Transparencia: El Reto del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Por Víctor Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública. Dicha reforma consistió en la modificación del Artículo 20 de nuestra Carta Magna; en ella se actualiza el tipo de proceso penal que debe seguirse en nuestro país.

En el nuevo texto del Artículo 20 se indica que “[e]l proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación…” lo cual convierte a la reforma en un gran paso hacia adelante en la administración de justicia.

Tipos de Sistemas de Justicia Penal

Existen dos sistemas de justicia penal: el inquisitivo y el acusatorio. El sistema inquisitivo, se distingue en primer lugar por partir del principio de desconfianza, es decir, que todo debe quedar por escrito para asegurar el registro del proceso mismo; promoviendo la amplia acumulación de hojas, folios y actas volviendo más lentas las diligencias y alargando el curso penal. En segundo lugar, las funciones de investigar, acusar y juzgar se encuentran concentradas en una sola autoridad. Para el caso federal, ésta corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR). En tercer lugar, en el sistema de justicia penal de corte inquisitivo, el juez o jueza puede delegar sus funciones en alguno o alguna de sus auxiliares. Esto significa que la persona juzgadora estudia únicamente los proyectos de sentencia que le son suministrados por su personal pero no participa de forma directa en el proceso penal. Por último, este sistema persigue el objetivo único de sancionar la conducta delictiva, dejando de lado la solución del daño y la reparación a las víctimas.

El sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral reparte la responsabilidad de investigar, acusar y juzgar en diferentes autoridades. Eliminando así posibles vicios en el proceso. Por otro lado, como lo menciona el nuevo texto del Artículo 20 Constitucional, parte de los principios de publicidad (el juicio puede ser grabado); contradicción (da la oportunidad a la parte acusada y acusadora de formar argumentos, contra argumentos, interrogatorios y contra interrogatorios); concentración (agiliza el proceso penal pues debe tratar de desahogarse todas las diligencias en una sola comparecencia);  continuidad (desahogarse el juicio en el menor lapso de tiempo posible) e inmediación (la persona juzgadora debe estar presente de forma física durante el juicio). Por último, el objetivo del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, es también la solución del daño y la reparación a las víctimas. Estos principios mencionados aseguran la retroalimentación del sistema y promueven un clima de confianza y certidumbre sobre la administración de la justicia.

Foto: ASILEGAL
Foto: ASILEGAL

Transparencia en el Proceso Penal

El 14 de diciembre de 2005,  José Antonio (un joven tianguista de la delegación  Iztapalapa, Distrito Federal) fue arrestado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y acusado de homicidio. Su proceso estuvo plagado de diversas y serias irregularidades que van desde la contradicción en las acusaciones de los elementos de la policía capitalina hasta la fabricación y falsificación de pruebas, pasando por el falseo de las declaraciones de Víctor Daniel (presunto testigo del homicidio). Dichas irregularidades fueron ignoradas en todo momento por el personal del Ministerio Público (MP).

En 2006, personas cercanas a José Antonio, se dieron a la tarea de buscar a Roberto Hernández (un cineasta que había producido ya una obra titulada “El Túnel”) denunciando las irregularidades del sistema de justicia penal mexicano.  Tras este contacto, el cineasta en conjunto con su equipo de producción, filmó las diligencias y comparecencias ante el MP en el caso de José Antonio. Este proceso de rodaje resultó en el documental “Presunto Culpable” que se estrenó en 2011.

El documental “Presunto Culpable” colocó el caso de José Antonio en el debate nacional provocando un escándalo que cuestionaría la transparencia en el sistema de justicia mexicano. La presión mediática por este caso fue tal que José Antonio fue absuelto. Sin embargo, en marzo de 2011 y dos semanas después de su estreno, una jueza federal ordenó la suspensión de la exhibición, distribución y promoción del documental, tras la presentación de un recurso de amparo de uno de los testigos que participaron en el juicio. Dicha suspensión fue calificada por la opinión pública como censura y motivó un amplio debate sobre el nuevo sistema de justicia penal: ¿se permitiría la presencia de cámaras en los juicios orales?

El argumento que sostiene el debate es que permitir que se grabe y difunda el proceso penal atenta contra las víctimas y pone en riesgo la integridad de las personas que forman parte del proceso penal. Sin embargo, casos como el de Marisela Escobedo (activista asesinada en Ciudad Juárez por denunciar el asesinato de su hija Rubí Marisol) demuestran la pertinencia de la transparencia de los juicios. Gracias al acceso de los medios de comunicación al desahogo de las diligencias ante los jueces, que se realizaron con el nuevo modelo de justicia, la opinión pública pudo conocer de las irregularidades del proceso. Esto permite la retroalimentación del sistema y la corrección de errores.

Por otro lado, prohibir el acceso aparatos de videograbación a los juicios bajo el nuevo sistema de justicia atenta contra la propia reforma constitucional. Vulnera el principio de máxima publicidad, planteando así, un grave retroceso. Dicha opacidad podría ser equiparable al sistema penal inquisitivo. Es cierto que en ciertos casos la ‘excesiva’ publicidad del caso podría dañar a las víctimas, pero es siempre importante el ejercicio del control difuso de convencionalidad dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz de la reforma de derechos humanos de 2011. Esto dado que los instrumentos internacionales de protección en la materia son orientadores del debate sobre la publicidad de los juicios; por ejemplo, en el caso de menores de edad a la luz de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Nuevo Sistema de Justicia Penal: Perfectible

La reforma al Artículo 20 de la CPEUM  no es suficiente dado que presenta serias deficiencias en diversos aspectos, tales como la constitucionalización del arraigo, la no eliminación de la prisión preventiva y su nulo establecimiento como medida de carácter excepcional y no ordinaria. Sin embargo es muy importante considerar que es un enorme paso hacia adelante.

El modelo de justicia penal inquisitorio ha demostrado su ineficacia y su vulnerabilidad a la corrupción, el clientelismo y el nulo ejercicio del principio de justicia pronta y expedita. El nuevo sistema asegura de inicio la transparencia y rendición del curso penal, así como el pleno respeto a las garantías del debido proceso. Corresponderá a las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las personas dedicadas al ejercicio jurídico, contribuir al perfeccionamiento del nuevo modelo y la actualización del diagnóstico sobre la impartición y procuración de justicia en México.

Víctor es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
Víctor es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.
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