Florence, Víctimas, Amparo, Debido proceso, Justicia

Por: ALEJANDRA SÁNCHEZ J. (Redacción de ASILEGAL)

Foto: ASILEGAL
Foto: ASILEGAL
Nota: el presente artículo no pretende de ninguna manera establecer juicios o calificativos sobre las personas directamente relacionadas con el caso Cassez y afectadas por el mismo. Por el contrario, tiene la finalidad de evidenciar, mediante un sencillo análisis, las fallas en las que incurren las autoridades en este tipo de circunstancias.

Las relaciones México – Francia están brillando en la diplomacia internacional y sus respectivos presidentes ya son libres de vilipendiar a “un ex mandatario (cuyo nombre vale más no mencionar) que basó sus acciones en un totalitarismo retrógrada”, mientras sobre el pecho de Peña cuelga la medalla de la democracia.

En su campaña pos electoral, una de las primeras acciones diplomáticas que el ahora presidente de México efectuó, fue su reunión con François Hollande, en la que resaltó el acuerdo de “respetar el fallo de la Suprema Corte”[1] con respecto al caso de Florence Cassez. ¿Pero qué significaba eso exactamente?

El fallo ya estaba dado, tanto así que Florence Cassez ya llevaba, entre una cosa y otra, 7 años purgados; 7 de sesenta que se determinaron tras una apelación, pues la condena inicial era de noventa y seis años.

Durante ese tiempo, el gobierno francés solicitó con insistencia la extradición de la ciudadana europea, haciendo cita del Convenio de Estrasburgo, cuyo documento expresa:

“Queriendo desarrollar más la cooperación internacional en materia penal; considerando que dicha cooperación debe servir a los intereses de una buena administración de justicia y favorecer la reinserción social de las personas condenadas; considerando que esos objetivos exigen que los extranjeros privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen; considerando que el mejor medio para ello es trasladarlos  a sus propios países…”.[2]

No obstante, el entonces primer mandatario mexicano, Felipe Calderón, afirmó que las diferencias entre las legislaciones de ambos países crearían conflictos en torno al propósito de impartición de justicia[3], dejando sin efecto o aminorando considerablemente la punición que la ley del Estado de condena[4] había determinado para la ciudadana francesa según sus infracciones, lo cual era inaceptable, por lo que estimó como inoperantes los términos del Convenio[5] para dicho caso.

Los testigos de los delitos imputados a Cassez, que sí los hubo, perdieron valor probatorio apenas hace unos días, a petición de la ministra Olga Sánchez Cordero de desacreditar totalmente las pruebas testimoniales por las inconsistencias y contradicciones que al parecer presentaban.

Contradicciones que se detectaron ¿cuándo? ¿En enero de 2013? ¿En el proceso previo a la sentencia de 96 años? ¿En el transcurso de  los  7 años mencionados?

¡¿Pues qué clase de sistema de justicia detiene a una persona (además extranjera, sin facilitarle las atenciones de su Consulado), recrea en televisión el operativo (con los protagonistas reales), la encarcela, luego localiza testigos, la condena, la encierra por siete años y por último revisa la congruencia y el valor probatorio de las declaraciones de los testigos, todo en ese orden?!

Si la máxima institución judicial fue capaz de instrumentar una puesta en escena para que se luciera su eficacia[6], ¿no sería también capaz de inventar, modificar, torcer y acomodar cualquier parte de los expedientes, de las declaraciones, de los procesos y de todo lo demás? ¿Cómo creer lo de hace 7 años y cómo creer algo ahora? No sólo es falta de transparencia, sino una serie de ridículas palabras de quitapón, sin sustento ni consistencia por ningún lado. En corto, carencia de toda legitimidad.

Pues bien, invalidando las pruebas testimoniales, lo que quedaba era considerar si Cassez era candidata a un amparo con base en las irregularidades de su proceso y, por lo tanto, en los abusos de las autoridades mexicanas.

Se resolvió, en efecto, que las prácticas incurridas tenían fallas por doquiera que se les analizara, así que la SCJN no tuvo más que determinar la inmediata libertad de F. Cassez.
Todo ello, en términos llanos, significa que fue aprehendida, enjuiciada, sentenciada y confinada sólo porque sí, ya que de un momento a otro resulta que no existen pruebas, ni una buena labor de investigación, ni un expediente fuerte… Nada.

