El Dark Side de la Reforma sobre Justicia para Adolescentes

Por Viridiana Canales Uribe

(Redacción de ASILEGAL)

“Todo en conjunto, forma lo que para mi modesto entender consiste en una tragedia que es ya enfermedad de la sociedad: el de la indiferencia para con el ser humano encerrado entre las rejas, no importa el lugar o el nombre que lleve la institución penal”.

(José Sánchez: “La Isla de los Hombres Solos”)

 

Sin importar de qué época hablemos los menores forman parte de la sociedad, son más que el stand by del país. Su contribución al país puede repetir o cambiar la historia, dando pie al progreso. Desde el Porfiriato brotaron las condiciones para una transformación sociocultural: “La educación, la medicina y la higiene ayudaron a esta transformación, de dejar ver al niño como un adulto pequeño, que tanto niños como niñas tenían características propias, y por lo tanto, los cuidados hacia ellos deberían de ser diferentes.”[1] Tal aportación, permitió que con el transcurrir del tiempo, las nuevas ciencias como la psiquiatría, psicología, sociología y pedagogía distinguieran ciertos patrones de conducta que desembocarían en la llamada “delincuencia juvenil”. El primer Tribunal para Menores surge en 1923 en San Luis Potosí, con la promesa de “cuidar”  a los menores involucrados en conductas antijurídicas.

Podríamos mencionar diversas leyes en nuestro récord acerca de esta temática, cuyos ejes centrales eran aplicar medidas tutelares a los menores en vez de sanciones, basándose en la educación, trabajo agrícola y libertad vigilada, orientando al menor hacia el “buen camino”. Sin embargo, al no ser objeto de nuestro estudio por ahora, nos dedicaremos a recordar cómo eran las cosas antes de la reforma al Artículo 18 Constitucional.

Foto: ASILEGAL
Foto: ASILEGAL

 

El “Estado de Peligro” y la Tutela del Estado

La intención del sistema legal que existía antes de la reforma era tutelar a los menores acusados de conductas antisociales. En otras palabras, la doctrina señalaba una situación en la que el Estado actuaría a favor de los niños y adolescentes que cometieran una “infracción”, brindándoles protección y cuidados. Se suponía que el motivo que los llevaba a delinquir era el abandono social, también conocido como “estado de peligro”. Este factor implicaba restringir a los menores en el goce de sus derechos. No había diferencia entre aquellos que cometían delitos y los que necesitaban ayuda por estar abandonados.  Se les privaba de su libertad sin siquiera existir motivo legal, violándose sus derechos fundamentales. Se trataba de un proceso penal que adoptaba medidas anticonstitucionales como la falta de un intérprete o traductor si hablaban alguna lengua indígena, o se les obligaba a declarar sin su defensor presente, por mencionar algunas. Si cometían delitos o no, era irrelevante.

Este sistema se adoptó en varios países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Venezuela. Definían al niño infractor como un ser en “situación irregular” (que debía ser sacado del estado de peligro para colocarlo en correccionales o en granjas agrícolas, donde aparte de ser privados de su libertad, eran maltratados física, verbal y psicológicamente). Algo similar a la frase “La letra, con sangre entra”, enfatizando que al ser el menor irresponsable de sus actos y por ende inimputable, no comete delitos sino “conductas” ubicadas en el limbo entre faltas administrativas y delitos. Además, por encontrarse en  situación de peligro,  no se le aplicarían penas sino medidas de seguridad por tiempo indefinido sin derecho a defenderse. No hay diferencia entre niños y adolescentes para este sistema, son lo mismo.

 

El after  llamado: Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

La reforma trae consigo el cambio del sistema tutelar a uno que se encarga de proteger los derechos de menores. Se basa en los Artículos 4º y 18 Constitucionales y en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Estos nos hablan sobre la protección a los derechos a la vivienda, la educación, la salud, la alimentación, etc. El concepto  de readaptación social queda obsoleto, dando pie a un nuevo paradigma que abre las puertas a la reinserción social. Ya lo decían teóricos  como Bentham o Beccaria: no es lo mismo readaptar que reinsertar. La readaptación es un concepto social, que ve al criminal como sobrante en la comunidad. Para que adopte conductas aceptables a su entorno se le recluye, sin posibilidad de reinserción, o con pocas esperanzas de lograrla. La rehabilitación ve al delincuente como un enfermo social lleno de patologías que necesita curarse de la “enfermedad criminal” para ingresar (si lo dejan) a la sociedad. La reinserción es un enfoque más positivo, donde se le proporcionan herramientas como la educación, la salud, el deporte y el trabajo al infractor para que pueda volver a la sociedad como un ser productivo.

