No a la Discriminación como Política Pública

Por Víctor Eduardo Martínez Lara
(Redacción de ASILEGAL)

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

Así reza el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), firmada por México como una voluntad ética y política de respetar el derecho de todas las personas a vivir como iguales en dignidad y derechos.  Para asegurar el cometido anterior, el Estado mexicano a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) delega en la denominada Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la responsabilidad de garantizar el pleno goce de derechos de las niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores así como el combate efectivo de la pobreza. En uso de sus atribuciones, la SEDESOL ha hecho entrega de diversos programas de asistencia social destinados al combate de la pobreza. Algunos de estos programas han consistido en la entrega de apoyos económicos a familias de escasos recursos, tal es el caso de “PROGRESA” y “SOLIDARIDAD” en la década de los 80 y de “OPORTUNIDADES” a partir del año 2000.

El programa OPORTUNIDADES en particular hace entrega de una aportación económica por familia, destinada a cubrir necesidades alimentarias, así como un apoyo adicional destinado al pago del servicio eléctrico (esto último instaurado a partir de 2006). De forma adicional, el programa contempla la entrega de distintos montos económicos por cada hijo o hija de la familia, destinado a cubrir sus necesidades escolares (compra de papelería, uniformes, transporte, etc). Todos estos apoyos económicos se entregan con la condición única de que las personas titulares (padre, madre o tutor/a) realicen servicio social comunitario por lo menos una vez al mes. Independientemente del uso clientelar que se le ha dado a estos programas de asistencia social, los apoyos económicos entregados han permitido a una inmensa mayoría de familias paliar algunas necesidades básicas tales como la alimentación, el transporte o el vestido. Por supuesto que el monto entregado no cubre la totalidad de las carencias que afrontan estas familias.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Con base en estas premisas, es que la Cámara de Diputados aprobó este 2014 un presupuesto de 95,251 millones 838,395 pesos para la SEDESOL, de los cuales, se etiquetaron 36,177 millones 676,847 pesos para el Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES, es decir, casi la 3ra parte de todo el presupuesto de la dependencia.  Es en este contexto que el día 30 de abril la titular de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga declaró en un evento realizado en la comunidad de Los Encinos, Nayarit que “Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor, y tenemos que pensar en esos niños y esas niñas”.

Las declaraciones de la funcionaria, además de claramente discriminatorias y clasistas, atentan contra el propio objetivo de la SEDESOL, del programa OPORTUNIDADES y principalmente, vulneran el derecho de las/os niñas/os a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el derecho la no discriminación y a decidir sobre el número de integrantes de la familia, garantizado por el artículo 1º y 4º respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Es por todo lo anterior que el grupo de la 2da generación Promotoras/es de Derechos Humanos de la comunidad sexogenérica de Asilegal rechaza de forma categórica la discriminación por parte de la SEDESOL y hace pública la queja que presentará ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) con la finalidad de evitar que este tipo de situaciones que vulneran la dignidad humana de las personas se repitan.

Si quieres sumarte a la queja, haz click aquí.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

2 comentarios en “No a la Discriminación como Política Pública

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