El PF-PIDESC: La próxima entrada en vigor y la evasión del Estado Mexicano

Por David Alexir Ledesma Feregrino (redaccion@asilegal.org.mx)

(Redacción de ASILEGAL)

(Fotografía por: Jorge Meza)
(Fotografía por: Jorge Meza)

El Estado Mexicano ha realizado numerosos esfuerzos por desentenderse de sus obligaciones con respecto a muchos de los Derechos Humanos (DDHH) que ha reconocido en diversos tratados internacionales e incluso en su Constitución Política. La negación de estos DDHH ha servido para diversos fines; desde mercantiles hasta electorales. Mediante su incumplimiento y posterior reivindicación selectiva a manos del caudillo en turno, los gobiernos han logrado legitimarse a ojos del común de la población. Un arduo trabajo de desinformación ha favorecido este proceso; haciendo creer que el Estado carece de obligaciones con respecto a algunos derechos y haciendo ver su cumplimiento como una dádiva o un acto de filantropía. Ejemplo de ello han sido los programas «Solidaridad» y, potencialmente, la más reciente «Cruzada contra el hambre». Es así que, desde hace ya bastantes décadas, en los Estados Unidos Mexicanos (EUM) se permiten y solapan violaciones a los derechos a la vivienda, a la alimentación, al agua y a la libre determinación de los pueblos, entre muchos otros.

Pese al continuo esfuerzo del Estado por hacer invisibles Derechos tales como los Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el mismo se ha congratulado frente al mundo afirmando reconocerlos plenamente mediante instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Dicho Pacto representa el marco jurídico más amplio e importante para el reconocimiento y protección de estos derechos a nivel internacional. Su existencia data de 1966 y, pese a su incumplimiento de facto, ha entrado en vigor en los EUM desde 1981. En conjunto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforma la Carta Internacional de Derechos Humanos. El PIDESC es un producto del consenso mundial sobre los estándares de los DESC. Por la manera en que está conformado, implica obligaciones vinculantes para los Estados que han reconocido sus estándares (como los EUM). Sin embargo, los principios del PIDESC son comúnmente evadidos y, de origen, éste no contó con un mecanismo de investigación y justiciabilidad con respecto a estas evasiones.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la base de la igualdad sustantiva

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son derechos intrínsecamente relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Tratándose éstas de ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, el medio ambiente y la vivienda, entre otros. Estos derechos, reconocidos en el Pacto, funcionan como garantías de las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio real de las libertades de cada persona. Su plena realización podría implicar la existencia de una verdadera igualdad entre los seres humanos. Su existencia es la base que permite el alcance de un nivel de vida adecuado, mientras que su ejercicio representa el camino hacia una vida digna y hacia el desarrollo pleno de las capacidades de todas las personas. Además, la democracia se ve vigorizada y realizada gracias a la existencia de los DESC; al construir éstos los cimientos necesarios para la participación de todas y todos. Los DESC están reconocidos en muchos instrumentos internacionales, como en el Pacto mencionado, y en las constituciones de varios países. Sin embargo, en algunas están reconocidos únicamente ciertos DESC, dejando otros fuera del rango constitucional e ignorando el principio de interdependencia de los Derechos Humanos.

Exigibilidad y justiciabilidad de los DESC, el PF-PIDESC

El contenido de los DESC ha sido ya consagrado en algunos textos constitucionales y en tratados internacionales como el PIDESC. Con ello se ha demostrado que estos derechos pueden representarse, de forma sólida, en normas jurídicas. Una vez en este rango, las obligaciones del Estado con respecto a los DESC deberían poder ser exigidas por las personas y, en caso de negación o violación, éstas deberían tener acceso a un mecanismo de justiciabilidad. Sin embargo, en muchos casos, esto no es una realidad al no existir dichos mecanismos o al ser estos poco efectivos. Es así que durante muchos años, aún después de haberse adoptado el PIDESC en 1966, no estuvo establecido en el Sistema de Naciones Unidas un mecanismo de carácter internacional capaz de atender quejas ante casos de violaciones de los derechos reconocidos en este Pacto. En consecuencia, en 1985 fue creado el Comité DESC con el fin de realizar exámenes e informes periódicos de los Estados Partes del PIDESC. Desde 1990 este Comité empezó a trabajar la formación de un Protocolo Facultativo del PIDESC que ampliase sus facultades y le permitiese recibir comunicaciones individuales y colectivas sobre casos de violaciones y negaciones cometidas por alguno de los Estados Partes. El Protocolo se concretó en 2008, cuando fue aprobado por la Asamblea General de la ONU.

Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC

Según el artículo 18 del PF-PIDESC, éste entrará en vigor tres meses después de la fecha en que se haya entregado el décimo instrumento de ratificación ante el Secretario General de la ONU. Es así que, habiendo firmado 42 Estados y ratificado 10 de ellos, el Protocolo Facultativo entrará en vigor el próximo 5 de mayo. Esto gracias a que el pasado 5 de febrero se concretó la adhesión de Uruguay, representando la décima requerida. El Protocolo favorecerá el reconocimiento de la igualdad entre todos los derechos, como señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien aplaudió la próxima entrada en vigor del mismo. «El Protocolo proveerá una importante plataforma para exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, mismos que hasta el momento las víctimas tienen que soportar sin poder apelar a ningún recurso a nivel internacional» ha resaltado en un comunicado de prensa. La Alta Comisionada también alentó al resto de los 160 Estados que, como los Estados Unidos Mexicanos, ya son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a ratificar el Protocolo Facultativo lo antes posible.

