Retos para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en la etapa de ejecución

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Foto: CNN México.

Por Guadalupe Álvarez (1)

La implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en la etapa de ejecución, implica observar que se cumplan los artículos 18 y 21 constitucionales, el primero de ellos, cambia el fin de la pena de readaptación a reinserción social y el artículo 21 crea la figura del Juez de Ejecución. Con la reforma se cambia por completo la visión que se tenía sobre la ejecución de la pena.

Desde 1965 no se había hecho alguna modificación de impacto al sistema penitenciario mexicano, por lo que desde 1965 se aplicaba un derecho penal de autor, auspiciado por las teorías criminológicas de corte clínico. Según esto, la persona que delinque es un ser enfermo al cual el Estado debe “curar”. De ahí surge la preponderancia del tratamiento penitenciario, y el fin readaptador de dicha institución. Dada la influencia de la criminología positivista en Latinoamérica, ésta concepción fue bien acogida durante la década de los setentas, pero con el tiempo se evidenció que una institución esencialmente punitiva como lo es la prisión no podía cumplir un fin como el de readaptar, porque darle sentido a la pena de prisión a partir de la premisa de que el delito es ontológico, y que existen personas predispuestas al crimen, más allá de justificar la prisión, justifica la exclusión social porque divide a la sociedad en malos y buenos, quienes cometen delitos y quienes no, en este contexto de alteridad la prisión se convirtió en medio legítimo de exclusión social.

La introducción del concepto reinserción social como fin de la pena es un cambio paradigmático. Se trata de un concepto que se aborda desde la sociología e incluso desde la crítica criminológica, es más abierto y considera a la persona que comete algún delito como parte de la sociedad y no como “extraño” a ella. Por eso mismo la persona en prisión desde el concepto de reinserción social, es una persona con derechos y obligaciones. Así se rompe con una idea que justificó la exclusión social y que convirtió a las prisiones en “basureros sociales”.

Por otro lado, la creación de la figura del Juez de Ejecución representa un área de oportunidad para el respeto a los derechos humanos dentro de las prisiones porque judicializa esta etapa y establece una figura que constituye un contrapeso de la autoridad penitenciaria.

El juez de ejecución además de vigilar el respeto a los derechos humanos de las personas en prisión, también tiene dentro de sus atribuciones decidir sobre la modificación, duración e imposición de las penas. Para concretar estar atribuciones el Juez de Ejecución debe tener presente el concepto de reinserción social, dejando atrás el tratamiento técnico progresivo que aún impone la autoridad penitenciaria.

El juez se debe enfocar en el comportamiento de la persona en prisión, lo que significa aplicar un derecho penal de acto, no de autor.

Las audiencias de ejecución, donde las personas sentenciadas piden una disminución en la duración de la pena o beneficios de libertad anticipada, deben tener como punto clave la idea de reinserción social. Desde este concepto los jueces de ejecución no deberían basarse en los resultados del tratamiento técnico progresivo o los dictámenes que emite el Consejo Técnico Interdisciplinario que asignan a la persona sentenciada un grado de peligrosidad, constituyendo prácticas de exclusión social que contravienen el derecho a la reinserción social.

Como se puede observar, la reforma al sistema de justicia impactó de forma significativa la etapa de ejecución penal, lo que la convierte en parte integral del sistema de justicia penal, con ello dicha etapa toma importancia dentro de la implementación del mismo. A partir de la reforma se impulsa un sistema penitenciario adecuado al respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, lo antes mencionado está muy alejado de la realidad, ese es el mundo del deber ser, que tal vez por eso es tan ajeno a nuestra realidad.

Actualmente la situación de las personas privadas de libertad en México no es la mejor, ya que en nuestro país existe una población penitenciaria de 257,017 personas, cuando el sistema penitenciario tiene capacidad únicamente para 203,299 personas, existe una sobrepoblación penitenciaria crítica, lo que trae consigo que el 59% de la población penitenciaria que es la que está en etapa de ejecución compurgue la sentencia viviendo en condiciones de hacinamiento, lo que a su vez, ocasiona detrimento en la calidad de vida de las personas privadas de libertad.

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Artista en el Centro de Readaptación Social de Durango. Foto: ASILEGAL.

Además de la crítica situación por la que atraviesan las cárceles en México, se encuentran los problemas ligados a la mala implementación del sistema de justicia penal acusatorio, entre los que hemos detectado (2):

  1. Falta de capacitación en cuanto a los operadores del sistema de justicia. Ni jueces ni abogados sean éstos particulares o defensores públicos saben qué hacer en la etapa de ejecución. Los jueces por ejemplo, desconocen sus atribuciones, tienen una sobrecarga de trabajo (algunos llevan más de 2000 expedientes), ignoran lo que implica la reinserción social y algunos sólo esperan ser removidos para atender otras etapas procesales,

  2. Los defensores también desconocen la etapa de ejecución. Esto disminuye las posibilidades de que preparen una teoría del caso adecuada y se convierten en una defensa pasiva.

