Justicia Militar: La Encrucijada de los Derechos Humanos

Por Víctor Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

El 27 de febrero del presente año, se realizó en el Senado de la República la última audiencia sobre el Sistema de Justicia Militar. Estuvieron presentes las y los senadoras/es de las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda así como el Procurador de Justicia Militar y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina Armada de México (SEMAR). Este hecho, plantea un gran paso en un tema que durante mucho tiempo había sido tabú y sobre el cual, las autoridades mexicanas se habían negado a hablar.

¿Cuál es el antecedente?

En la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó, entre otras cosas, la necesidad de que México modificase el Código de Justicia Militar (CJM). La CoIDH consideró que dicho instrumento en su Artículo 57 es violatorio de Derechos Humanos (DDHH) dado que otorga facultades al Ministerio Público Militar para investigar toda clase de delitos en los cuales se vea involucrado una persona integrante de las fuerzas castrenses.

Este hecho (la facultad de investigación del Ministerio Público Militar) plantea serias dificultades a la hora de la procuración y la impartición de justicia, por una razón fundamental: la justicia civil y la justicia militar no persiguen los mismos fines.

La justicia civil, según la reforma de justicia penal y seguridad pública de 2008, se centra en la persecución del delito, la reparación del daño a las víctimas así como la integración del indiciado y de la víctima como parte de la recuperación del tejido social. Por otro lado, la justicia militar persigue únicamente las faltas a la disciplina castrense. Es decir, mientras la justicia civil busca la protección de la persona víctima y la persona presuntamente responsable de un ilícito, así como la protección de los DDHH, la justicia militar no necesariamente lo hace, pues incluso, podrían plantearse escenarios de violaciones de DDHH legitimados, por ejemplo, por cadenas de mando.

Es en este sentido que la CoIDH se ha pronunciado: en ilícitos en donde se vea involucrado un civil y un militar y los hechos sean constitutivos de probables violaciones a los DDHH o bien, sean motivo de investigación penal, quien debe juzgar son las autoridades civiles. Del mismo modo, en caso de que en el mismo supuesto se encuentren vinculadas faltas a la disciplina castrense, los tribunales civiles deberán declinar competencia en los tribunales militares y no al revés, como incluso las propias autoridades castrenses lo habían sugerido.

 

Fotografía: La Jornada
Fotografía: La Jornada

¿Qué ha hecho el gobierno mexicano?

Ante estos antecedentes y en el marco de la evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de 2013, el Senado de la República inició en octubre del mismo año una serie de audiencias públicas en las que participaron organizaciones de la sociedad civil, personas dedicadas a la labor académica y autoridades militares, con la finalidad de conocer sus opiniones en la materia. Del mismo modo, se habían reportado avances en la redacción de un dictamen preparado en dicha cámara que abordaba las acciones que México debía abordar a raíz de la sentencia del caso Radilla Pacheco, y las recomendaciones emanadas del mismo mecanismo de evaluación pero de 2008.

En lo que corresponde al dictamen, no se han reportado avances sustanciales en su discusión. A decir de algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se han incorporado cambios incluso, antes de que pueda realizarse un análisis a detalle y emitirse una opinión técnica sobre el mismo.

En lo que corresponde a las discusiones, las/os expertas/os académicas/os parecieron tener muchísimas más resistencias fundadas principalmente en los valores militares y en  “la necesidad de unas fuerzas armadas rigurosas y disciplinadas” pues, paradójicamente, creen que una ‘intromisión’ en las funciones castrenses podrían derivar en un relajamiento de la disciplina que “es perjudicial para la labor militar”.

Por otro lado, las OSC expresaron la necesidad de respetar a cabalidad la sentencia emitida por la CoIDH y pugnaron por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el EPU 2008.

Por último, ha sido el personal militar quien ha sorprendido con su posición. Si bien continúan las resistencias en temas como la autoridad que debe declinar competencia sobre la otra (la civil en la militar o la militar en la civil) es de reconocerse que admiten la necesidad de modificar el CJM por un tema de cumplimiento de responsabilidades internacionales y por mostrar un avance interno en materia de DDHH.

¿Cuál es el trabajo que queda por delante?

Contamos con un enorme precedente: amplios sectores de la sociedad admiten la necesidad de modificar el CJM para ajustarse a los estándares internacionales de administración y procuración de justicia. Si bien este respaldo no representa una legitimidad en términos de simpatías (los derechos humanos no requieren de simpatías pues son contramayoritarios), sí representa un amplio respaldo político que debe orientar al Senado a dar prioridad a este asunto.

Es inexplicable que, tras 5 años, hayamos llegado al EPU 2014 sin cambios en la materia. Es por ello que todas las personas y la sociedad civil organizada debemos exigir que los cambios se materialicen lo antes posible y que se admitan las recomendaciones de dicho mecanismo de evaluación en la materia.

Asimismo, resulta fundamental exigir que este proceso de discusión se dé de forme pública, abierta y transparente, asegurando el más amplio respeto a los DDHH. Las víctimas no son un negocio político. Las víctimas requieren justicia. La sociedad mexicana requiere certidumbre.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Anuncios

Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s