Marcha atrás a la reforma: Entrevista con José Luis Gutiérrez Román

Por David Alexir Ledesma Feregrino (redacción@asilegal.org.mx)

Redacción de ASILEGAL

Han pasado apenas cuatro meses desde que la LXII Legislatura inició sus funciones y ya hemos conocido, cuando menos, dos iniciativas que ponen en peligro los avances logrados durante los últimos años en materia de Derechos Humanos (DDHH). La más reciente se trata de una iniciativa de reforma al Artículo 1° Constitucional; mismo que fuera modificado en el 2011, reforzando el carácter garantista de nuestra Carta Magna. En aquél entonces se realizó una serie de modificaciones que representó un cambio de paradigma sobre el entendimiento de los DDHH por el Estado Mexicano. Entre otras cosas, la Constitución dejó de «otorgar» los derechos, como una dádiva, para empezar a «reconocerlos». Este progreso, consumado hace apenas un año y unos meses, se encuentra ya en peligro ante el impulso de una iniciativa que representaría un latente debilitamiento de la protección de los Derechos Humanos en los Estados Unidos Mexicanos (EUM).

La iniciativa fue presentada el pasado 3 de enero del 2013 por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a través de la Gaceta Parlamentaria. De aplicarse, el segundo párrafo del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) quedaría de la siguiente forma:

«Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133».

El resultado de la reforma sería un atentado contra el principio de progresividad constitucional, al impedir que la CPEUM garantizara la protección más amplia para las personas. Al respecto, más de 200 activistas y organizaciones de la sociedad civil emitieron una carta abierta en la que expresaron su preocupación por el potencial debilitamiento de la protección a los DDHH que implicaría el progreso de esta iniciativa. Mediante esta carta, la sociedad civil calificó la propuesta de regresiva; por retroceder en el número y amplitud de la protección de DDHH reconocidos, además de excluir a la CPEUM del grupo de constituciones de avanzada en América, entre otras razones.

La reforma tendría demasiadas implicaciones. En primer lugar, una de las preocupaciones es que atenta contra el principio de progresividad constitucional declaró José Luis Gutiérrez Román, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL), en entrevista para el Blog ASILEGAL. La propuesta eliminaría cualquier posibilidad de que un juez aplicara una norma más proteccionista que la CPEUM, dejando a la población desprotegida ante modificaciones arbitrarias de la Carta Magna. Muchos tratados internacionales, especialmente los de Derechos Humanos, son mucho más progresistas; contienen normas específicas mucho más amplias abundó Gutiérrez Román, quien también expresó su preocupación ante el cierre de la oportunidad de utilizar el principio pro persona de efectuarse la reforma. Principio que tiene como fin la aplicación de las normas más favorables en beneficio de las personas.

Es un retroceso muy fuerte y además tiene un peso muy importante porque la reforma de 2011 no fue fácil de realizar. Fue un trabajo muy arduo que la sociedad civil hizo. La reforma volvería obsoletos los tratados de los que los EUM fuesen signatarios, en materia de Derechos Humanos. Se establecería la CPEUM como estándar máximo y se estarían cerrando abanicos de posibilidades mayores. Además, la iniciativa carece de una finalidad concreta manifiesta y podría estarse realizando justo con el fin de solapar futuras modificaciones en detrimento de los DDHH. Pese a que el diputado Arroyo Vieyra ha sustentado su iniciativa en la presunta dificultad de hacer efectiva la reforma del 2011, el asunto parece tratarse, más bien, de voluntades políticas.

Desde la perspectiva de Gutiérrez Román, dificultad no ha habido. Más que el hecho de que los actores estatales no han creado mecanismos que son necesarios y que dependen de voluntades políticas específicas. Por otro lado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, planteaba como justificación algunos casos particulares en los que los tratados internacionales podrían contraponerse con los principios de la CPEUM. Estos casos serían, entre otros, las limitaciones a la libertad de expresión en épocas electorales y la posibilidad de que un ministro de culto fuese votado. Sin embargo, estos requerirían de escenarios poco lógicos para tener lugar; puesto que al firmar o ratificar un tratado, los EUM habrían pasado por un proceso de negociación y contraste con sus leyes internas. Es decir, nadie impone, expresamente, la firma de un tratado íntegro. Un país cuenta siempre con la posibilidad de mantener reservas ante algunas fracciones de un tratado o de emitir de forma explícita la interpretación que realizará sobre ciertos puntos.