Podemos hablar de menores infractores como  aquellos individuos que han cometido una conducta ilícita ubicada en leyes penales cuya edad va desde los 12 a los 17 años.  Otro aporte fundamental, en palabras de la Ministra Olga Sánchez Cordero es “el incorporar a nivel constitucional la doctrina de protección integral de la infancia, específicamente en la parte de la misma que se ocupa de la justicia de menores, desarrollada e impulsada principalmente por la Organización de las Naciones Unidas, y plasmada en diversos instrumentos internacionales como son: (a) las Reglas de Beijing para la Administración  de Justicia de Menores; (b) las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (RIAD); (c) las Reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad; (d) la Convención sobre los Derechos del Niño; y que también ha de tomarse en consideración, por formar parte del marco jurídico vigente en materia de derechos humanos,  la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.[2]

En teoría, la reforma garantiza la procuración e impartición de justicia y promueve un tratamiento personalizado, basado en la investigación, planificación y evaluación de las políticas criminológicas y  de aspectos socioculturales del menor que se trate. Se plantea determinar su responsabilidad penal con base en la edad, puesto que sólo se le privará de su libertad en casos extremos (para los demás casos, se proporcionará asistencia psicológica, social y educativa sin requerir reclusión) y sólo por un periodo breve de tiempo. Esto en caso de que cuente con más de catorce años de edad y haya cometido una conducta antisocial grave tipificada en las leyes penales como delito (se consagra el principio de legalidad, prácticamente nulo en el sistema tutelar).

Podemos hablar de un derecho penal educativo para los delincuentes juveniles, pues el fin primordial, como ya dijimos, es el de reinsertarlo en la comunidad para su óptimo desarrollo biopsicosocial. Además se pretende que en el transcurso del proceso penal tenga derecho a una defensa adecuada (y gratuita, como lo indica la garantía de debido proceso: desde que el adolescente es detenido hasta que se le sentencia, debe prevalecer este supuesto). Debe también contar con un intérprete si  representa a alguna comunidad indígena, entre otros derechos que garantiza nuestra Carta Magna. Cabe destacar que, atendiendo al principio de proporcionalidad, la medida que se le aplicará al menor a la luz de este nuevo sistema, deberá ser proporcional al delito cometido y al progreso que se tenga a lo largo de su aplicación. En cuanto al  interés superior del menor: se debe tomar en cuenta lo que resulte más apto y benéfico para él, otorgándole las herramientas necesarias para su desarrollo. En cuanto al papel de los funcionarios públicos, se espera de ellos estén capacitados para tratar a los adolescentes con actitud humanitaria, sin golpes ni otro trato peyorativo, para su reinserción en la comunidad.

¿Cuál es la versión real?

Podremos encontrar versiones que nos mencionen que el sistema de Justicia para Adolescentes sea lo mejor. Sin embargo, no basta con plasmarlo en leyes, se trata de hacerlas cumplir de manera vigente y efectiva. Aproximadamente el 55% de los adolescentes mexicanos detenidos proviene de cinco entidades (DF, Nuevo León, Sonora, Jalisco y Baja California) y el delito más cometido por ellos es robo. ¿Robar para vivir? ¿Vivir para robar? El robo es un delito pecuniario (atiende al apoderamiento de una cosa mueble ajena). Si tomamos en cuenta lo anterior, podríamos deducir esta reflexión: el móvil criminógeno que lleva a la comisión de este hecho es el nivel económico de los menores, la búsqueda de una salida falsa a su pobreza. Al ingresar al sistema de justicia, los adolescentes pasen a ser de victimarios a víctimas. Víctimas de un sistema de justicia que promete prerrogativas y ayudarlos a salir de la vida criminal, víctimas de sus condiciones sociales. Como forma de resarcir el daño causado a la sociedad, se regresa a la Ley del Talión de manera que las condiciones en las que el menor infractor se encuentre en los Centros de Justicia para Adolescentes no sea de reinserción como se planea, sino de hacerle pagar su conducta vulnerando sus Derechos Humanos. ¿Qué más ha hecho nuestro gobierno al respecto? El círculo se repite sin control.

