La Reforma Laboral en perjuicio de los DDHH (Parte III)

La Reforma Laboral en perjuicio de los Derechos Humanos; Parte III: Derecho de huelga y transparencia sindical

Por David Alexir Ledesma Feregrino / (Fotografía por Eli Rui Pas)

 

Derecho de huelga

La iniciativa de Reforma presentada por el Presidente Felipe Calderón representa una serie de limitaciones jurídicas a varios de los derechos del trabajo. Tal es el caso del derecho de huelga, que pretende ser negado al agregarse a la ley diversas especificaciones que podrían alargar y burocratizar la vía institucionalizada de realización de un paro. Se prevé que éste pueda ser legalmente impedido al no señalarse con precisión, versada e instruida, las violaciones cometidas al contrato colectivo de trabajo. Asimismo, se requiere que los trabajadores y las trabajadoras señalen las vías por las que éstas deberían ser reparadas. Una vez conseguida, la huelga se vería limitada por una modalidad de salarios caídos antes inexistente.

Sin importar el tiempo que pudiera durar un conflicto, los salarios serían percibidos sólo por un lapso máximo de doce meses. Ante cualquier conflicto de mayor duración, los trabajadores y las trabajadoras dejarían de percibir un sueldo. Es precisamente en ese límite temporal que se vería mermado el derecho de huelga. Por otro lado, la Reforma pretende permitir el arbitraje de terceros en paros que duren más de 60 días, para servicios públicos. Para otros casos, el límite mínimo a partir del cual podría existir la intervención sería de 120 días.

El derecho de huelga es un derecho del trabajo cuya reivindicación ha sido producto de una ardua lucha a través de la historia. Resulta difícil visualizar una forma de «limitarlo» sin que exista implícita una violación. El pretender que un derecho se ajuste a un lapso predeterminado se contrapone, de alguna forma, a la propia definición de los Derechos Humanos. México se ha comprometido a respetar y proteger el derecho de huelga a través de la ratificación de numerosos documentos. Entre estos encontramos el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Transparencia sindical

Muchos son los aspectos que la Reforma Laboral presenta en detrimento de los derechos del trabajo; sin embargo, es necesario ser justos y señalar aquellos que resultan favorables y progresistas. El Ejecutivo Federal incluyó en su iniciativa algunas propuestas que podrían terminar con los regímenes de corrupción sindical o, cuando menos, debilitarlos. Mediante la previsión del voto libre, directo y secreto de los trabajadores y las trabajadoras para elegir a los miembros de la dirección sindical, se intentaría terminar con los líderes y las lideresas perpetuados desde hace bastante tiempo en las cúpulas.

La obligación de las directivas de los sindicatos a la rendición de cuentas sería, por fin, materializada en las leyes. Los líderes y las lideresas tendrían que entregar periódicamente un resumen de los resultados de la administración del patrimonio sindical. De manera que los trabajadores y las trabajadoras se mantendrían informados(as) de manera permanente. El reporte incluiría una síntesis de la situación de los ingresos por cuotas sindicales y el destino que se les habría dado a los mismos. Si el sindicato contase con más de 150 agremiados, estos resultados tendrían que ser verificados por un auditor externo. En cualquier caso, el reporte tendría que realizarse de manera amplia y difundirse por todos los medios disponibles. La transparencia se vería beneficiada y se fomentaría la participación activa de los agremiados, además de que ésta resultaría más sencilla.

La voluntad política no se inclinó, esta vez como otras tantas, en favor de los derechos. La Reforma Laboral fue aprobada, en lo general, por la Cámara de Diputados; con modificaciones particulares a las beneficiosas propuestas en materia sindical. Una vez llegada la discusión a la Cámara, los diputados y las diputadas de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como un diputado del Partido del Trabajo, votaron en contra de la democracia sindical. La Reforma Laboral quedó así consolidada como un paquete de ajustes a la normatividad en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en beneficio de los poderes fácticos.

El poder legislativo de los sindicatos

Los motivos que impulsaron la Reforma Laboral pueden resultar más o menos visibles y claros (algunos de ellos, de hecho, se expusieron a través de esta serie). Sin embargo, aquellos que terminaron con las propuestas de transparencia y democracia sindical merecen atención aparte. Son muchos los intereses que se están anteponiendo a los derechos del trabajo y provienen, en gran parte, de las figuras que se han instaurado con el fin de protegerlos. Las cúpulas sindicales han ido adquiriendo con el tiempo una gran influencia en el Poder Legislativo y los intereses monetarios han hecho lo propio con las cúpulas sindicales.

Desde que, hace algunos años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentara su propuesta de Reforma, fue del conocimiento público la posición del mismo con respecto a estas asociaciones. El Partido habló de fortalecer la autonomía sindical, dejando en claro que las autoridades públicas deberían abstenerse de intervenciones. Hecho que, con disfraz de liberación e independencia, pretende evitarle a los líderes y las lideresas las engorrosas auditorías y la inconveniente necesidad de anteponer la transparencia.

El PRI es el Partido en cuya bancada se encuentran mayormente representadas las cúpulas sindicales. Hecho que no significa que el resto de Partidos se encuentre libre de ellas. Actualmente, existen 40 diputados y diputadas federales que pertenecen a directivas de organizaciones sindicales. 28 de ellos(as) se encuentran en el PRI, 7 en el Partido Nueva Alianza (PANAL), 7 en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 1 en el Partido Acción Nacional (PAN) y 1 en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Esta alta representación pudo haber impedido la reforma en materia de democracia y transparencia, con el fin de seguir manteniendo los beneficios de las directivas.

***

La propuesta del Presidente Calderón en materia sindical habría afectado el poder de los líderes y las lideresas dentro de sus organizaciones, pero fue frenada por los(as) mismos(as) y sus representaciones dentro de la Cámara de Diputados. Su aprobación total no habría sido, de cualquier modo, un gran beneficio para los trabajadores y las trabajadoras. El daño lo hace la Reforma en su conjunto y las modificaciones a los sindicatos habrían significado apenas el rescate de un poco de todo lo que podría perderse. Por fortuna, gracias a que el tema ha sido el que más ha dividido las opiniones de las Cámaras, la Reforma será nuevamente sometida a discusión.

La Cámara de Senadores analizó las propuestas y, tras votaciones y empates, se ha determinado devolver la Reforma a la Cámara de Diputados. Ésta tendrá que volver a discutirla en cuanto a los temas de transparencia y democracia sindical. La Reforma ha perdido así su carácter como iniciativa preferente. Ante ello, los legisladores podrán darle el mismo tratamiento que se le da a cualquier otra iniciativa de ley, a diferencia del tratamiento previo que se realizó con carácter urgente. Corre entonces el riesgo (¿para quiénes?) de que la Reforma Laboral sea archivada y no pase nuevamente de la Cámara de Diputados, quedando por largo tiempo «congelada».

El destino de la Reforma Laboral es también el destino de los derechos del trabajo en México. Derechos que, valga notar, fueron elevados al rango constitucional en 1917 por el Estado Mexicano. Convirtiéndose así el gobierno de nuestro país en el primero en consagrar los mismos en su Constitución. El tiempo y los legisladores dirán si este camino progresista es continuado o se detiene en detrimento de las mujeres y los hombres que, con su trabajo, dan vida a nuestra sociedad.

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