México Ante el EPU: Arraigo y Prisión Preventiva

Por Víctor Eduardo Martínez Lara
(Redacción de ASILEGAL)

En el mes de marzo el tema que ocupó de forma primordial la agenda nacional de Derechos Humanos (DDHH) fue la respuesta de México a las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) 2013. Luego de la decisión del Gobierno de la República de aplazar su respuesta hasta marzo 2014 a las recomendaciones emitidas en octubre 2013, las expectativas en la materia eran sumamente altas; sin embargo, las respuestas no fueron suficientes en distintos rubros.

En materia de arraigo y prisión preventiva, las recomendaciones 148.60, 148.61, 148.62 y 148.63 indicaban a México la necesidad de que eliminase las figuras de arraigo y prisión preventiva por ser, principalmente, violatorias del derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. En respuesta, México argumentó que existe la convicción de limitar su aplicación sólo a casos verdaderamente excepcionales, como una medida cautelar para proteger el interés superior de la vida, salvaguardar la integridad de las personas, de los bienes jurídicos o evitar que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia.

Tortura y arraigo: más que ligadas.

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han denunciado los vínculos entre la aplicación de la figura de arraigo y la tortura.

En su participación en el marco de la 25 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CMDPDH denunció el incremento en el abuso de la aplicación de la figura de arraigo. Asimismo, la organización Tlachinollan indicó que, según el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en México la tortura es una práctica sistemática. Del mismo modo, denunció que en una solicitud de información pública, la Procuraduría General de la República (PGR) encontró solamente 2 condenas federales por tortura, del 1 de enero de 1994 al 1 enero de 2012, es decir, un lapso de 18 años. Finalmente, Tlachinollan denunció que la tasa de impunidad es del 98% en nuestro país.

Fotografía: Jorge Meza
Fotografía: Jorge Meza

¿Cuál fue la respuesta de México?

Ante los diversos señalamientos de las OSC, México indicó que en 2013, la aplicación de la figura de arraigo se redujo en poco más de 50% en relación a 2011 y 2012. Asimismo, planteó como un logro la aprobación de una reforma que reduce de 80 a 30 días la aplicación de dicha figura.

La pregunta obligada es: ¿la reducción del tiempo en que se viola el derecho a la presunción de inocencia y a la no privación de la libertad es un logro?

La respuesta es no. Es por ello que resulta lamentable que México, una vez más, haya rechazado las recomendaciones de octubre 2013 en relación a la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva.

¿Y el debate judicial?

En febrero del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la acción de inconstitucionalidad 29/2012. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra actos del Poder Legislativo y Ejecutivo del estado de Aguascalientes. La norma impugnada fue el Decreto 179 del 5 de marzo de 2012 con el cual se modificaba el artículo 291 de la Legislación Penal del estado para incorporar la figura de arraigo para delitos que no son de delincuencia organizada, contrario a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Tras la discusión de dicha acción de inconstitucionalidad, la SCJN dictó lo siguiente:

  1. El congreso local no cuenta con competencia para legislar en materia de delincuencia organizada dado que ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
  2. El arraigo procede sólo en delitos de delincuencia organizada.
  3. La solicitud de aplicación de la figura de arraigo compete exclusivamente al Ministerio Público Federal.
  4. La autorización sólo puede ser emitida por un juez federal.

El resultado de esta discusión parecería alentador de entrada, pues indica la exclusividad del uso de la figura del arraigo para delitos sólo de delincuencia organizada. Sin embargo, la SCJN olvidó discutir el tema de fondo: ¿Es constitucional el artículo 16 de la CPEUM? Y no, no es redundancia, sino un tema que debe ser discutido a la luz de la reciente reforma en DDHH de 2011.

Durante las discusiones, algunas/os Ministras/os argumentaron que la aplicación de la figura de arraigo debería estar vigente sólo hasta la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo cual sucedería en 2016. Sin embargo, surgen algunas interrogantes:

  1. ¿La entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es garantía para la eliminación del arraigo?.
  2. ¿Van a cumplir las entidades federativas su obligación de emitir las leyes que les corresponden derivadas de la reforma de justicia penal y seguridad pública de 2008?.
  3. ¿Toma una buena decisión la SCJN al postergar el respeto al derecho a la no privación de la libertad y la presunción de inocencia por un asunto administrativo?.

Y por último: ¿Debemos conformarnos con migajas tratándose del respeto, protección, promoción y garantía de nuestros derechos humanos?. Es hora de que México cumpla los compromisos que asumió con la comunidad internacional.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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