De Medios de Comunicación a Cortes de Justicia

Por Víctor Eduardo Martínez Lara
(Redacción de ASILEGAL)

El principio de presunción de inocencia establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dicho de otro modo, quien acusa tiene que probar. Este principio está plasmado en los Artículos 11° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La introducción del principio de presunción de inocencia es uno de los avances más sustanciales de la Reforma Constitucional de Justicia Penal y Seguridad Pública del 10 de junio de 2008. A partir de ella, se ha marcado un parteaguas en la forma en cómo se debe administrar e impartir la justicia en México.

¿Qué sucede cuando este principio entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, a recabar y difundir información por cualquier medio y al libre ejercicio de la labor profesional en el caso de los medios de comunicación?

Concretamente, me interesa explorar y aportar diversos elementos sobre el principio de presunción de inocencia en relación con los medios de comunicación. Lo anterior resulta de suma importancia considerando que actualmente los medios de comunicación interpretan un papel muy relevante en la vida cotidiana de todas las personas.

Dos casos

• Cuando la ciudadana francesa Florence C. fue presentada ante los medios de comunicación como probable responsable de haber cometido, entre otros, el delito de secuestro, comenzó la carnicería. Con base en la retórica sobre la necesidad de vigilar la actuación de las autoridades judiciales mexicanas, el caso fue excesivamente expuesto en los medios de comunicación. Florence C. dejó de ser una persona señalada como probable responsable de la comisión de un ilícito y pasó a ser “la secuestradora francesa”. Cuando se comprobó que la presentación de Florence ante los medios de comunicación no había sido más que un montaje para la televisión orquestado por la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal para legitimar la denominada “guerra contra el narcotráfico”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la determinación de dejarla en libertad. La SCJN identificó claras violaciones al derecho de Florence a la presunción de inocencia y consideró que por tanto, el proceso se encontraba viciado de origen.

A pesar de que esta sentencia representó un gran paso en favor de la protección de los derechos de las personas que se enfrentan a un proceso judicial, los medios hicieron eco de declaraciones de diversos políticos que afirmaron que la liberación de la ciudadana francesa no era más que un pacto político y un signo de la corrupción imperante en México. En este escenario, Florence ya había dejado de ser una ciudadana con derechos y obligaciones. Se había convertido en la corrupción y la podredumbre judicial hecha persona.

Fotografía: ASILEGAL
Fotografía: ASILEGAL

• El pasado 31 de julio, se dio a conocer la detención del ciudadano mexicano Javier M, señalado como presunto responsable de haber asesinado en 2013 a la joven Sandra “N” en la Unidad Habitacional Tlatelolco. Ante la presión de las organizaciones de la sociedad civil por considerar que el caso contiene elementos claros que apuntan a la configuración del delito de feminicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidió presentar a Javier ante los medios de comunicación. En las notas informativas de los días posteriores no se hizo énfasis en la calidad de presunto o probable responsable ni en la necesidad de que al acusado se le juzgue mediante el debido proceso, al contrario, se le dio a conocer como “el genio descuartizador de Tlatelolco”. Hasta el día de hoy, no se ha emitido sentencia condenatoria en contra de Javier pues las investigaciones siguen su curso, sin embargo, él ha dejado ya de ser una persona y se ha convertido, para la opinión pública, en sinónimo de misoginia y en el representante de la decadencia juvenil.

Consideraciones

  1. Es cierto que la libertad de expresión no puede ser sujeto de censura previa. Sin embargo, este derecho encuentra límites en la vulneración de otros derechos. En este caso particular, el derecho a ser tratado cono inocente en un proceso judicial está constitucionalmente protegido.
  2. La presunción de inocencia encuentra aplicación en las situaciones procesales como en las extraprocesales o fuera del juicio. Por tanto, todas las autoridades están obligadas a dar un trato de no culpable a toda persona imputada.
  3. Los medios de comunicación vulneran el principio de presunción de inocencia al presentar de forma anticipada, parcial o sesgada información relacionada con cualquier proceso judicial.
  4. El Código Penal, entre otros instrumentos para la administración e impartición de justicia, no deben ser considerados como objetos para la venganza o el escarnio público. El fin de estos instrumentos es asegurar el debido procesamiento de toda persona para protegerle de sufrir una pena arbitraria o excesiva y asegurar su correcta reinserción a la sociedad.

¿Cómo abordarlo?

  • Es necesario que los medios de comunicación asesoren y capaciten a su personal en relación al principio del debido proceso. El uso correcto de la terminología que forma parte del bagaje jurídico resulta imprescindible a la hora de proteger el derecho de cualquier persona a ser tratada como no culpable.
  • En el terreno de las políticas públicas, resulta de suma importancia la creación, actualización y adecuación de protocolos sobre la presentación de indiciados ante medios de comunicación. Estos instrumentos deben cumplir los más altos estándares de derechos humanos reconocidos a nivel internacional y no deben, por ningún motivo, representar censura desmedida o una mordaza para los medios informativos.

En este terreno el reto es de todos y todas. Es muy importante que ninguno de estos temas nos dé pie para vulnerar otros derechos; para ello, resulta inexorable una correcta ponderación que proteja los derechos de todas las personas. El reto más importante es dejar de ver todo solamente en colores blanco y negro.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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