La Reforma Laboral en perjuicio de los DDHH (Parte I)

La Reforma Laboral en perjuicio de los Derechos Humanos; Parte I: Salario mínimo y otros derechos del trabajo

Por David Alexir Ledesma Feregrino

A partir del proyecto presentado por el Presidente Felipe Calderón, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, el pasado 28 de septiembre, una serie de modificaciones a las regulaciones del trabajo. Existen aspectos de la reforma que favorecen a los trabajadores y las trabajadoras, mismos que han sido encarecidamente resaltados por diversos elementos de las administraciones actual y entrante. Sin embargo, estos se ven mermados por una serie de derechos que resultan virtualmente vulnerados por la misma. Aunque el Estado está obligado a modificar y crear leyes siempre de manera progresista, lo cierto es que la reforma discutida evadió la observación de numerosos tratados, de carácter internacional, que protegen los Derechos Humanos.

Existieron algunas coincidencias entre la mayoría de diputados y diputadas de la Cámara, tales como el combate a la discriminación y el acoso sexual; sin embargo, temas como la flexibilidad laboral y la transparencia sindical dividieron las opiniones. Mientras que algunos(as) diputados y diputadas se opusieron a modificaciones que creían perjudiciales para los trabajadores y las trabajadoras, otros tantos decidieron apoyarlas en favor del capital y del llamado charrismo sindical. A lo largo de la siguiente serie, abordaré aquellos aspectos que se encuentran, o podrían encontrarse, en contraposición con la protección, la garantía, la promoción y el respeto a los Derechos Humanos. La serie constituye un intento por destacar el retroceso y la desprotección que la reforma implica y que han sido invisibilizados en el tratamiento mediático.

Raíces de la Reforma Laboral

Existe una creciente tendencia, a nivel internacional, a eliminar el carácter tutelar de las instituciones de trabajo; convirtiendo éstas en potenciales herramientas del autoritarismo y la explotación. Siguiendo esta tendencia, surge, a manos del Ejecutivo, la iniciativa de Reforma Laboral en México. A partir de la validación de nuevas modalidades de contratación, de contratos por hora con salarios precarios y de límites en los juicios laborales que favorecen a los patrones y las patronas, está por llevarse a cabo en el país una modificación a las leyes que podría desembocar en el aumento de la brecha de desigualdad social.

Entre las modificaciones propuestas, además de las ya mencionadas, está la instauración de los contratos a prueba. Gracias a ellos los trabajadores y las trabajadoras tendrían, al ser contratados, únicamente un mes de empleo seguro; tiempo en el cual se evaluarán su desempeño y habilidades. Si pasado este lapso el patrón o la patrona decide que el individuo no es apto para el desempeño del trabajo, podría despedirlo sin mayor demostración ni recurso legal alguno por parte del trabajador o la trabajadora. Iniciativas como esa dejan a los y las jóvenes en una posición de desventaja al ingresar por primera vez al mercado laboral; con habilidades aún por ser desarrolladas y sin experiencia. Esto se incrementa con la introducción de los contratos por temporada y de capacitación inicial.

Aunado a ello, la mayoría de los diputados y las diputadas ignoró aquellas modificaciones que podrían resultar beneficiosas para la transparencia y democracia sindical. La reforma contaba con propuestas como el voto libre y secreto de trabajadores y trabajadoras para escoger a sus líderes y lideresas sindicales. Pretendía, también, hacer públicos los registros de sindicatos, padrones y reglamentos. El Partido Revolucionario Institucional, en cuya bancada se encuentran mayormente representadas las cúpulas sindicales, fue el principal opositor a tales iniciativas.

Para el catedrático Arnaldo Córdova, según su artículo «La esclavización del trabajo», el objetivo general de la reforma «es poder explotar al trabajador, sistemática y exhaustivamente, sin tener que toparse con engorros como un salario predeterminado, un horario de trabajo preestablecido y, sobre todo, un sindicato que negocia por el trabajador y defiende su causa». Mientras que el país requiere de un equilibrio entre protección social y una nueva estructura laboral, lo que se obtiene es un decremento de derechos y protección.

Para Jaume Saurá Estapá, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, una economía en riesgo no justifica dicha merma. Por el contrario, «en tiempos de crisis como el actual, los Estados no [tienen] un derecho irrestricto a deshacer los logros alcanzados en materia social, sino que [tienen] el deber de seguir progresando o al menos de mantener lo alcanzado». Pese a ello, la Reforma ha sido aprobada con 351 votos en favor. El documento será ahora analizado por el Senado de la República, que contará con 30 días para tal acción.