Pese al gran ahínco con el que el Estado Mexicano impulsó la creación del PF-PIDESC, hasta el momento se mantiene sin siquiera firmarlo. De esta manera, la protección a los DESC de numerosas personas habitando o transitando los Estados Unidos Mexicanos se mantiene vulnerable y dependiente de la voluntad de los actores estatales y de la poca (o nula) eficacia de los mecanismos nacionales de protección y justiciabilidad. Con el fin de visibilizar la necesidad de nuestro país de adherirse al Protocolo, así como de mantener el tema entre las prioridades de la agenda nacional, se ha integrado una coalición de Organizaciones No Gubernamentales mediante la «Campaña Mexicana por la ratificación del PF-PIDESC». Esta labor conjunta ha adquirido las formas de actos de cabildeo y de difusión de la información. A través de la campaña, se ha pretendido acercar el tema a la ciudadanía y apremiar a las autoridades a ratificar su compromiso con sus obligaciones con respecto a los DESC. La Coalición de ONGs ha hecho numerosos llamados a todos los Estados a ratificar el Protocolo a la brevedad y así manifestar su compromiso con la justicia social y la realización plena de los Derechos Humanos. Pese a que el PIDESC fue adoptado hace casi cincuenta años, los Estados aún no se han decidido a poner fin a la brecha de desigualdad en la protección de los derechos.

¿Por qué el Estado Mexicano se mantiene renuente a firmar el PF-PIDESC?

Los DESC han sido continuamente relegados a lo largo de la historia y colocados en un nivel de importancia menor que los Derechos Civiles y Políticos. Con base en argumentos formulados por los teóricos de la oligarquía, se ha pretendido ignorar el principio de indivisibilidad de los DDHH y evadir la realización de los DESC. Estos argumentos se han fundado en el costo presuntamente elevado que para los Estados podría representar el cumplimiento de los DESC y en la supuesta ambigüedad del contenido de los mismos, que les imposibilitaría el ser traducidos en obligaciones jurídicas concretas. Se ha dicho que los DESC requieren de inversiones enormes del Estado para efectuarse, mientras que los Derechos Civiles y Políticos representan únicamente abstinencias. Esta interpretación resulta desinformada puesto que, si bien es cierto que algunos DESC requieren de inversiones, también algunos Derechos Civiles y Políticos necesitan de un impulso económico. Además, otros DESC no requieren más que abstinencias de los actores estatales; siendo éstas, por ejemplo, no contaminar el medio ambiente o no impedir la formación libre de sindicatos. Los Estados tienen, con respecto a todos los derechos, las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar todos los Derechos Humanos.

La indisposición a firmar y ratificar el PF-PIDESC refleja la falta de voluntad para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de él. Muchas de estas obligaciones se derivan también de las constituciones de los Estados por lo que la adhesión no debería suponer sino una ratificación de la constitución propia y la ganancia de un instrumento extra que actuaría en pro del bienestar de las personas gobernadas. Bienestar por el cual los(as) gobernantes tienen la obligación (y presunta voluntad) de velar. Entonces, ¿por qué no firmarlo? ¿Qué intereses contrapuestos a la protección de los DDHH lo impiden? No firmar un protocolo como éste podría funcionar como una vacuna para las consecuencias que podrían tener atropellos y violaciones a Derechos Humanos que los actores estatales podrían cometer en un futuro. Vacunarse contra ello es dejar en claro que hay más voluntad para llevar a cabo estas violaciones que para proteger los derechos. En un país en el que la misma Ley Federal del Trabajo ha sido reformada para vulnerar los derechos al trabajo y del trabajo, ¿cómo comprometerse a protegerlos y respetarlos?

¿Cómo podría un Estado comprometerse a dotar a su población de una educación básica, gratuita y obligatoria y luego pretender que la gente se creyese que las propiedades de los gases y la fisicoquímica entera son variables a través del tiempo y, con énfasis, de un peritaje a otro? Lo que conviene, al parecer, es negarle a las personas la educación para así poderles hacer creer cualquier cuento. ¿Cómo comprometerse a respetar los derechos a la información y a la educación y sacrificar así la posibilidad de inventarse investigaciones (o realizar éstas sin el menor de los fundamentos científicos) y de dejar así al descubierto la negación sistemática del derecho al debido proceso? En efecto, son interdependientes. Y en cuanto logremos reivindicar unos estaremos visibilizando la negación de muchos otros. Habremos iniciado entonces el camino hacia la reivindicación de todos los DDHH a manos de todas y de todos. Eso es, justamente, lo que no resulta conveniente para los(as) promotores(as) y defensores(as) de la explotación y la desigualdad.

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