Una condena de seis décadas no pudo ser impuesta “gratuitamente” y el enfado de Francia no pudo ser tan sutil si en ningún momento hubiera habido elementos que pusieran en entredicho la inocencia de una de sus compatriotas (al menos eso dicta la lógica; pero son simples suposiciones, dadas las circunstancias).De tal suerte que Francia solicitaba su extradición, pero no necesariamente su liberación (por más que ésta se viera venir).

Y un día, sin más, el Poder Judicial de la Federación decide que no hay pruebas, no hay debido proceso… Vaya, ¡que no hay caso!

Aquí surgen dos vertientes:

1.- Decir y reconocer que sin un debido proceso es ilegal e inconstitucional privar de la libertad y dictar sentencia a un imputado, por lo que la decisión de liberar a Cassez debería aplaudirse.

2.- Darse cuenta de que el fin ulterior del sistema de impartición de justicia simple y sencillamente no se cumplió. ¿O es que se restituyó el daño a las víctimas? ¿Se libró la sociedad de los peligros del crimen organizado? No, porque la prioridad no era ésa, sino demostrar (o fingir) que los funcionarios públicos en cuyas manos ponemos nuestra seguridad, hacen valer su sueldo, procedente de nuestros impuestos.

Pero ¿y la justicia?

Lo único que queda claro es que cualquiera de nosotr@s somos susceptibles de sufrir la violación de nuestros derechos humanos y garantías procesales; además, por supuesto, de que no importa si alguien cometió o no el delito, ni si se cumplieron o no los términos del debido proceso. Lo que sí importa es si tienes los contactos y los medios para evidenciarlo, porque si no, la única opción es pudrirse en la cárcel. Esta verdad nos confirma la criminalización de la pobreza.

Respecto a si Cassez es una mártir y un instrumento que el anterior gobierno mexicano utilizara para legitimar sus estrategias, como si es una criminal que tuvo la suerte de toparse con un sistema incompetente…, bueno, la simple existencia de esta interrogante, la mera traza de duda relacionada, es la más grande prueba de las vergonzosas deficiencias del aparato Procurador y de uno de los tres grandes Poderes en los que se basa nuestra Constitución.

A fin de cuentas, si no era ella, ¿dónde está la verdadera culpable? Y si no había tal, ¿de dónde salieron estas víctimas que en un principio lograron ponerla tras las rejas?

Para ver línea del tiempo del caso Cassez, visita: Animal Político/caso Cassez, en: http://mariana.content18.com/crono_cassez/html/index.html

[1] Ver: Miriam Castillo/AFP. “Respetarán Peña y Hollande decisión de la Corte en caso Cassez”, Milenio, 17 de octubre de 2012. En: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c196e3ff83274045e678264f369f8745 [Última consulta: 26/01/2013].

[2] Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas, suscrito en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983, al cual se adhirió México el 13 de julio de 2007 y entró en vigor en nuestro país el primero de noviembre de ese año, de acuerdo a la información del Consejo Europeo. Ver Documento completo del Convenio, en: http://www.senado.gob.mx/content/sp/sp/content/ii/personas_condenadas.pdf [Última consulta: 26/01/2013].

[3] Ver: Lauro L. Rodríguez Z. “Tratado de Estrasburgo”, Milenio, 13 de marzo de 2009. En: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8544666 [Última consulta:25/01/2013].

[4] Se conoce como Estado de condena al Estado donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada o que lo haya sido ya. Ver: Convenio de Estrasburgo, Artículo 1. http://www.senado.gob.mx/content/sp/sp/content/ii/personas_condenadas.pdf

[5] En el artículo 9, numeral 2 del Convenio, se especifica que “El Estado de condena no podrá hacer que se cumpla la condena cuando el Estado de cumplimiento considere el cumplimiento de la condena como terminado”. http://www.senado.gob.mx/content/sp/sp/content/ii/personas_condenadas.pdf

[6] El 9 de diciembre de 2005, en los noticieros mostraron imágenes donde ocurría el operativo de arresto de los secuestradores  y el rescate de las víctimas “en vivo y en directo”, mismo que más adelante (el 10 de febrero de 2006), según reconoció  García Luna, fue transmitido un día después del operativo real, es decir, que lo que se transmitió fue una recreación de los hechos. Ver video del operativo en: http://www.youtube.com/watch?v=elxeG6hRae0&feature=player_embedded [Última visita: 27/01/13].

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