Atención Médica de Primer Nivel a la Población LGBTTTI Privada de la Libertad

Por Rocío Martínez

(Redacción de ASILEGAL)

El derecho a la salud es una obligación del Estado. Éste debe garantizar los servicios y atención necesarios, asegurando condiciones de bienestar físico, mental y social dentro del entorno en que las personas se encuentren.

A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos y Mexicanos (CPEUM) menciona en su Artículo 1° que queda prohibida la discrimación por origen étnico o nacional, el género, la edad, condiciones sociales, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Asimismo, el Artículo 4° hace hincapié en el tema de la salud, sobre el cual menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado.

Con respecto al marco internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Esta declaración obliga a evitar todo tipo de discriminación al momento de entregar servicios de salud, como una forma de garantizar el acceso y el respeto de todos los seres humanos, en un contexto de paz y equidad. Parte de este ejercicio implica hacerse cargo de aquellos grupos de personas que han sido históricamente víctimas de discriminación y desarrollar servicios afirmativos que sean capaces de entregar un servicio y asistencias de manera adecuada, promoviendo su bienestar y salud.

En un sentido más progresista, la OG14 (Observación General 14 del PIDESC) incluye en el derecho a la salud los servicios de atención de primer y establece que estos deben contar con los DDAC:

  • Disponibilidad. Deberá haber un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas.
  • Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
  1. No discriminación
  2. Accesibilidad física
  3. Accesibilidad económica (asequibilidad)
  4. Acceso a la información
  • Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica, culturalmente apropiada y sensible a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.
  • Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

Cabe mencionar que los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI no son garantizados por el Estado Mexicano, en la medida que en la práctica las autoridades correspondientes muchas veces anteponen sus visiones prejuiciadas al momento de aplicar la ley. Además, desconocen las necesidades y derechos de esta población. Como resultado, a ésta le resultan vulnerados sus derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la vivienda y a la alimentación, entre otros. Esta situación se agrava para la población LGBTTTI privada de la libertad.

Foto: ASILEGAL
Foto: ASILEGAL

Para las personas LGBTTTI privadas de la libertad, en Centros de Reclusión en nuestro país, la calidad de vida es baja, y los accesos a servicios para una salud de primer nivel son precarios. Estas faltas son mencionadas en el Diagnóstico que ASILEGAL realizó en el 2011, mediante el cual se hace notar que los principales problemas que enfrenta la población LGBTTTI dentro de los Sistemas Penitenciarios del Distrito Federal con respecto al derecho a la salud son referentes a la discriminación por parte del personal penitenciario encargado de salvaguardar la integridad física y psicológica de los internos. Otro problema es debido a la falta de accesibilidad, ya que las personas de la comunidad LGBTTTI se encuentran ubicadas en el anexo 8 y deben realizar un largo trayecto a los establecimientos de primera necesidad dentro del penal, expuestos a una serie de actos discriminatorios por parte de personal interno.

Muchas enfermedades sufridas dentro de los penales son derivadas de la falta de asistencia en el inmueble y la mala calidad de agua. Al ser ésta usada para el aseo personal provoca infecciones dermatológicas. Las viviendas destinadas a esta población son antihigiénicas; la existencia de plagas, aunada a la mala alimentación, provoca enfermedades gástricas. Otras enfermedades de tratamiento continuo (de transmisión sexual, crónicas y crónico degenerativas) tampoco son atendidas de forma adecuada.

Las personas portadoras de VIH son víctimas de una mayor discriminación, estigma y falta de atención debido a que no se cuenta con una atención digna y de calidad. Si el interno no cuenta con un Carnet para asistir a la Unidad Médica no se puede tener acceso a los servicios de salud y tiene que realizar una serie de peticiones y permisos dentro del penal. Es posible además que no sea atendido, debido a la demanda que tiene la Unidad Médica. El medicamento es escaso y no se cuenta con un archivo indicado para cada interno. Hay también que señalar que el encontrarse internado dentro de la Unidad Médica no representa el tener atención adecuada, debido a que se encuentra con material escaso y no hay las condiciones de salud apropiadas. A través de mi experiencia he constatado que en estas unidades ocurren cosas tan aleatorias e insalubres como el alojar gatos cerca de las personas internadas para la atención médica. Además, la asistencia a centros de salud externos es deficiente debido a la pérdida de documentos y a la burocracia por parte del personal de la Unidad Médica y Penitenciaria.

La comunidad interna es ajena a una vida de salud de primer nivel. La comunidad LGBTTTI es más alejada y vulnerada por el propio centro penitenciario e internos. La situación al interior es grave, se viven faltas de respeto por parte de la población al acudir a los centros principales, falta de medicamentos hormonales para personas trans y falta de atención a personas que tienen VIH. Es necesario asegurar el goce de una vida digna, la asistencia psicológica, la integridad social y física ni la asistencia familiar.

Rocío Martínez es pasante de la Licenciatura de Promoción de la Salud en la UACM. Colabora en distintas áreas de ASILEGAL (entre ellas Redacción y Juventud). Amante y defensora de los Derechos Humanos. Combate las detenciones arbitrarias y exige la atención y la asistencia a la Salud para personas privadas de la libertad y pueblos indígenas. Enemiga de toda aquella injusticia que se quiera disfrazar de justa.
Rocío Martínez es pasante de la Licenciatura de Promoción de la Salud en la UACM. Colabora en distintas áreas de ASILEGAL (entre ellas Redacción y Juventud). Amante y defensora de los Derechos Humanos. Combate las detenciones arbitrarias y exige la atención y la asistencia a la Salud para personas privadas de la libertad y pueblos indígenas. Enemiga de toda aquella injusticia que se quiera disfrazar de justa.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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