Ante un caso como el de los ministros de culto, mencionado por Arroyo Vieyra en entrevista con Carmen Aristegui, José Luis Gutiérrez Román señala que el Estado puede poner reservas a un tratado con respecto a eso. Por otro lado, también las pudo poner en su momento antes de firmar o ratificar un tratado. Si cuando se firmó o se ratificó el tratado, no puso una reserva porque no quería que los ministros de culto pudieran ser votados, eso es otro problema. ¿Qué es lo que tendría que hacer Arroyo Vieyra si ésta es su preocupación? Pues una denuncia del tratado. En caso, claro, de que este último existiera. El Estado Mexicano ha tenido en todo momento la forma de mantener sus reservas. Y, a menos que al Senado «se le escapara» algún punto en la revisión de un tratado, nadie podría imponerle (expresamente) que atentara contra su propia Constitución.

Por eso la reforma del 2011 es clara: pueden aplicarse los tratados internacionales firmados y ratificados por México. No vamos a pedir que nos apliquen tratados internacionales que sólo la Unión Europea tiene, o que la Comisión Africana tiene declaró Gutiérrez Román. Es así que esta súbita y reciente preocupación por el posible debilitamiento de la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano, que el diputado Arroyo Vieyra ha experimentado, resulta infundada. Al igual que su preocupación ante la eventual vaguedad de un principio de un tratado, en contraste con la CPEUM; puesto que, en dado caso, según el principio pro persona se aplicaría aquel principio que beneficiase más a la(s) persona(s) en cuestión.

Ante las preocupaciones y los recovecos, Arroyo Vieyra ha declarado que no continuará impulsando la iniciativa. Sin embargo, tampoco ha dicho que pretenda retirarla y la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados está ya promoviendo su aprobación. El diputado ha expresado, en entrevista con Aristegui, que existe el «ánimo de protección, promoción y preservación de los derechos humanos como política inminente del régimen». Discurso que, para Gutiérrez Román, no resulta congruente con la presentación y promoción de semejante reforma. No es un discurso posible ni tampoco sería una realidad. Realizando la reforma justamente se estaría coartando este principio de progresividad que ya habíamos ganado declaró.

Las verdaderas razones que han llevado a impulsar la reforma resultan aún difusas. Al respecto, el abogado especialista en Derechos Humanos, Silvano Cantú, sugirió en entrevista con La Jornada la posibilidad de que la iniciativa esté siendo impulsada por algún otro actor, que podría ser el gobierno federal. La reforma no presentaría ninguna utilidad real y es por ello que ha levantado diversas sospechas. No hay un afán de protección y promoción de los Derechos Humanos ha resaltado José Luis Gutiérrez Román. Quizás hay otras voluntades atrás de ello. Este propio principio de presunción de inocencia hace que el arraigo se vea completamente ridículo dentro de la Constitución y que se vea incoherente. Y es que, pese a los intentos por hacer ver la CPEUM como ampliamente garantista, la incongruencia sale a la luz con figuras como el arraigo y la prisión preventiva. Toda esta presión que se ha tenido a partir de la reforma del 2011, justamente ha dejado evidencia de que la Constitución es incoherente en su contenido. Por una parte reconoce derechos fundamentales pero por otra les pone cadenas, candados y condicionesha señalado Gutiérrez Román.

Sea cual sea el trasfondo, la iniciativa seguirá latente si no es retirada por Arroyo Vieyra. El riesgo es inminente expresa Gutiérrez Román. Puede que en cualquier momento se discuta y entraremos entonces en dinámicas más complicadas (…) mientras no sea arrancada de raíz puede ser retomada en cualquier momento.

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