golpea con equitativo pie en las chozas de los pobres y en las torres de los reyes”

Horacio

Odas I, 4, 13-14

El equitativo acceso a la justicia es el ideal de toda sociedad, y ha sido tema de discusión entre juristas y economistas, psicólogos y políticos al igual que entre pobres y ricos. Realmente es un tema que toca muchas fibras sensibles de la sociedad en general, y en un intento de poder conceptualizar este término, hemos concluido que el equitativo acceso a la justicia es garantizar la equidad de los medios jurídicos a todas las partes que intervengan en cualquier proceso judicial. Entendemos como equidad de los medios jurídicos a la gama de elementos necesarios, recursos materiales y humanos, con un nivel de calidad estandarizado. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la relación entre éstos y la equidad ha sido reconocida ampliamente, y ha sido puesta de manifiesto en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) y en instrumentos como la Carta Democrática Inter- americana. Adicionalmente, la vertiente de la equidad que se traduce en una prohibición de la discriminación se hace presente en la propia proclamación internacional de los derechos humanos, los cuales deben ser asegurados sin discriminación.

Entre los muchos problemas que existen para llegar al tópico, podemos enfocar nuestra atención a la calidad de recursos humanos y materiales a los que puede acceder una persona sin ventajas económicas, políticas o sociales, que este en conflicto con la ley penal; en comparativa con las personas que si tienen alguna de esas ventajas.

La primera comparativa es cuando una persona sin ventajas es sujeta a revisiones arbitrarias por policías, en ocasiones cuando va caminando en su propio barrio o colonia (clasificada como popular), so pretexto de haber reportes de que una persona con las mismas características fue señalada por equis delito. Cabe señalar que si hay oposición, lo agreden en el mejor de los casos y en el peor lo suben a la patrulla dándole un “paseo” mientras le hacen un interrogatorio muy amañado para saber si esa persona representa alguna amenaza para ellos. Acto seguido, los policías se encargan de dejar bien en claro a esa persona, que los que mandan son ellos y que por oponerse lo llevarán a la agencia del Ministerio Público para denunciarlo por alguna conducta delictuosa como narcomenudeo simple, ultraje a la autoridad y hasta robo. Una persona con ventajas, rara vez será víctima de este tipo de arbitrariedades.

En este mismo ejemplo, al llegar a la Agencia del Ministerio Público, una persona con ventajas ya sabe a quién llamar por teléfono, si es que no lo ha hecho ya y hasta lo están esperando. Una persona sin ventajas, no sabe a quién llamar, es más, es poco probable que le respeten ese derecho.

Lamentablemente el exceso de trabajo de los Agentes del Ministerio Público y el poco personal realmente capacitado adscrito a estas agencias, provocan que solo le respeten sus derechos a los que se los exigen; en esta ocasión nos limitaremos a este último comentario respecto a la inequidad existente en la Agencias del Ministerio Público.

Así entonces podemos decir que son los sectores menos favorecidos económicamente, y excluidos de círculos sociales de poder, los que en mayor grado precisan del acceso a la justicia para la canalización de sus reclamos.

Centro de Reinserción Social de Tlapa, Guerrero.
Centro de Reinserción Social de Tlapa, Guerrero.

La etapa de investigación inicial, es el ejemplo más vívido de la inexistencia de equidad en el sistema acusatorio; se asevera lo anterior a razón de que en la investigación de un delito (que no amerite prisión preventiva oficiosa) pueden pasar meses antes de que la persona investigada tenga conocimiento de ello por medio de una citación ante el Juez de Control para formulación de imputación, y con la problemática de acudir con un Especialista en el Sistema Acusatorio, los cuales son pocos y son costosos. También puede acogerse a la Defensoría Pública, la cual cuenta con especialistas, pero no con el suficiente tiempo para realizar las diligencias de investigaciones para la debida defensa por el exceso de trabajo. Superada esa problemática el defensor particular o público se enfrenta a una carpeta de investigación integrada con muchas diligencias, infinidad de datos que corroborar y hasta periciales que combatir.