El derecho al trabajo y los derechos del trabajo

El derecho al trabajo se refiere a la posibilidad de un individuo de ser participe de manera libre en actividades productivas o de prestación de servicios a la sociedad. Asimismo, se refiere al pleno disfrute de los beneficios generados a través de esas actividades. Estos deben garantizar un nivel de vida adecuado. Es decir, involucra aspectos como la forma de los contratos, los salarios y las horas de trabajo. La inestabilidad que los contratos que la reforma validaría podría representar una merma en la garantía del nivel de vida, incluida en este derecho. Por otro lado, los derechos del trabajo son las normas creadas con el fin de proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Estos derechos incluyen sindicación y huelga, tanto como unas condiciones dignas de trabajo, seguras e higiénicas, el acceso a una remuneración adecuada y el derecho a la igualdad en el trato.

El derecho al trabajo es el primero de los reconocidos por el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo sexto de dicho documento establece que «[e]ntre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana». La iniciativa de reforma ignora los programas, normas y técnicas mencionados. Mientras que posibilita a los patrones y las patronas a someter a prueba a los trabajadores y las trabajadoras, y a despedirlos(as) por falta de aptitudes, no prevé la forma de lograr que estos y estas últimos(as) desarrollen las habilidades que necesitarían para conservar un empleo.

Además, la iniciativa de reforma propone los ascensos laborales a partir de la productividad de los trabajadores y las trabajadoras. Esto constituye una falta al Artículo séptimo del Pacto, que menciona que existirá «igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad». El Pacto no establece una relación directa y lógica entre capacidad y productividad, y los promotores de la reforma tampoco.

Por otro lado, las nuevas formas de contrato provocan la inequidad en perjuicio de los y las jóvenes supuestamente inexpertos(as). Esto se contrapone al Artículo 7 del Protocolo de San Salvador que establece que «toda persona goce del mismo (derecho al trabajo) en condiciones justas, equitativas y satisfactorias». La reglamentación del mercado laboral propuesta representa a una desventaja para las personas «sin experiencia» y no prevé una forma de permitirles adquirirla, según el precepto de condiciones equitativas del Protocolo.

Salario mínimo

La propuesta de reforma genera la posibilidad de que el salario se establezca por unidad de tiempo. Se permitiría entonces que el/la trabajador(a) convengan el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre que no exceda la jornada máxima legal de ocho horas. Es importante aclarar que esto no implica la división del salario mínimo entre el número de horas trabajadas por un empleado. Por cualquier unidad de tiempo deberá pagarse, cuando menos, el salario mínimo establecido en la ley. Sin embargo, eso sigue lejos de representar una ventaja para el trabajador.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo «deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos». Sin embargo, la realidad es que el salario mínimo se encuentra muy por debajo de esas características. La Reforma, que analizará el Senado, no prevé cambios en favor de la alza del salario o en la manera en que el mismo se establece.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe lamentó, en su informe de los años 1989-2004, que «a pesar del positivo crecimiento de los indicadores macroeconómicos en México, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, la Comisión Nacional de Salario Mínimo no ha ajustado al alza el salario mínimo». Mencionó además que, en el momento que el informe fue efectuado, era «preciso ganar alrededor de cinco veces el salario mínimo para adquirir la canasta básica constitucional».

Según el análisis realizado por Miguel Santiago Reyes en «Los salarios en México», que considera los parámetros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, México se ubica por debajo del plano internacional, con respecto a su nivel de desarrollo, en el ámbito de salarios mínimos. Esto es consecuencia de la falta de una clase empresarial con mayor visión del país y de la falta de un sindicalismo independiente de los gobiernos. En México, el establecimiento del salario mínimo toma en cuenta las posturas de los grandes grupos empresariales; lo que provoca que se tomen como prioridad los intereses de unos pocos. Nada propone la reforma al respecto, por lo que el salario seguirá sin cumplir con los derechos del trabajo que la CPEUM establece.

Para Arnaldo Córdova, «[la] embestida en contra del trabajo no es sino una ofensiva generalizada en contra del salario». La raíz de ello está, precisamente, en el pago por horas. El pago por hora, según Córdova, «se convertirá en el modo en que se pague el salario y eso abre la puerta a mil y un abusos por parte de la patronal sobre los que no habrá absolutamente ninguna tutela, pues en la misma ley desaparece por completo». Se flexibiliza el trabajo sin prever el alza del salario ni la modificación en la forma de su establecimiento.

* * *

La siguiente entrega será dedicada a las nuevas formas de contratación y juicios laborales. Con respecto a estos temas, la reforma ofrece, entre otras cosas, ventajas para la figura contratante. Este hecho podría implicar la desprotección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en beneficio de los patrones y las patronas; contraponiendo la ley con el principio de universalidad de los Derechos Humanos.

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