Malas Prácticas en el Nuevo Sistema.

Malas Prácticas 01

Por Edgardo Francisco Calderón Sánchez.

Equipo de Litigación Oral de ASILEGAL.

“¡Vuestras leyes son como la telaraña,
 agarra lo leve y débil, pero el poderoso las rompe y escapa!”
Demosthenes.

Primeramente debemos enfatizar que como “malas prácticas” entendemos a todos aquellos actos que corrompen el sendero de llegar a un bienestar social; actos de los cuales hemos escuchado en más de una ocasión cuando tenemos conocimiento, directo o indirecto, de un procedimiento judicial.

Lo anterior se puede traducir en actos de corrupción propiciados por los operadores jurídicos y la policía, desde el policía remitente que solicita una dádiva para modificar la puesta a disposición, afectando la propia investigación obstaculizando los principios procesales que sustentan la carga investigadora del ministerio público, hasta la petición del policía investigador que a cambio de dádiva pone en sobre aviso a la persona que tiene orden de aprehensión en su contra para que ésta pueda sustraerse de la acción de la justicia.

O quien no ha escuchado esa práctica, hasta el punto de hacerlo costumbre, de llegar a la agencia del ministerio público con la oferta monetaria para que el detenido salga rápidamente por la supuesta pericia del agente del ministerio público, cuando en muchas ocasiones, por deficiencia de la investigación, beneficios que la ley otorga en ciertas conductas o, por la falta de elementos para consignar, es derecho del detenido el ser liberado antes de 48 horas.

Con la entrada gradual del sistema acusatorio penal, en el territorio nacional, los agentes del ministerio público así como todos los operadores de procedimiento, están obligados a actualizarse y aprender a manejar dicho sistema, ya sea por vocación de servicio, superación profesional o simplemente por estabilidad laboral pero; a razón de falta de interés, omisión institucional para dar verdaderas capacitaciones o por mostrarse renuentes a la llegada de un nuevo sistema diferente al que siempre manejaron, aflora la ineficacia, inexpertes y hasta miedo para realizar adecuadamente su labor.

Aunque lamentablemente la práctica de ofrecer dinero a los agentes del ministerio público sigue, y a raíz de las deficiencias anteriormente mencionadas, las nuevas malas prácticas se pueden identificar con certeza, entre otras, cuando las personas investigadas reúnen los requisitos para ser beneficiadas con un criterio de oportunidad, y el agente del ministerio público no otorga esa salida, porque eso implicaría solicitársela al delegado autorizado por el procurador, por lo que ante el desconocimiento son omisos; o cuando remite todas las investigaciones relacionados con delitos patrimoniales a las Unidades de Mediación por el desconocimiento que tienen en cuanto a los objetivos de esa Unidad y; como último ejemplo el conocido hecho de que cuando entra en vigor el sistema acusatorio en cierta jurisdicción territorial o por su gravedad, pasan días, sino semanas para que los encargados de las investigaciones soliciten una audiencia del corte acusatorio o que soliciten una orden de control judicial, lo que es resultado de la nula capacitación y claro desconocimiento del sistema.

Derivado de los ejemplos anteriores podemos concluir que el ministerio público están gestando una serie de malas prácticas basadas en el desconocimiento y el miedo, lo que repercute a otros niveles, sean económicos o políticos. De lo que tenemos plena certeza es que si no se cambia las proyecciones de la verdadera vocación de servicio con una real capacitación en el nuevo sistema, serán progresivas estas y otras muchas malas prácticas en ejercicio de las funciones investigadoras del ministerio público.

Hablando de los órganos jurisdiccionales, hasta el momento podemos señalar que las malas prácticas consisten en algunas que nacieron y se siguen practicando en el nuevo sistema. Hay que señalar que en el poder judicial son más cuidadosos y por tanto es difícil identificar ciertos comportamientos, sin embargo existen. Solo por mencionar alguna, podemos mencionar el contubernio que tienen algunos jueces por conducto de sus secretarios o auxiliares con las afianzadoras, las cuales remuneran a estos funcionarios del poder judicial, local o federal, por “enviarles” a los familiares del procesado, a un costo mayor, beneficiándose los representantes de dicha afianzadora, así como a los propios jueces. No sería sorprendente descubrir que los funcionarios también son accionistas directa o indirectamente de dichas empresas.

Centro de Readaptación Social de Tlapa, Guerrero.
Centro de Readaptación Social de Tlapa, Guerrero.

Pero a pesar de la responsabilidad de la procuraduría o del poder judicial, el mayor reproche es para los postulantes y asesores jurídicos particulares, porque en ellos cabe el poder de detener o dejar evolucionar estas malas prácticas. El miedo, el desconocimiento y la ambición no sólo cabe en los funcionarios públicos, también los prestadores de servicios y representación judicial son en muchas ocasiones absorbidos por estos vicios.

El defensor particular que prefiere acordar con los servidores públicos para que en contubernio obtengan un beneficio económico por la supuesta defensa de una persona, es en sí, el precursor  todas las malas prácticas del anterior sistema y lamentablemente del nuevo también. Basta asistir a una audiencia de sistema acusatorio, en cualquiera de sus etapas, para observar que los defensores particulares y en su caso los asesores jurídicos por parte de la víctima u ofendido, en la mayoría de las veces, se quedan callados, no objetan, no tienen una línea o estrategia, sólo se paran a un lado de su cliente y aceptan todo lo que el juez determine, no profundizan en el debate con el ministerio público, y otras muchas actitudes que denotan el total desconcierto en el que se encuentran. Sólo se les ve habilidad al cobrar y al quererse relacionar con los funcionarios, al grado de convertirse en grandes amigos, cómplices y hasta compadres. Lo ideal sería que se pusieran a estudiar para poder objetar en debate, impugnar las determinaciones de los jueces y aportar las pruebas necesarias para la defensa.

Por lo que también se concluye que el gran responsable de que el sistema acusatorio llegue a buen puerto, es mayormente del abogado particular, y así estará obligado el servidor público a hacer bien su trabajo, y como consecuencia evitar las tan vistas malas prácticas que hasta el momento rigen en el anterior sistema así como las no menos discretas del nuevo sistema.

Existe una nueva generación de abogados procesalistas que tenemos la obligación de corregir y hacer evolucionar el sistema acusatorio, o cualquier otro sistema que se imponga, a razón de que sea cual sea el sistema a practicar, si no somos capaces de actualizarnos o en su caso de capacitarnos constantemente, sea cual sea lo echaremos a perder.

Esto es una invitación a los profesionistas del derecho a no tener miedo de estudiar algo innovador, a no tener complejos ni límites para superarse día a día.

Mucho éxito.

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Acerca de asilegal

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