El Feminicidio y la Ciudad de México

Por Víctor Eduardo Martínez Lara

Redacción de ASILEGAL

Para poder hacer un análisis de fenómeno del feminicidio en la Ciudad de México así como una revisión de las acciones en materia de política pública que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) está –o debería estar- implementando para combatirlo, resulta necesario hacer una precisión conceptual:

¿Todo homicidio en el que la víctima sea una mujer puede ser tipificado como feminicidio?

No. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (HCHR por sus siglas en inglés) define, en forma general y a partir de una amplia discusión a nivel internacional, que el feminicidio es la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser tales. Es decir, el término feminicidio incorpora diversos elementos de odio hacia las mujeres como causa de un homicidio, entre ellos podemos encontrar el abuso sexual infantil, acoso sexual, maternidad forzada, negación de comida, tortura, esclavitud sexual, mutilaciones en nombre del embellecimiento entre otros elementos que son determinantes para dar como resultado la muerte de la mujer. Algunos elementos adicionales que se pueden dar indicio de que un homicidio es en realidad un feminicidio, son la mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias y la violación antes de ser consumado el asesinato.

La expresión “muerte violenta” enfatiza esta condición como determinante de la muerte. Desde una perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado, o el parricidio en los países en que aún existe esta figura.

Algunas posturas adicionales sobre el término feminicidio incluyen las muertes de mujeres provocadas por acciones u omisiones que no necesariamente constituyen delito. La razón es porque carecen –en general– del elemento subjetivo que requieren los delitos contra la vida –la intención de matar a otra persona– o son conductas que no pueden ser imputadas a una persona determinada. Lo anterior, sin perjuicio de que pueden dar cuenta de violaciones a los derechos humanos por el incumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a la garantía del derecho a la vida de las mujeres. Por ejemplo, la mortalidad materna evitable, por aborto inseguro, por cáncer y otras enfermedades femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de género.

Fotografía: Jorge Meza
Fotografía: Jorge Meza

Feminicidio y escándalo mediático

El pasado 31 de julio, medios de comunicación como El Universal y Proceso, dieron a conocer una nota que titulaban “Cae descuartizador de Tlatelolco”. En esta nota, relataban el caso de Javier M. “un genio de física” de 20 años de edad que en junio de 2013 contactó por medio de redes sociales a Sandra C. una joven de 19 años que se encontraba desempleada, con el fin de ofrecerle, entre otras cosas, trabajar como modelo. Javier M. citó a la joven en la Unidad Habitacional Tlatelolco, llevándola a su departamento en donde la estranguló hasta causarle la muerte y posteriormente desmembró el cuerpo para repartirlo en bolsas por distintos puntos de la Unidad Habitacional.

Sin abundar en el juicio mediático del cual fue y sigue siendo objeto el presunto agresor en los medios de comunicación y su relación con el debido proceso (que serán objeto de análisis en otro artículo) la noticia reveló un escándalo sobre las alarmantes cifras de feminicidios en el país y en particular en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) la Ciudad de México goza de una inmerecida fama de ser segura para las mujeres; sin embargo, las cifras muestran lo contrario: en el caso de la delegación Cuauhtémoc, en el periodo comprendido entre los años de 1990 y 2012 la tasa de feminicidios se ha mantenido mayoritariamente en la clasificación alta. Ésta comprende una cifra de 6 feminicidios al año por cada 100 mil habitantes, colocando a esta demarcación por encima de la tasa nacional.

La política pública

La Ciudad de México cuenta desde 2009 con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). Este instrumento pretende ser el eje rector del diseño y la instrumentación de todas las acciones, programas y políticas públicas de la administración capitalina. En este marco, hemos asistido al lanzamiento de diversas campañas y programas que buscan generar mayores condiciones de igualdad para las mujeres en todos los terrenos: en el acceso a la salud, el transporte público, la educación, programas culturales, apoyos sociales, entre otros. Tales acciones parecieran poner a la capital mexicana como la ciudad más avanzada en términos del cumplimiento de las obligaciones del Estado.

Desafortunadamente, asistimos a diversos problemas en la instrumentación de este programa:

  1. El desconocimiento por parte de las y los funcionarias/os públicos de este y otros instrumentos relacionados.
  2. La deficiente actuación del Ministerio Público en la Ciudad de México.
  3. La falta de instrumentos vinculantes que incluyan sanciones para las y los funcionarios públicos que los pasen por alto y 4) la falta de indicadores claros y medibles del cumplimiento de los objetivos del PDHDF.

Es cierto que el PDHDF cuenta con un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE PDHDF) y sus correspondientes Espacios de Participación. Pero también es cierto que sin indicadores adecuados, instrumentos vinculantes, sanciones ejemplares así como más y mejores mecanismos de rendición de cuentas, las acciones emprendidas desde la administración pública para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia difícilmente podrán obtener resultados concretos. Y difícilmente podrán redundar en la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México.

El reto

Tenemos varios retos por delante en el mejoramiento de las políticas públicas, la impartición de justicia y la consecución de objetivos claros y medibles de las acciones que actualmente están en marcha. Como sociedad civil, nos corresponde exigir que de inmediato se realice una profunda revisión a todos los instrumentos de derechos humanos con los que contamos en el Distrito Federal (incluido el PDHDF), un Ministerio Público eficaz y políticas públicas con instrumentación real.

No podemos seguir permitiendo que nuestros derechos y la administración de justicia sigan dependiendo de políticas públicas deficientes, personal administrativo poco capacitado y agentes del Ministerio Público incompetentes.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Eduardo Martínez es defensor de Derechos Humanos. Formó parte de la 2da generación de Promotoras/es de DDHH de la disidencia sexogenérica de Asilegal. Es coordinador en DH Consulta y forma parte de la redacción de Asilegal.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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