Se cuenta con un término constitucional que se puede duplicar para ofrecer y desahogar pruebas, claro que al momento de solicitar dicho término o su duplicidad la persona estará sujeta a una medida cautelar; ósea, que necesidad de someter a una persona a una medida cautelar mientras su defensor realiza un extenuante trabajo de investigación cuando el ministerio público ha investigado durante meses antes ¿Acaso no es inequidad de medios jurídicos? ¿Acaso no afecta en la calidad en recursos humanos y materiales para una adecuada defensa?

En la investigación complementaria debemos mencionar que la defensa tendría que estar obligada a realizar una investigación igual o más extenuante y rigorista que la del propio Ministerio Público, es decir, que además del profesionista del derecho a cargo de la defensa, se debe contar con otros auxiliares a efecto de cubrir por completo las diligencias de la defensa. La defensa ya no consta solamente del abogado, se requiere de un equipo multidisciplinario (dependiendo del delito investigado y de la estrategia de la defensa) conformado por entrevistadores, médicos, contadores, peritos en varias ramas, intérpretes, entre otros.

Para las personas que no tienen ventajas tampoco tendrán acceso a este tipo de defensa, es muy costosa, mientras que el Ministerio público tiene el respaldo de las instituciones del estado para poder llevar a cabo sus diligencias. ¿Acaso son equitativos los recursos personales y materiales del Estado en comparación con los de cualquier persona? Tal vez algunas personas con ventajas serán capaces de acceder a ese tipo de servicios, pero no la generalidad.

Estos vicios de inequidad se reflejan formalmente en la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público anuncia los medios de prueba para que el Juez de Control los admita, los cuales pueden ser numerosos, de hecho por lo regular lo son, Testimonios expertos en todas las ramas, objetos, fotos, etc. En contraposición de la defensa, ya sea pública o particular que ofrece los medios de prueba más básicos, en la mayoría de los casos la defensa se abstiene a ofrecer testigos (antes mal llamados de buena conducta). Es notable que no todas las personas en conflicto con la ley pueden acceder a una defensa adecuada.

Ya en Juicio todas las inconsistencias de la defensa por desventaja material o humana a razón de desventajas económicas, políticas o sociales, tienen como resultado una sentencia no tan favorable para las personas sin ventajas.

El orden jurídico debe garantizar derechos; ofrecer seguridad en el ejercicio de actividades de variada índole, incluso económica; propugnar la resolución pacífica de los conflictos; evitar la impunidad; regular adecuadamente el funcionamiento de las instituciones y asegurar el Estado de Derecho y la separación de poderes y, en último término, procurar la justicia.

Asimismo, la introducción de criterios de equidad en el examen del sistema de justicia obliga a prestar atención a las desigualdades reales que pueden acarrear diferencias en el acceso al sistema o en las posibilidades de defensa de derechos durante los procedimientos judiciales, mediante la previsión de mecanismos de asistencia y representación jurídica o de otra índole en beneficio de quienes se encuentren en tal situación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido categórica al señalar:

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventaja.”1

No hay duda que comparto la idea de Horacio, la muerte es equitativa. El acceso a la justicia no.

El cambio esta en que el Estado no sólo debe garantizar la defensa técnica adecuada, sino también los medios para investigar en igualdad de recursos humanos y materiales.

“Quiero estar cerca de mi familia”. Dibujo hecho por “Mary”. Mujer privada de la libertad en Tijuana, Baja California. Foto: ASILEGAL.

Éxito a todos.

1El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal . Opinión Consultiva OC-16/99, del 1o de octubre de 1999, párrafo 119.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

Un comentario en “La inequidad al acceso a la justicia en el sistema penal acusatorio.

  1. Si la defensa no tiene los medios para allegarse a peritajes con especialistas que le ayuden para que ésta sea la adecuada, por supuesto que su defenso está en desventaja. Pero saliendo un poco del tema, cuando se trata de la víctima u ofendido, también es difícil que se le haga justicia, en virtud de que falta mucha conciencia y elementos que favorezcan y faciliten que ella se le restaure en la mejor medida lo que padeció.

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