Antagonistas del proceso penal: ¿Por qué las personas imputadas también tienen derechos?

Por Viridiana Canales Uribe

(Redacción de ASILEGAL)

¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas, y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderlas, sin que, por el contrario, ninguna parte de la misma se emplee en destruirlas. Haced que las leyes favorezcan menos a las clases sociales que a los hombres mismos.” (Cessare Beccaria )

Para comenzar, cualquier persona acusada de un hecho ilícito es un ser biológico, psicosocial y cultural. Es por esto que, independientemente de la conducta que se presuma que cometió, no debe dejarse de lado que es sujeta de derechos. Existen más de cincuenta prerrogativas lato sensu, mediante las cuales la persona acusada de un delito puede defenderse. Éstas las podemos encontrar en el ámbito nacional y en el internacional.

En el ámbito del Sistema Jurídico Mexicano, podemos encontrar en el artículo 20 apartado B de nuestra Constitución los derechos de toda persona imputada. Estos son, de manera general, los siguientes:

  1. Presunción de inocencia: la presunción de inocencia es de facto, tiene que haber una sentencia definitiva que vincule a la persona con la conducta antijurídica.

  2. Derecho a declarar o a guardar silencio. Si confiesa sin estar presente su defensor(a), no tendrá valor probatorio la confesión.

  3. Derecho a no ser torturado, intimidado o incomunicado: condiciones dignas de detención.

  4. Derecho a ser informada sobre los hechos que se le imputan, quién lo acusa (salvo en casos de delincuencia organizada) y las garantías inherentes a él como acusado.

  5. Derecho a ofrecer testigos y pruebas para demostrar su inocencia.

  6. Derecho a ser juzgada en audiencia pública, por juez(a) o tribunal competente.

  7. Derecho a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa.

  8. Derecho al acceso a los registros de investigación en su contra, tanto para ella/él como para su defensor(a).

  9. Ser juzgada/o antes de cuatro meses, cuando la pena privativa de libertad no exceda los dos años, y si excede ese tiempo, antes de un año siempre y cuando no se solicite mayor plazo para la defensa.

  10. Derecho a contar con un(a) abogado/a elegido/a de manera libre, si así lo desea. En caso de no querer abogado/a, el juez debe designarle uno/a público.

  11. Derecho a que su defensor(a) comparezca en todos los actos del proceso cuantas veces sea necesario.

  12. Derecho a que no se prolongue su detención o su estancia en la prisión por falta de pago de honorarios a la persona defensora.

  13. Derecho a que la prisión preventiva no sea mayor a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa. Si aún no se dicta una sentencia, debe ser puesto/a en libertad inmediatamente, mientras el proceso sigue su curso.

  14. Derecho a que cuando se le ponga pena privativa de libertad, se tome en cuenta el tiempo que lleva detenido.

  15. Derecho a un(a) intérprete.

  16. Derecho a que se le proporcione asistencia migratoria si es de otra nacionalidad.

A la luz de los diversos instrumentos internacionales que México ha ratificado y suscrito como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estatuto de Roma, los Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de Naciones Unidas y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, tenemos muchos otros más, como el derecho al acceso médico, a la reparación por detención ilegal, a la privacidad, a la intimidad, a la irretroactividad de la ley, a la apelación y a la indemnización por error judicial, por mencionar algunos.

Si bien es cierto que toda/o acusada/o tiene estos derechos básicos, ¿por qué no se cumplen? La crítica al porqué implica un largo debate que va desde un sistema corrupto lleno de intereses políticos, hasta intentar descifrar el hilo negro del sistema penal vigente. El tema da para un estudio minucioso, hay mucha tela de donde cortar.

Podemos mencionar por ejemplo, el arraigo. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas consideró que se trata de una forma de detención preventiva de carácter arbitrario, en razón de la insuficiencia del control jurisdiccional y de la ejecución de la medida en lugares que, si bien no son secretos, sí son discretos. Nadie garantiza que quien se encuentre arraigada/o sea respetada/o en su integridad física y no sufra torturas o humillaciones. Tan solo, de acuerdo con diversos estudios, alrededor de 40 por ciento de la población carcelaria, compuesta por más de 231 mil internas/os, se encuentra en prisión preventiva. Es decir, presos sin condena, pudiendo enfrentar sus juicios en libertad. Para 2009, casi 41% de la población penitenciaria en México se encontraba recluida bajo el concepto de prisión preventiva. Esto equivale a poco más de 92,000 personas, cuyo mantenimiento costó al Estado Mexicano alrededor de 9.7 mil millones de pesos mexicanos en el 2006.

Foto: ASILEGAL
Foto: ASILEGAL

En el sistema penal vigente, el arraigo procede en casos de delitos graves y delincuencia organizada. Ante la problemática planteada por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil en cuanto a la vulneración de los principales derechos del acusado mientras permanecen en arraigo, se buscaba erradicar esta figura retrógrada. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que será hasta el 2016 cuando sea casi obsoleta, aplicándose únicamente como medida cautelar excepcional en los casos que determine la Constitución Mexicana. El hacinamiento, las condiciones paupérrimas de higiene y seguridad, la sobrepoblación carcelaria innecesaria y la deficiencia en el proceso de readaptación son consecuencias a corto y largo plazo que involucra el abuso de la prisión preventiva. El criminólogo Luis Rodríguez Manzanera apunta lo siguiente: Estas personas tienen seriamente limitados sus derechos, ya que es común que compartan la misma institución que los delincuentes sentenciados, ignoran cuándo saldrán en libertad, quedan registrados en los archivos penales, carecen de los beneficios concedidos a los sentenciados, etc.

Se habla de la intervención de la iniciativa privada en el sistema penitenciario del país para fomentar la readaptación social y que las carencias que el Estado «no puede» cumplir sean subsanadas por particulares. Siendo partidaria de la humanización de las penas y de la cultura de la prevención, me atrevo a afirmar que los seres humanos que compurgan penas no son empleados, no son maquinas de producción de productos para empresas transnacionales como Coca Cola o la industria de Carlos Slim. Con la privatización de las cárceles no se genera ningún beneficio para los reclusos, se benefician unos cuantos de lo que ellos llaman «escoria social». Las riquezas van a parar a los bolsillos de la élite privada, de gente corrupta que forma parte de esta sociedad enferma en la que la comisión del delito se banaliza, en la que ignoramos por completo las desgracias del otro, en la que el valemadrismo es un mantra aceptado por todos sus miembros.

La sociedad debe ser común, consciente de la defensa de las personas como tal y por el solo hecho de serlo. En mi artículo pasado hice referencia al debido proceso como garantía fundamental del acusado. Casos de violaciones a los derechos de los acusados hay en cualquier lugar, nombres de afectados no faltan.

Si bien todo parece desalentador, es necesario tener en mente que, ante las nuevas formas graves que asume hoy la delincuencia, el Estado no debe permanecer inerte cuando se vulneren los intereses básicos de la comunidad para la convivencia social. Pero no por eso se debe menoscabar a las/os procesadas/os. No es válido que nuestro Derecho penal ande en muletas, siempre atrás de las transformaciones sociales. No es válido que cerremos los ojos ante la delincuencia que se incrementa, México tiene una llaga purulenta de la que emanan tanto culpables como inocentes. ¿Hasta cuando la justicia hará su aparición en el Sistema Mexicano? Sé que no sólo yo me lo pregunto. La respuesta está en todas nosotras. Decir ¡Nunca más! a la indiferencia, al rezago y a la exclusión.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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