Como todo mal social, la educación debe contribuir a erradicarlo. ¿En realidad ha disminuido? Tan sólo para muestra tenemos que cada día miles de jóvenes se unen a las filas de la delincuencia organizada, so pretexto de sentirse seguros, importantes, con una oportunidad de tener dinero y ganarse la vida a costa de perderla. ¿La ley beneficia la disminución? No descartemos su eficacia, pero el vicio mayor es la ineficacia de las normas, su incumplimiento y la corrupción. Hay una raíz muy fuerte debajo de un problema tan delicado como este.  El 80% de los asuntos relacionados con delincuencia son de jóvenes, se culpa a los padres de familia por permitirlo. ¿Y qué hay de los huérfanos que viven escondidos en la miseria? El diputado local de Morelia, Omar Noé Bernardino dice que trabajará en la Ley de la Juventud en Michoacán, con la intensión de “darle mayor oportunidad tanto educativa como laboral, a los jóvenes michoacanos.”[3] Sin embargo, en el primer trimestre de 2013 existían 2, 469,728 desempleados, de los cuales 1, 337, 944 van de los 14 a los 29 años de edad. Hacen falta políticas que implementen y promuevan el empleo para jóvenes, así evitaremos que caigan en las garras del crimen organizado. Por otra parte, según una investigación realizada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de Nuevo León durante el 2011 y 2012: el 84% de secuestradores detenidos en esta entidad federativa son del sexo masculino, y el 16 % del sexo femenino. ¿Qué significa esto? Que el 58% de las personas en conflicto con la ley tan sólo en este lugar, tienen entre 18 y 30 años de edad. Y por si fuera poco, el 48% de los secuestradores capturados, son desempleados.[4]

Podemos concluir con estas reflexiones: culpar a terceros no ayudará a evitar este mal. El Estado es una organización jurídico-política encaminada a la realización de propósitos para el bien común. El contribuir a mejorar las circunstancias sociales de todo no depende sólo de padres de familia, sino de todos nosotros como sociedad. Basar nuestras esperanzas de cambio en las manos de unos cuantos con poder no ayudará, menos si no se encamina el uso del poder hacia un bienestar común. Al crear fuentes de trabajo suficientes y eficaces para los jóvenes, al retomar la educación como pilar, el deporte, la alimentación y la salud, no convertiremos en letra muerta aquellos principios consagrados en el Artículo 4º Constitucional como derechos fundamentales. Los haremos tangibles, visibles y podremos proporcionar una solución al problema de los jóvenes en conflicto con la ley de raíz.

Fuentes:

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/04/30/mexico-busca-cambiar-el-rostro-de-la-justicia-para-adolescentes?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cnnmexico%2Fportada+(Noticias)(consultado el 9 de agosto de 2013)

(Consultado el 9de agosto de 2013: http://www.diariodemorelos.com/article/evitar%C3%A1n-que-los-j%C3%B3venes-ingresen-delincuencia)


[1] Francisco Ramírez, “Reconstrucción de la infancia: Extensión de la condición de persona y ciudadano”, Revista Iberoamericana. Estado y educación, Núm. 1, enero-abril de 1993.

[2] “Introducción a la Interpretación del artículo 18 Constitucional”, Conferencia en Toluca, Edo. Méx. con la Ministra Olga Sánchez Cordero. http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/conferencia-menores-infractores-toluca.pdf

[3]http://mimorelia.com/noticias/120093 Los jóvenes son carne de cañón para la delincuencia organizada: Bernardino Vargas. Por: Aída Espinosa / MiMorelia.com | 10:49 – Jueves 1 de Agosto del 2013 (consultado el 9 de agosto de 2013).

[4] Cfr: 08 de agosto de 2013, Cómo impacta el desempleo en la delincuencia en México: http://noticias.terra.com/internacional/narcoviolencia/como-impacta-el-desempleo-en-la-delincuencia-en-mexico,ea6cb687d6f50410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html (consultado el 9 de agosto de 2013)

Viridiana Canales Uribe: abogada penalista en formación. Estudiante y profesora de lenguas extranjeras. Sin etiquetas. Imperfecta, erótica e impulsiva. Pasante en el área jurídica de ASILEGAL.
Viridiana Canales Uribe: abogada penalista en formación. Estudiante y profesora de lenguas extranjeras. Sin etiquetas. Imperfecta, erótica e impulsiva. Pasante en el área jurídica de ASILEGAL.
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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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