Revisiones de Seguridad y Derechos de la Niñez

Por Eduardo Martínez Lara
(Redacción de ASILEGAL)

El pasado 15 de septiembre, como cada año, se realizó el evento conmemorativo del inicio de la lucha por la Independencia de México. Este evento concluye con la recreación desde el balcón central de Palacio Nacional, por parte del Presidente de la República, del grito de independencia.

Como parte de los preparativos para este evento, se montó un operativo de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este operativo incluyó diversas actividades de inteligencia así como controles de revisión para el ingreso al Zócalo. Mismos que estuvieron compuestos por cuatro filtros con la finalidad de garantizar la seguridad del Presidente y de las/os asistentes al evento. Los procedimientos de revisión parecerían los rutinarios de cualquier evento en donde se presenta el Titular del Poder Ejecutivo Federal de no ser por el cúmulo de denuncias ciudadanas en contra de las y los elementos de las divisiones de Gendarmería y Fuerzas Federales de la Policía Federal (PF). Integrantes de estas divisiones recibieron órdenes de realizar cacheos a todas las personas que entrasen al evento, sin distingo alguno de edad. El resultado de este procedimiento fueron tocamientos incluso en zonas íntimas a menores de edad, incluyendo aquellas/os menores de 5 años.

Posterior a estos eventos, y en respuesta a las denuncias realizadas por algunas/os madres/padres de familia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno de la República emitió un pronunciamiento. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) indicó que “todo se dio conforme a los procedimientos de operación con los que se tiene que actuar, así se actuó, de manera acomedida, de manera diligente”. Sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ni la CNS han dado a conocer los protocolos de actuación a los que se ciñieron las y los agentes federales.

Esta revisión invasiva a infantes vulnera sus derechos humanos y podría constituir un trato degradante. Al respecto, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señaló, en entrevista para La Jornada, que “esta revisión dejó a las niñas y los niños el terrible mensaje de que son un potencial riesgo para cualquier evento […]” Igualmente, Pérez destacó que “[el hecho de] que los toque una persona que no es su familiar, sobre todo si está uniformado […] genera un impacto negativo, porque los hace sentir culpables. La revisión implica que algo tomaron, que representa un peligro”.

Fotografía: Jorge Meza
Fotografía: Jorge Meza

En referencia al trato degradante, la Convención Sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 37 que “Los Estados Parte velarán por que: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes […]”. Para efectos de este artículo, es importante aclarar, que si bien no existe una definición única en los tratados internacionales sobre el significado de “trato degradante”, hay a nuestro alcance diversas fuentes que nos aproximan a su definición. Por ejemplo, La Comisión Europea de Derechos Humanos identifica el trato degradante como una actitud vejatoria. Al paralelo, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo define como aquél que provoca “[…]sentimientos de miedo, angustia e inferioridad […]”. En América, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Venezuela lo define como “[…] actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación […]”.

Las tres aproximaciones anteriores nos permiten afirmar que lo sucedido en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 15 de septiembre se encuadra en el marco de la defnición de trato degradante en agravio de las niñas y niños asistentes al evento. Si añadimos a esto la inexistencia de protocolos de atención a la infancia al interior de la CNS y sus siete divisiones, el escenario resulta grave.

De este evento, es muy importante destacar dos cosas:

  1. La deficiente actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Luego de que este organismo se declarara incompetente para conocer de las quejas sobre la revisión a menores de edad, su titular declaró que, aunque el incidente se registró en la Ciudad de México, el caso era de competencia de las autoridades federales. Asimismo, justificó las acciones de las corporaciones policiacas con el siguiente argumento: “creo que antes que nada lo que hay que tener mucha claridad son los protocolos de actuación para que las personas sepan previamente que asisten a cualquier evento público, cuáles van a ser los requisitos de seguridad y se evite una situación como ésta” (sic). Dicho de otro modo, “si ya saben cómo son, pa’ qué van”. ¿Sin palabras, no?
  2. La Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El 1 de septiembre, el Presidente remitió al Senado, mediante el uso de la figura de trámite preferente, la iniciativa de Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta iniciativa incorpora algunos avances en el combate al trabajo infantil y el bullying, así como en materia de garantías y libertades. Sin embargo, dicha iniciativa cuenta con serias deficiencias, tales como no incorporar la obligación de las dependencias de seguridad de crear protocolos de seguridad diferenciados entre infantes y adultas/os. Otras de las deficiencias son la carencia de perspectiva de género, la visión tutelar asistencialista, no garantiza mecanismos de participación ciudadana para las y los titulares de derechos, entre otras. Por tales motivos, diversas organizaciones de la sociedad civil han ‘reprobado’ dicha iniciativa.

Es claro que en México seguimos teniendo problemas para implementar los tratados internacionales que hemos suscrito. A pesar de que contamos desde 2011 con una Constitución sumamente garantista, en los hechos se observan pocos o nulos avances. Al respecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales establece el principio “Pacta Sunt Servanda” (los pactos deben respetarse, art. 26) y que los Estados Parte no podrán alegar el derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado (art. 27); sin embargo, este tratado tampoco parece importar.

Es inevitable cerrar esta columna con una sola conclusión: mientras siga siendo cosa más urgente sancionar faltas a una réplica de la bandera nacional que las faltas a la Constitución, seguiremos sumiendo en el mayor de los atrasos a nuestra incipiente democracia.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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