Carcel VS Dignidad y Derechos

Por Víctor Eduardo Martínez Lara
(Redacción de ASILEGAL)

¿Para qué la cárcel? Pareciera ser la pregunta que todo/a legislador(a) evita hacerse al momento de redactar una ley. En el entendido general, el derecho penal es aquél medio con el que cuenta el Estado (o el pueblo según de dónde venga el discurso) para proteger a la sociedad de sus ‘malos’ elementos. El derecho penal entonces pareciera ser el recurso que todas/os debemos emplear para ‘castigar’ a los/as ‘delincuentes’ que representan la ‘vergüenza y escoria social’.

El resultado de entender a los códigos penales como instrumentos de venganza está a la vista: en nuestro país, la infraestructura carcelaria cuenta con una capacidad para aproximadamente 194,500 personas. El número de hombres y mujeres privadas/os de su libertad es superior a 240 mil. Esto significa que México tiene una sobrepoblación penitenciaria de alrededor del 28% dando como consecuencia el hecho de que en lugares como el Reclusorio Sur de la Ciudad de México haya hasta 40 personas en una sola celda en total hacinamiento.

Del total de personas que conforman la población penitenciaria, alrededor del 40% se encuentran privadas de la libertad bajo el régimen de prisión preventiva, es decir, que no existe una sentencia condenatoria en su contra pues están en desahogo las diligencias de la investigación de las probables conductas ilícitas que le hayan sido imputadas. No conformes con estas alarmantes cifras, alrededor del 60% de las condenas en México se relacionan con delitos menores. Sólo el 12% se relaciona con delitos considerados graves como el secuestro, homicidio, violación y robo con violencia.

¿Qué trato de decir con estas cifras? Algo muy simple. Tenemos que cambiar el paradigma no sólo del sistema de procuración e impartición de justicia, sino de la finalidad con que las/os legisladoras/es tipifican conductas en los códigos penales y de cómo se ejecutan las sentencias en los sistemas penitenciarios del país.

¿Hemos tenido avances al respecto? Sin duda. La reforma del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, sumada a la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos y de la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acota el régimen de prisión preventiva sólo a delitos de delincuencia organizada y la vuelve de competencia exclusivamente federal, representan pasos en la dirección correcta.

Es indubitable que estos pasos que hemos dado como nación también adolecen de defectos y serias violaciones a los DDHH tales como -justamente- la constitucionalización del arraigo y la prisión preventiva en el caso de la reforma de justicia penal y seguridad pública, o bien, de las interpretaciones posteriores que la propia SCJN ha dado a la reforma de DDHH de 2011 en terrenos como la aplicación del principio pro personae.

Foto: Asilegal
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Sin embargo, no hemos entrado al debate de fondo que está planteado justo al inicio de este artículo: ¿para qué la cárcel? ¿cuál es la finalidad del derecho penal? Por supuesto que no concuerdo con el falso debate del derecho de las víctimas para justificar la búsqueda no de quién la hizo sino de quíén la pague. Me parece que la discusión sobre los derechos de las víctimas tiene que ser llevada a un terreno distinto.

Con la interpretación del objetivo del derecho penal que sí concuerdo es la de proteger a los presuntos responsables de conductas ilícitas. Es decir, que para evitar que una persona sea víctima de una pena arbitraria debe condicionarse su imposición a un proceso en el que se demuestre que ha realizado una conducta ilícita. Dicho proceso debe partir de la presunción de inocencia y desarrollarse bajo el principio del debido proceso.

Del mismo modo, la prohibición de cualquier conducta tiene que encontrarse en una ley y no en el arbitrio de un ministerio público o un juez, estando dicha prohibición sujeta a los estándares que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados internacionales, a saber: que la prohibición sea clara, que la pena sea proporcional a la conducta y al daño, que se eviten las penas de prisión y mas bien sean la excepción, entre otras.

Foto: Asilegal
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Aún cuando una persona sea encontrada culpable de la comisión de un ilícito, esto no debe suponer la suspensión de todas sus garantías. La finalidad del sistema de justicia al sancionar a una persona por la comisión de conductas ilícitas es la reparación del daño, la reinserción social de la persona imputada y la restitución de bienes materiales y/o jurídicos según sea en caso.

Bajo el principio de reinserción social, la ejecución de la pena no debe considerar a la persona como un sujeto enfermo, carente de facultades o como escoria social sino que debe perseguir la rentegración de la persona a pesar de la pena y no a través de ella, pues se trata de aminorar los efectos negativos que pudieran afectar tanto a la víctima como al indiciado/a derivados de la conducta ilícita.

Esta interpretación encuentra eco también en un escenario de profundas desigualdades sociales. En un país en donde un alto índice de población penitenciaria fue privada de su libertad por delitos menores (generalmente de afectaciones menores a 6 mil pesos), el sentido común nos indica que tenemos que atacar a la causa más que a la consecuencia. Voltear a ver a personas que se ven orilladas, por ejemplo, al robo de artículos de valor para poder sostenerse y sostener a su familia.

De ningún modo se justifica la conducta, eso es claro, sino por el contrario. Ver a las personas como sujetos de derechos que deben, necesariamente, ser cumplidos, protegidos y respetados nos hará entender las dimensiones de los fallos de nuestro sistema de justicia. Fallos que no operan en solitario, sino que son resultado de un fenómeno mucho más profundo que debe ser atendido en lo inmediato: la falta de voluntad de nuestros gobiernos para hacer efectiva la igualdad en dignidad y derechos que tenemos todas las personas.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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