Definamos “víctima”

Definamos “víctima”

Por: Alejandra Sánchez J.

 Fotos-Sara V. (modelo-JLLópez)

(Fotos: Sara V./JL López)

Los levantones, los secuestros…, las desapariciones forzadas de toda índole, con o sin tipo penal[1], han azotado al país (algunos dicen que sucede desde que Calderón decidiera iniciar la “Guerra contra el narco”, aunque se sabe que tampoco es un invento de la presente década).

Quienes han perdido a un hijo, una hermana, un esposo,  a manos de criminales aparentemente intocables, han acudido en su desesperación a solicitar la ayuda que las autoridades están obligadas a proveerles; sin embargo, se han topado con laxos e indiferentes funcionarios públicos quienes con ironía les responden: “No le podemos ayudar, su denuncia no procede porque ese delito no existe”.

Todavía a finales de 2012 algunos ordenamientos jurídicos locales se sumaron a la tipificación de la desaparición forzada[2] (que no es propiamente un secuestro, ya que nadie pide rescate a cambio de la liberación de la persona), acción que sólo en contadas entidades se tomó.

Mientras tanto, familiares de muchas víctimas –que también son víctimas por extensión−, formaron asociaciones o bien se acercaron a las OSC’s existentes para sumar recursos a sus esfuerzos de búsqueda y su necesidad de resarcimiento, pues los ministerios públicos, con sus agentes de investigación y sus servicios periciales se volvieron ajenos e inasequibles. 

Por estas razones es que se planteó la iniciativa para la creación de una ley de víctimas, contando con el poder de incidencia de organizaciones como “Movimiento por la paz”, encabezado por Javier Sicilia.

Pese a que la iniciativa llevaba un buen tiempo en el Senado, apenas en febrero de 2013 fue que Enrique Peña Nieto determinó su publicación en el DOF, tras retirar la controversia interpuesta por su antecesor. No obstante, de inmediato hubo reacciones que, si bien no son del todo adversas, sí manifiestan preocupación ante las inconsistencias y, por supuesto,  la inclinación de balanza que esto pudiera representar.

¿Cómo es esto?

A)     En 2011, el Instituto Nacional de Ciencias Penales integró un equipo que elaboró un proyecto de Ley General de Víctimas. En virtud de que existían opiniones divergentes plasmadas en otros proyectos sobre la mejor forma de garantizar el acceso a sus derechos, no se logró un acuerdo y no se sometió a la consideración del Presidente de la República. Aquel proyecto buscaba instrumentar las mejores prácticas internacionales[3], pero no dejaba de ser poco apegado a la realidad social, política y jurídica.

Al redactarse la ley, no se tuvo la precaución de revisar otros marcos jurídicos aplicables para armonizar el nuevo cuerpo legal con las disposiciones vigentes. Otras leyes ya establecían medidas de atención a las víctimas[4], como la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de Secuestro, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, por citar algunas. [5]

Ante estos y otros antecedentes, puede aseverarse que, hace unos días, el Congreso de la Unión ordenó publicar una ley carente de sustento constitucional.

Por lo anterior, es comprensible que su iniciativa permaneciera tanto rato en la banca. De hecho, éste fue el argumento ofrecido por el que fuera consejero jurídico de Presidencia durante el sexenio de Felipe Calderón, Miguel Alessio Robles.

B)      Mientras tanto, las fundaciones México SOS y Alto al Secuestro (que se han colgado el estandarte de la representatividad civil), manifestaron estar de acuerdo en cuanto a las debilidades jurídicas de la Ley General de Víctimas promulgada e incluso señalan que los procesos que las víctimas experimentarían conforme a lo que la LGV plantea, provocarían la “re-victimización” de éstas. Aunque aprueban que se esté trabajando en torno a estos temas.

C)      Más allá de lo formal, lo correcto, lo demagógico o lo necesario de la Ley de Víctimas actual, no obstante, se encuentran casos como el de Zenaida Pastrana de la Cruz:

  • Indígena mixteca, detenida como sospechosa (sin fundamentos suficientes) de un asesinato.
  • No se le proporciona traductor y mucho menos se le notifican sus derechos (en gran parte del proceso ella desconoce lo que sucede, pues no es hispanohablante).
  • Se le incomunica en el momento de su detención y No se le proporciona defensor de inmediato.
  • La declaración de la imputada es pasada por alto y los servicios periciales nunca comprobaron elementos importantes tanto de su relato como de los hechos en general.
  • Es condenada con base en un testimonio dudoso que años después sería descartado por sus incongruencias y por detectar falseamiento de datos de los testigos.
  • Si bien, desde la primera apelación se reconoce que no se le respetó el debido proceso, que sus derechos fueron violados y que es imperativa una reposición, todo queda en palabras solamente (durante 9 años).
  • Al final, no había elementos probatorios válidos y suficientes para su condena y se determinó que la violación a su derecho de presunción de inocencia y demás garantías procesales, convertían a Zenaida en sujeto de amparo, quedando en libertad el 5 de febrero de 2013.

