Y las Mujeres Trans ¿a qué Centro Penitenciario Van?

Por Thalía Olivo

(Redacción de ASILEGAL)

El estar dentro de las 2ª y 4ª Visitadurias de la CDHDF me permitió realizar un análisis personal sobre la situación que viven las personas privadas de su libertad dentro de los Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal. Como mujer trans, quise realizar dicho análisis de manera específica para la población trans privada de su libertad.

El trato institucional dado a las mujeres trans cuyas prácticas sexuales son realizadas con hombres, y que han sido internadas en los Centros de Readaptación Social, es poco conocido y poco transparente. Es por eso que da lugar a la pregunta: ¿A que tipo de espacio penitenciario deberían ser trasladadas aquellas personas que viven su identidad travestí, transgénero o transexual y que se han visto involucradas en algún delito? ¿Debería de establecerse un Centro de Readaptación especial para estas personas? ¿Deben ser trasladadas a un Centro de Readaptación Femenil?.

Las personas transexuales, transgénero o travestis que se encuentran en esta situación son trasladas a un Centro de Readaptación Varonil, son separadas del resto de las personas en el anexo 8 de todos los Centros de Reclusión del Distrito Federal.

En dicho anexo, no solamente encontramos a personas con orientación sexual homosexual, sino también con expresión de género trans o travesti. A esas áreas se les denomina de protección, con la finalidad de proteger su condición de vulnerabilidad. La inclusión de personas con esta identidad de género en reclusorios varoniles refuerza el estado de discriminación del que ya son víctimas. La cuestión va más allá de la aceptación forzada de prácticas sexuales con varones.

Foto: ASILEGAL
Foto: ASILEGAL

Ser trans y ser objeto de una detención implica, de facto, pasar por circunstancias denigrantes a nivel de trato. Esto empeora cuando mediante una sentencia condenatoria se remite hacia un Centro de Readaptación Social, ya que se facilita la exposición al abuso sexual asiduo, cometido por los otros internos y por el personal de vigilancia. Implica interrumpir el proceso de hormonización (si se está en esa etapa), ya que dentro de dicho Centro no es posible llevar a cabo el tratamiento. Ello resulta en una violación al derecho a la salud, y seguidamente, la premeditada conducción a la mala atención médica interna. Al interior no se cuenta con personal médico especializado en endocrinología, esto respaldado por las autoridades del Centro Penitenciario.

Las personas trans, no solamente quedan expuestas al trato indigno, sino que se les estigmatiza mediante estereotipos negativos que inciden en el sentido de las sentencias una vez que ha transcurrido el proceso penal. El hecho de portar un nombre y un antecedente corporal masculino, se convierte en un tipo de lastre socialmente sancionable. Se penaliza jurídicamente a un ciudadano que, en su actual condición de mujer trans, debería ser ahora inexistente. Designarles con un “alias” duplica el estigma social de las personas a quienes se les imputa una situación de infracción penal. El registro con determinado alias parece generarles a las autoridades una valoración criminalizante que sesga cualquier forma de impartición de justicia.

El trato en condiciones de igualdad al llevarse a un proceso penal termina desdibujándose, insertándoles al final en una Institución Varonil donde gran parte de la población se encuentra en situación de violencia. Los conceptos de igualdad y dignidad, tendrían que ser la base de las Instituciones y su forma de organización. Es decir, con apego obligado al respeto de los Derechos Humanos. Con esto pretendo remarcar la atención sobre las funciones y formas de organización de las Instituciones encargadas de la protección e impartición de justicia. En ocasiones, dentro de las mismas, los actores sociales emergentes se encuentran en constante denuncia y reclamo de sus derechos por las violaciones que sufren las personas privadas de su libertad de manera sistemática.

La situación de infracción penal hacia una persona trans tendría que contemplar explícitamente el reconocimiento al derecho de ésta a optar por el espacio penitenciario en que deba cumplirla. Con base a su expresión de género y no en visiones prejuiciadas e ignorantes de nuestras autoridades. Un desafío inmediato que va dirigido al Poder Judicial radica en responder si los encargados de diseñar la política penitenciaria entienden cómo incorporar una perspectiva humanitaria que no jerarquice a las personas por su apariencia, preferencias o identidad.

Thalía Olivo es Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prestadora de Servicio Social en la CDHDF. Ha presentado diversas ponencias relacionadas con el tema de transexualidad. Actualmente coordina el proyecto "Con los tacones de mamá", en el que promueve los derechos de la población trans a través de redes sociales.
Thalía Olivo es Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prestadora de Servicio Social en la CDHDF. Ha presentado diversas ponencias relacionadas con el tema de transexualidad. Actualmente coordina el proyecto “Con los tacones de mamá”, en el que promueve los derechos de la población trans a través de redes sociales.

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Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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