  3. A muchos jueces se les niega el acceso a los centros penitenciarios, por lo que no pueden darle cumplimiento a la obligación de vigilar el respecto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

  4. Los jueces que si acceden a los centros de reclusión, solo hablan con las personas privadas de la libertad para cumplir con el derecho de audiencia, pero no emiten ninguna recomendación a pesar de las violaciones a derechos humanos que existen. En este caso se encuentran los estados de Yucatán y Oaxaca, que han obtenido calificaciones bajas de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH.

  5. En ciertos casos (como en Yucatán) no se celebran audiencias de ejecución, en esta entidad el juez de ejecución decide sobre el otorgamiento de beneficios de preliberación conforme al sistema inquisitivo, aunque en dicha entidad el sistema de justicia acusatorio está vigente desde 2011.

  6. En otros casos, se ha detectado (Oaxaca) que para celebrar audiencia la persona en prisión debe dirigir un escrito al juez de ejecución solicitando se celebre audiencia.

  7. En las entidades federativas en las que el juez de ejecución si celebra audiencias, estás generalmente tratan sobre la obtención de beneficios de preliberación, en ellas los defensores, generalmente públicos, se limitan a leer las conclusiones de los dictámenes del Consejo Técnico Interdisciplinario, que a su vez serán confirmadas por el juez.

  8. La autoridad penitenciaria sigue decidiendo sobre la modificación y duración de las penas, pues al basarse el criterio del juez en lo emitido por el Consejo Técnico Interdisciplinario éste sigue manteniendo el poder de facto.

Si bien la reforma al sistema de justicia penal y su impacto en todo el proceso penal es un avance loable, lo cierto y lo preocupante es que a poco tiempo de que venza el plazo para la implementación del sistema de justicia a nivel nacional, la implementación es incipiente. Hasta ahora sólo cuatro entidades han concluído el proceso.

Aunado a ello, en los pocos estados en los que el sistema de justicia acusatorio adversarial está vigente, la práctica no es adecuada al nuevo sistema. La implementación hasta ahora sólo se ha hecho respecto a lo formal, es decir, se han adecuado las legislaciones locales para que estén de acuerdo a los principios del nuevo sistema, pero las prácticas siguen siendo las mismas del viejo sistema.

Y esa situación se ve reflejada claramente en la etapa de ejecución, la que a pesar de estar incluida dentro de la reforma al sistema de justicia y que por ello también se rige bajo los principios del proceso penal, en la práctica estos principios no se respetan.

En 2011 todas las leyes locales de ejecución se modificaron para atender a la reforma constitucional, pero sólo en forma o a veces ni en eso, porque en muchas de ellas sólo se cambió el término de readaptación a reinserción social dejando lo demás igual o modificando disposiciones, pero sin atender realmente a lo que es reinserción social.

La reforma al artículo 18 constitucional tenía una razón de ser, y al no materializarla, el sentido de la reforma se desvanece e incluso, el sentido u objetivo del mismo sistema penitenciario se pone en entredicho, porque deja de justificarse y por lo tanto de legitimarse. Actualmente no cumple su fin, por lo que estamos ante el riesgo de perpetuar un sistema penitenciario que no sirve para lo que la Constitución en su artículo 18 dice que debe servir.

Para que el sistema penitenciario sea eficaz se debe materializar la reforma constitucional, es decir pasar a la acción y garantizar que se cumplan los artículos 18 y 21 constitucionales.

Se debe impulsar una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales con perspectiva de derechos humanos, y que ésta siente las bases de operación para que la reinserción social pueda lograrse. Se debe erradicar el Tratamiento Técnico Progresivo y los exámenes de personalidad que aplica el Consejo Técnico Interdisciplinario, y es necesario regular la figura del Juez de Ejecución para que éste se materialice como garante de los derechos humanos de las personas en prisión.

En conclusión la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales es una oportunidad para darle continuidad a la implementación del sistema de justicia, pero que también en su momento requerirá de su correcta aplicación, porque citando al Dr. Gerardo Palacios Pámanes “Las leyes no otorgan (derechos); (los) describen. Ley que no se aplica es poesía”.

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Centro de Readaptación Social de Tulancingo, Hidalgo. Foto: ASILEGAL.

(1) Guadalupe Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestrante en Política Criminal en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Cursó el Diplomado en Derechos Humanos y Alternatividad Jurídica por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y tomó el curso “Reinserción Social” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Forma parte del Área de Investigación de ASILEGAL.

(2) Informe “Ejecución penal en los estados de Oaxaca y Yucatán” del Observatorio Ciudadano de Justicia.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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