 

Lo cual nos lleva a preguntarnos si:

1.– ¿Es posible llevar un control suficientemente estricto y oportuno para determinar quién es la verdadera víctima en cada caso?

2.- ¿Cómo evitar caer en controversia cuando se trate de determinar la gravedad del daño en función de la reparación que se designe?

3.- ¿Es necesario lanzar la iniciativa para la creación de una Ley General de Imputados que garantice el debido proceso?

D)     Es cierto que el tema en concreto (víctimas) resuena en estos tiempos y de esta manera por razones tangibles e innegables. Pero iniciemos por recordar que, se quiera o no, uno de los objetivos primarios es defender a la población de las arbitrariedades y los crímenes de su propio Estado, de sus propias figuras de autoridad[6], cuando así se requiere. EVITEMOS PERDER DE VISTA LO ANTERIOR.

E)      Además, por ocioso que parezca el planteamiento, cualquiera podría encontrarse alguna vez en los zapatos de Zenaida y de tantos “presuntos culpables” cuyo único crimen es su pobreza, su ignorancia o su mala suerte. ¿Qué hay para estas personas?

F)      Hay quienes hablan de costos en metálico. ¿Para quién?

Citando al periódico El Economista:

“…la Ley obliga a los tres niveles de gobierno a la reparación integral en favor de las víctimas (y de su núcleo familiar) mediante el resarcimiento económico de los daños y perjuicios, así como a proveerles desde libros de texto gratuitos, gastos funerarios, servicios educativos, médicos y psicológicos, gastos de transportación, alimentación hasta alojamiento por tiempo indefinido.

Esta reparación económica –que puede ser individual o colectiva (incluyendo comunidades y organizaciones sociales)- comprende no sólo los casos de violencia o arbitrariedades del Estado, sino los casos de particulares que cometieron algún ilícito en contra de las víctimas.

Resulta muy complejo calcular cuánto costará -en promedio- cada una de las miles de víctimas que reclamarán recursos del fondo de ayuda. Lo cierto es que dicho fondo costarán miles de millones de pesos anualmente, cortesía de los contribuyentes, quienes observan cómo las autoridades realizan, una vez más, caravana con sombrero ajeno…”.

 

Pero ello es más bien la punta del iceberg.

A rescatar: Vale (y mucho) tener mecanismos de defensa a víctimas y reparación del daño. Independientemente de ello, los cambios deben hacerse de fondo y con mucha previsión, perfeccionando todos los “detallitos”, pues se busca hacer justicia, no generar más víctimas.


[1] Ver: Flor Goche. “Desaparición forzada: delito inexistente o mal tipificado”, Contralínea, 20 de junio de 2012. En: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/06/20/desaparicion-forzada-delito-inexistente-mal-tipificado/ [Última consulta: 9/02/2013].

[2] CADHAC. “CADHAC celebra la tipificación de la desaparición forzada de persona en NL”, Boletín de Prensa No. 1211/23, 13 de noviembre de 2012. En: http://www.cadhac.org/derechos_humanos/cadhac-celebra-la-tipificacion-de-la-desaparicion-forzada-en-nl/ [Última consulta: 10/02/2013].

[3] Se recomienda el texto “Los derechos del imputado y la víctima en los tratados internacionales de derechos humanos y su conflicto en el seno del proceso penal”, en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2005.2/pr/pr10.pdf

[4] En 1993, se tomó la primera acción significativa encaminada a la protección de las víctimas y la reparación del daño. Ver documento relacionado en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/19/pr/pr28.pdf [Última consulta: 10/02/2013].

[5] Con base en el texto: “El espejismo de la Ley General de Víctimas”, de Álvaro Vizcaíno Zamora. Documento completo en: http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=574:espejismo-ley-de-victimas&catid=45

[6] La Wikipedia argumenta: “El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley”. Esta definición es aceptada y manejada por múltiples ONG’s y otros agentes públicos internacionales.

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