SÍNDROME DISCRIMINATORIO

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud (…) y cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. (Art. 1º, párrafo 3, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Probablemente no existe una persona que viva en sociedad sin que alguna vez haya sufrido algún tipo de discriminación, leve o grave, directa o indirecta, de palabra o de hecho, sin importar la motivación ─el pretexto─ que se elija.

Basar el valor y el derecho de una persona en una característica inherente a ella, con la que nació o que no puede evitar (y que esencialmente no perjudica a terceros), es tan común como irracional. Tal es el caso de las personas con trastornos mentales, quienes sufren una segregación disfrazada, lo que la hace “socialmente aceptable”, lo cual es aún más grave.

Un trastorno mental o padecimiento psiquiátrico (por ser esta la rama de la Medicina que lo atiende) es una afectación a la salud que influye en el ánimo, comportamiento y/o conducta de quien la padece. La mayoría se manifiesta más claramente durante la adolescencia.

Aunque existen casos en que dicha enfermedad es tan aguda que pone en peligro la seguridad y bienestar de quienes rodean al paciente, éstos son la minoría; mientras tanto, la mayor parte de los casos es tratable, lo que hace posible llevar una vida digna y provechosa.

Sin embargo, ¿quién anota “esquizofrenia” o “bipolaridad” como padecimiento en el llenado de una solicitud de empleo? Probablemente nadie. Ello se debe a que los problemas de salud mental se han encasillado en el término “locura”, satirizándolo y convirtiendo a quienes los sufren en “inadaptados”, “raros” y otros adjetivos que los estigmatizan y los descalifican sistemáticamente.

En ocasiones es relativamente fácil que una persona oculte esta condición en la escuela o el trabajo (para evitar ser señalada o aislada) por lo que muchas veces la principal discriminación proviene de amigos, familiares y la pareja, a razón de que conviven más estrechamente con la persona enferma y pueden notar la recurrencia de los síntomas, quizás sin estar ética o documentalmente preparados para brindar apoyo o al menos comprensión, lo que limita la tolerancia y en muchos casos condiciona o vulnera las relaciones interpersonales más importantes.

Por supuesto, el desconocimiento de la propia enfermedad es muy frecuente y aún cuando se conoce, el tratamiento puede ser complicado, ya sea porque no hay un diagnóstico oportuno; porque a menudo debe atenderse “de por vida” (lo que implicaría en el mejor de los casos el constante acompañamiento por gente cercana, o al menos un gasto constante); porque hay poca información acerca de cómo o dónde se tratan estos padecimientos; porque los seguros médicos no suelen cubrir estos casos; o bien porque es “penoso”, “desagradable” e “inaceptable” asumirse como una persona enferma en el fuero interior así como en el contexto de convivencia. Existe pues, una auto-discriminación y una auto-descalificación adoptadas de la costumbre social.

Un elemento de riesgo es la subestimación de los síntomas o de la enfermedad en sí misma, ya que al considerarse una condición insignificante o pasajera[1] (ya sea por parte del paciente o de sus familiares, etc.) se puede omitir la medicación o el tratamiento, rechazar y excluir a la persona enferma por miedo e incomprensión, o incluso ignorar señales de alerta sobre un episodio que pueda desenlazar en fatalidad (por ejemplo, una depresión que culmina en suicidio).

Aun en la actualidad, la suposición de que el comportamiento o estado anímico “anormal” de una persona se deba a un padecimiento orgánico, sigue viéndose con cierto escepticismo. Esto constituye un obstáculo para que los enfermos lleguen al punto de partida de su tratamiento y, por consiguiente, que lleven una vida más plena.

Otro problema es la falta de difusión de datos sobre las instituciones que se dedican a esta rama, tanto públicas como privadas, mismas que tampoco cuentan con una evaluación exhaustiva respecto a su eficacia y su accesibilidad.

La Organización Mundial de la Salud publicó el Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental, que incluye la guía: “Legislación sobre salud mental y derechos humanos”[2]. Esta pretende orientar a las instituciones y órganos estatales para generar políticas públicas y leyes que garanticen la atención e inclusión de las personas con trastornos mentales en todas las esferas sociales enfatizando el acceso a los servicios de salud correspondientes.

Hoy en día no se contemplan legislaciones específicas sobre el tema y solamente se regula a través de las generalidades de aquellas convenciones, normas, pactos, etc., que tratan el tema de la salud o de las discapacidades, sin ahondar en las minucias de la enfermedad mental y el impacto que tiene en la vida de las personas.

Existen alentadores ejemplos de incidencia ciudadana gracias a la cual se ha dado a conocer esta situación y se ha creado conciencia, como la “Declaración de Madrid contra el Estigma y la Discriminación de las Personas con Enfermedad Mental”[3], del 11 de enero de 2011, que es un avance notable.

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