Lo insuficiente de lo ineficiente: comentarios en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera

Edificio de la Secretaría de Gobernación.
Edificio de la Secretaría de Gobernación.

Por Guadalupe Álvarez y Edna Bravo.

Área de Investigación de ASILEGAL.

El domingo 12 de julio causó revuelo la noticia de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien escapó del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”. Desde ese día la fuga ha sido el tema recurrente de programas de televisión y hasta de las conversaciones comunes. Sin embargo, las discusiones en torno al tema se han inclinado a una crítica simplista, que ataca la ineficiencia del sistema penitenciario en particular, y del gobierno mexicano en general.

De inicio, se ha privilegiado la total cobertura mediática a este caso dejando de lado numerosas problemáticas en materia energética, educativa y de salud, por mencionar algunas que también forman parte importante de la vida nacional. Una vez inmersos en esta cada vez menos articulada exposición de hechos con aparentes fines de transparencia investigativa, se ha apuntado al constantemente cuestionado funcionamiento del sistema penitenciario mexicano.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se encargó de comunicar la versión oficial de los hechos. Son precisamente sus declaraciones las que motivaron la realización del presente texto.

El funcionario presentó una versión inverosímil, que no convence a una ciudadanía que poco o nada confía en las instituciones.

“…El Centro Federal de Readaptación Social, número 1 “Altiplano” opera bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales requeridos en los penales de máxima seguridad. Este penal está certificado y cuenta con las condiciones físicas de operación y servicios establecidas por la Asociación de Correccionales de América, A.C.A. (…) especialmente a Joaquín Guzmán Loera se le había colocado un brazalete preventivo para su localización dentro del penal y también dentro de su propia celda tenía instalado un sistema de vigilancia de circuito cerrado…”

La versión oficial emitida por el gobierno federal exalta la adecuada infraestructura del penal (sin mención de aspectos tecnológicos) que es mostrada como vulnerada por elementos que le son totalmente ajenos e imprevisibles a los mecanismos implementados para el “adecuado” funcionamiento de los centros penitenciarios, los cuales ya habían sido acreditados como óptimos por la American Correctional Association (ACA) organismo estadounidense que establece los estándares mínimos aceptables por la industria penitenciaria en las políticas y prácticas implementadas para fomentar un ambiente seguro y humano.1

Lo curioso de todo es que desde la versión oficial se enfaticen las extremas medidas de seguridad y vigilancia que se implementan en los centros de reclusión, pues ello más que generar credibilidad, hace que la fuga de Joaquín Guzmán se torne sospechosa, máxime cuando se sabe por testimonios de personas que han sido recluidas en el CEFERESO, número 1, que las condiciones de seguridad y vigilancia son extremas.

Si el CEFERESO, número 1, “Altiplano” es de máxima seguridad y funcionaba “adecuadamente” cómo fue posible que Joaquín Guzmán Loera se escapara de él, ¿Joaquín Guzmán Loera se encontraba sometido a medidas de seguridad y vigilancia adicionales?

La fuga sólo es posible bajo tres supuestos: uno, la colusión de autoridades y miembros del crimen organizado; segundo, el penal no operaba bajo los estándares de seguridad y vigilancia; y/o, tercero; el gobierno ha sido superado por los grupos de la delincuencia organizada, ya que estos últimos pueden planear y ejecutar un plan de fuga, sin levantar sospecha.

La magnitud de los hechos no puede reducirse a la ineficiencia o corrupción de las autoridades en todos los niveles, sino que se debe ir más allá de tales afirmaciones.

Es obvio que para lograr materialmente el escape de Joaquín Guzmán Loera, tuvieron que concurrir varias situaciones de las mencionadas anteriormente, sin embargo, saber esto no es suficiente para conocer lo que hay en el fondo de tal hecho, pues aunque en apariencia sólo se trate de la fuga de una persona y de la vulneración a la seguridad de un penal denominado de máxima seguridad, es innegable que éste tiene aspectos de fondo que hasta el momento no han sido discutidos por la opinión pública, como la construcción del enemigo a través de la figura de Joaquín Guzmán Loera, la legitimación de un endurecimiento penal.

Foto: Asilegal
Foto: Asilegal

No cabe duda que ante una situación tan reprochable como sospechosa, al no haber explicaciones razonables, por lo menos deben existir argumentos construidos para justificar omisiones, errores o para legitimar acciones futuras. Pero hay otras declaraciones muy preocupantes hechas por el Secretario de Gobernación:

“…por razones de Derechos Humanos, de respeto a la intimidad, la video vigilancia tenía dos puntos ciegos; es decir Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales (…) no podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia, tuvo que haber contado con la complicidad de personal y/o funcionarios del centro de readaptación social del Altiplano. De confirmarse estos hechos constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y compromiso, siempre con compromiso por México, arriesgaron su vida para capturarlo (…) no habrá lugar para la impunidad todo funcionario público, federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos será castigado. Caerán todos los involucrados en esta fuga…”

La principal justificación esgrimida por el gobierno federal sobre la fuga de Joaquín Guzmán es el respeto a los derechos humanos, en específico el respeto a la intimidad. Según lo dicho por la autoridad, el respeto a los derechos humanos coadyuvó a la vulneración de los mecanismos de seguridad y vigilancia del Centro de Readaptación Social. Aunque tras las críticas se haya retractado, no deja de ser muy grave que el responsable de la política interior piense así.

