Procedimientos Especiales en el Código Nacional de Procedimientos Penales: Pueblos y Comunidades Indígenas

Población indígena en el Centro de Readaptación Social de Tlapa, Guerrero.
Población indígena en el Centro de Readaptación Social de Tlapa, Guerrero.

Por Verónica Berber.

Equipo de Litigación Oral de ASILEGAL.

Más que seguir “procedimientos especiales”, lo que de alguna manera remite a cierto grado de discriminación, el Poder Legislativo buscó establecer dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

Atendiendo a lo anterior, desentrañaré lo establecido en el artículo 420 del código adjetivo en mención, que a la letra establece:

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros,…”

Este primer apartado contiene intrínsecamente el derecho a la autoidentificación o autoadscripción indígena, pues tal circunstancia no necesita ser demostrada, basta con la conciencia de la persona a pertenecer a un pueblo o comunidad indígena y no a una prerrogativa o reconocimiento del Estado. No es una condición biológica o territorial, sino una identificación subjetiva con una identidad cultural.

Esto toma relevancia como criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

“…y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal,…”

Hay un uso indistinto de los conceptos sistemas normativos internos, usos y costumbres y derecho consuetudinario; sin embargo, todos ellos hacen referencia a la posibilidad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas de crear normas, instituciones y procedimientos para la resolución de sus conflictos internos y, a la obligación de las instituciones públicas de reconocer y respetar el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, privilegiando el principio de maximización de la autonomía y no el de injerencia en las decisiones que les corresponden a los pueblos.

En el supuesto de que una de las partes dentro del conflicto excite a la autoridad jurisdiccional, por considerar que existió una incorrecta aplicación del derecho indígena, el juzgador deberá allegarse de todos los medios para verificar la legalidad de la actuación de las autoridades indígenas, a fin de no vulnerar el principio de prohibición de doble enjuiciamiento (non bis in ídem), ya que no puede sin razón justificada, invalidar sus resoluciones.

“…salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer…”

Este fragmento del artículo marca un límite a la jurisdicción indígena, siendo este el respeto a los derechos humanos de niños y mujeres, entendidos estos como grupos vulnerables y, por tanto, el estado en su obligación de tutela de los mismos, busca promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos e identificar los espacios o las acciones que permitan que estos se violen.

La perspectiva de género se encuentra sustentada en el principio de igualdad que busca garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades de las mujeres, sin discriminación alguna. Incorporar una perspectiva de género implica una atención especializada y diferencial con la finalidad de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades históricas de segregación y marginación hacia las mismas.

“…En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente…”

El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los pueblos indígenas, tanto de manera individual como colectiva, de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, bajo el principio de acceso a la justicia considerando las especificidades culturales de los mismos, haciendo una valoración integral del caso y el contexto cultural del indiciado.

Cabe hacer mención que las víctimas u ofendidos pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, tendrán derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, así como a contar con un Asesor jurídico que deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento.

“…Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este Código y en la legislación aplicable.”

Otro límite que impone el legislador a la jurisdicción indígena, son los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los establecidos en el artículo 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales.

La prisión preventiva es una medida de cautela impuesta por el juzgador, para asegurar la presencia del imputado en un proceso penal, garantizar la seguridad de la víctima o testigos y garantizar el desarrollo de la investigación.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. Asimismo, ha destacado que el peligro no se presume, ni puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos atribuibles a la pena, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, de lo contrario, se consideraría arbitraria.

Encuesta de ASILEGAL sobre la situación jurídica de las personas indígenas en el Centro de Readaptación Social de Tapachula, Chiapas.
Encuesta de ASILEGAL sobre la situación jurídica de las personas indígenas en el Centro de Readaptación Social de Tapachula, Chiapas.
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