Reivindicación del matrimonio igualitario en Oaxaca: hechos y futuro latente

Reivindicación del matrimonio igualitario en Oaxaca: hechos y futuro latente

Por David Alexir Ledesma Feregrino (redaccion@asilegal.org.mx)

REDACCIÓN DE ASILEGAL

Ilustración por Dulce García

El pasado miércoles 5 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los Estados Unidos Mexicanos (EUM) declaró como inconstitucional el Artículo 143 del Código Civil del estado de Oaxaca. «El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida» dice el primer párrafo del Artículo citado, limitando así la forma y objetivos de esta institución social. La resolución de la Corte surgió como resultado de tres amparos presentados por parejas homosexuales a las que les fue negado el matrimonio. Las familias intentaron legitimar su unión ante el Estado, encontrándose con la negativa de las autoridades de Oaxaca y con los impedimentos de una ley discriminatoria.

El suceso tuvo su raíz en 2011, cuando un juez federal otorgó un amparo a una pareja de mujeres a las que se les impidió la contracción del matrimonio. Este fue promovido bajo el alegato de violación de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, perpetuado por el Artículo 143 del Código Civil de Oaxaca. Dos amparos más fueron otorgados, presentándose tres ante la SCJN bajo los proyectos elaborados por los ministros Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo y José Ramón Cossío. Los proyectos necesitaban la aprobación de tres de los cinco integrantes de la Primera Sala para prosperar. Todos lograron aprobación mayoritaria y uno se resolvió por unanimidad.

Dulce García

La SCJN llegó a su decisión final al considerar que la definición del matrimonio por parte del Código Civil, así como los fines que establece, se contraponen a algunos principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Se declaró, además, que la imposición de procrear es un atentado «contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad». La Corte estableció que el matrimonio debía ser interpretado como un contrato civil celebrado entre dos personas, sin importar su género. De esta manera, las dos parejas de mujeres y la pareja de hombres que han sido amparadas podrán ahora legalizar su unión ante el Registro Civil de la entidad. La reivindicación de este derecho civil, para estas seis personas, resulta notable por haber sido lograda a partir de una iniciativa ciudadana; a diferencia de otros casos en los que el proceso emana de los legisladores y las legisladoras.

La resolución de la SCJN es válida únicamente para las parejas amparadas, por lo que el valor de la misma para el total de la comunidad LGBTTTI es sólo simbólico y potencial. Con excepción de cuatro entidades, todos los Códigos Civiles del país permiten sólo la unión matrimonial de las parejas heterosexuales. En el D.F. el matrimonio homosexual ha sido reivindicado como resultado de una lucha histórica, mientras que en Quintana Roo, Tamaulipas y Colima los códigos jamás han especificado el sexo de los contrayentes. Siendo en estas últimas entidades el matrimonio homosexual más un vacío legal que el resultado de una idiosincrasia progresista. Sin embargo, y pese a la oposición de la legislación retrógrada, la resolución de la Corte podría dar pie al reconocimiento del matrimonio igualitario en toda la extensión de los EUM.

Para que esto fuera una realidad, otras parejas no heterosexuales que quisieran contraer matrimonio en la entidad tendrían que emular el proceso sucedido. Estos otros casos hipotéticos podrían recibir una respuesta similar por parte de la SCJN; aunque esto es, por el momento, sólo una suposición. Las tres resoluciones continuas que ha emitido la Corte se consideran por ahora como tesis aisladas. Para sentar jurisprudencia, y que en adelante las interpretaciones sean las mismas de manera ininterrumpida, hacen falta otras dos resoluciones continuas emitidas en el mismo sentido. La jurisprudencia podría servir como un apoyo para las parejas no heterosexuales amparadas en un futuro.

Como respuesta a las resoluciones, las fracciones legislativas locales de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron en favor de los amparos y de los matrimonios homosexuales. Además, los legisladores y la legisladora del PT, Flavio Sosa, Hita Ortiz y Pavel López, presentaron la semana pasada dos iniciativas en favor del matrimonio no heterosexual. Estas pretenden reformar el Artículo 143 del Código Civil con el fin de reivindicar el matrimonio entre parejas homosexuales. Las iniciativas de Reforma se sustentan en el Artículo 1° de la CPEUM, que prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluyendo explícitamente la discriminación motivada por las preferencias sexuales.

Las iniciativas también se basan en el Artículo 4° que declara la equidad entre hombres y mujeres y la protección obligatoria, por parte del Estado, de la organización y el desarrollo de la familia. Se señala que esto debe incluir a las familias homoparentales tanto como a las heteroparentales. Asimismo, las iniciativa hacen referencia al sustento que el matrimonio homosexual encuentra en los artículos 2°, 7 y 27° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 23° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estas propuestas serán analizadas por las Comisiones de Administración de Justicia y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa del estado de Oaxaca.

Por otra parte, en el estado de Colima, los legisladores también han empezado a analizar la reivindicación del matrimonio homosexual. Mientras que en Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México algunas parejas no heterosexuales han hecho pública su intención de ampararse como lo hicieron las parejas oaxaqueñas. La acción colectiva que podría estar a punto de desatarse representaría una gran presión para los actores estatales por parte de la ciudadanía. Estaría entonces en las manos de la Suprema Corte, de los legisladores y de las legisladoras la responsabilidad de dar el siguiente paso hacia la reivindicación del matrimonio igualitario.

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