Dicha declaración es aberrante, ilógica y mañosa. Las cárceles en México no son lugares en los que se practique el respecto a los derechos humanos, menos aún cumplen ese requisito los penales de máxima seguridad. Las prisiones son en sí mismas instituciones totales, que fueron creadas para mortificar el yo, son pues, lugares de castigo, en los que, pese a lo que se diga, no hay cabida para el respeto a los derechos humanos. A nivel nacional no existe algún centro de reclusión en el que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad.2

Son las medidas de control y vigilancia las que vulneran derechos humanos y no al revés. El sistema punitivo inflige dolor a las personas privadas de libertad, es tan aflictivo que requiere controles para que no se sobrepase la línea del “castigo” legal, la cárcel no es una bondad, no es el hotel más caro del mundo, como algunos le han llamado. La prisión, es por antonomasia la institución del Estado encargada de generar sufrimiento deliberadamente3, en tal sentido respeto a los derechos humanos y privación de la libertad son situaciones contradictorias.

¿Por qué manejar un discurso de desprestigio a los derechos humanos? ¿Cuál es la intención gubernamental que hay detrás de tal discurso?

Aunque los hechos que se abordan en el presente texto parezcan un sinsentido, lo cierto es que no lo son, a pesar de que no haya claridad al respecto y de que las verdaderas razones que posibilitaron el escape de Guzmán Loera se difuminen, las respuestas se pueden encontrar a través de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para “solucionar” el problema.

Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó:

“No habrá descanso para este delincuente. Se trata de un criminal responsable de la comisión de múltiples homicidios, de la venta de millones de dosis de droga que dañan a nuestros niños y jóvenes y de lucrar con la seguridad de las familias mexicanas. Se trata de un enemigo de la sociedad que ha hecho un gran daño a México y no habrá tregua en el esfuerzo para su reaprehensión…”

Con lo anterior el discurso del Gobierno Federal toma sentido. Se polariza la problemática desde una dualidad de actores: los leales a la nación y los que traicionan a la soberanía. Según Chong los últimos son sujetos en quienes se personalizan los atributos de alta peligrosidad y se individualizan las acciones a tomar como respuesta a un problema que no ha sido atacado de manera seria en sus bases monetarias impedir el asentamiento y posterior proliferación de los carteles. Esto si aminoraría el impacto que la presencia física de un capo pudiera provocar en la articulación de una economía ilegal de flujo internacional.

La estigmatización que se hace de Joaquín Guzmán Loera, la manera en que el Secretario de Gobernación se refiere a éste y los hechos que se le atribuyen, ponen de manifiesto la idea de que este personaje es el culpable de todos los problemas nacionales. Existe una enorme similitud entre la figura (creada) de Guzmán Loera y el Pharmakos de la antigua Grecia. Se ha convertido a un hombre en un chivo expiatorio, al cual se culpa de la situación y mediante su sacrificio simbólico (en este caso mediático también) el Gobierno Federal expía sus culpas.

Hasta aquí el discurso pone a la autoridad en el plano de víctima, disminuida ante el poderío de un único hombre, argumento que le sirve para reforzar su justificación respecto a su ineficiencia y corrupción. No obstante, el Gobierno Federal está muy lejos de ser una víctima, el poder del Estado mexicano es más fuerte que cualquier organización dedicada al crimen, situación que Osorio Chong se encarga de reiterar al hablar de las medidas tomadas por el Estado mexicano para recapturar a Joaquín Guzmán Loera:

“…El Estado Mexicano emplea todas sus instituciones y recursos para recapturarlo. Las instancias del gabinete de seguridad sesionan de manera permanente para coordinar acciones y lograr dicho objetivo (REAPREHENDERLO). La CNS, SEDENA, SEC MARINA, PGR y, CISEN pusieron en marcha operativo y desplegaron elementos en puntos estratégicos del territorio para su búsqueda. La instrucción es utilizar todas las capacidades humanas y tecnológicas disponibles para atrapar a este criminal. La fuerzas federales realizan monitoreo de vehículos, carreteras, aeropuertos y puntos fronterizos así como del tránsito de personas y mercancías. Se reforzó la vigilancia terrestre y aérea de los alrededores CEFERESO y de los municipios y entidades colindantes. Se han redoblado acciones en contra del grupo delictivo al que pertenece…”

Lo anterior da cuenta de la articulación discursiva que permite una proyección a corto y mediano plazo en materia de control punitivo así como de las medidas que habrán de implementarse para lograr el esclarecimiento, la búsqueda y recaptura de Guzmán Loera.

¿Ante qué estamos? ¿Acaso ante la mediatización de los argumentos que sustentarán la implementación del ya no tardo despliegue armado en una segunda guerra contra el narcotráfico, ante la articulación discursiva que legitime medidas de extrema vigilancia y/o ante mecanismos de control rígido al interior de los penales en aras de la prevención, ya no del delito sino de la evasión?

Sin duda el Estado mexicano se sirve de la fuga de Joaquín Guzmán Loera para legitimar una política criminal, en la cual los fines declarados distan mucho de los latentes. Es por ello que mediante este texto se exhorta a la reflexión y no a la crítica laxa que beneficiaría la legitimación de acciones violentas en contra de la sociedad mexicana.

1 Sus estándares de evaluación recaen en aspectos operativos en seguridad, orden, cuidado, justicia, administración, entre otros. Disponible en http://www.aca.org/ACA_Prod_IMIS/ACA_Member/Standards___Accreditation/Standards/What_they_are/ACA_Member/Standards_and_Accreditation/What_are_ACA_Standards.aspx?hkey=26a39f06-db2b-4866-b05e-ba08e601d8cc

2 Según el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria del año 2013 de la CNDH, ningún centro de reclusión ha obtenido la calificación de 10, que es la nota más alta respecto al respeto a los derechos humanos que una prisión puede obtener. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/2013/ceferesos/p_diagNacional_Resumen.asp

3 Véase, Crhistie, Nils, Los límites del dolor, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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