DSyR de mujeres privadas de libertad en México

Por David Ledesma Feregrino / redaccion@asilegal.com.mx

Las personas privadas de la libertad en México se enfrentan diariamente a escenarios en los que  sus derechos fundamentales son violados; mismos que, en conjunto, incrementan la marginalización de este sector de la sociedad. Estas situaciones se derivan de la relación de conflicto que existe entre la población en reclusión y las autoridades penitenciarias. La autoridad, pese a estar obligada a respetar y garantizar los derechos de la población interna, constantemente condiciona los mismos a través del uso del poder, traduciéndolos en privilegios.

Existen, dentro de los centros de reinserción social, sectores sociales cuyos derechos han sido vulnerados a lo largo de la historia. En estos grupos se encuentran las mujeres, para quienes no existen normas específicas que garanticen sus derechos fundamentales al encontrarse privadas de la libertad. Además, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las legislaciones federales y estatales, han establecido mecanismos para atender sus necesidades mínimas durante su estadía.

Con el fin de combatir esta vulneración, se han creado diversos instrumentos internacionales que reconocen la necesidad de otorgar protección especial a las mujeres privadas de la libertad. Uno de ellos es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas que reconoce, entre otros, los derechos de las mujeres a una vida libre de discriminación, a la educación, al trabajo, a la planificación familiar, y a la salud; incluyendo la salud sexual y reproductiva. Esta Convención ha sido ratificada por el Estado Mexicano, comprometiéndose al reconocimiento, respeto, protección y garantía de dichos derechos.

El 17 de julio del año en curso se presentó ante el Comité CEDAW el Informe sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México, elaborado por 25 organizaciones de la sociedad civil. El documento representa un informe alternativo a los últimos dos reportes anuales presentados por México ante el mismo Comité. En él se hace notoria la falta de cumplimiento por parte del Estado Mexicano de sus obligaciones con respecto a la eliminación de la discriminación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

A pesar de que la CEDAW fue ratificada por México desde hace treinta años, los avances en materia de protección de los principios que ella reconoce han sido pocos. El informe, en cuya elaboración ha contribuido Asilegal, incluye nueve problemáticas de alta preocupación relacionadas con el respeto, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Una de ellas concierne a las violaciones a las garantías de esta índole que sufren las mujeres privadas de libertad.

Actualmente en México, las mujeres privadas de libertad representan el 4.5% de la población penitenciaria del país; de las cuales, sólo el 25% se encuentra en espacios destinados exclusivamente a la población femenina. Por lo que el resto de ellas habita en alojamientos improvisados donde sufren carencias y falta de oportunidades. En relación con la salud reproductiva de esta población, se ha encontrado que existe un acceso limitado a métodos anticonceptivos y de protección contra Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Además, resalta la inexistencia de un programa eficiente de detección de este tipo de enfermedades.

Entre otras carencias, las mujeres privadas de la libertad no han tenido acceso a ningún tipo capacitación o información sobre su salud sexual y reproductiva. Así mismo, es visible la ausencia de atención ginecológica y obstétrica dentro de los centros penitenciaros. En Centros de Readaptación Social, tales como los de Querétaro, Guerrero, Guanajuato, y Puebla, no existen módulos especiales destinados a la atención de las madres y sus hijos(as); condicionando la autonomía reproductiva y limitando la salud reproductiva a los momentos de concepción, embarazo y parto.

Resulta particularmente preocupante el caso de la esterilización quirúrgica que, pese a tratarse de un procedimiento de carácter voluntario, se realiza a internas sin su consentimiento. El método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) es permanente e irreversible. Su utilización está autorizada en México, pese a lo cual, requiere del consentimiento voluntario, consciente, y escrito de la mujer.

Alrededor del 10% de las mujeres privadas de la libertad que han recibido este procedimiento médico en los últimos dos años, han sido sometidas al mismo en contra de su voluntad o sin saberlo. Estas acciones de anticoncepción forzada surgen como una respuesta de las autoridades penitenciarias a su incapacidad de proporcionar a las madres y a sus hijos(as) la infraestructura necesaria para la realización de una vida digna.

Las 25 organizaciones que elaboraron el informe emitieron una serie de recomendaciones relativas a las siguientes problemáticas tratadas por la CEDAW: iniciativas que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres; altos índices de mortalidad materna; rezagos en servicios de salud y servicios sociales para la adecuada protección de la maternidad; el impacto negativo y las posibles violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres que han tenido las reformas constitucionales locales que protegen la vida desde la concepción; la negación de la información y obstaculización en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres víctimas de violación sexual; la necesidad insatisfecha de anticonceptivos para la población femenina; la falta de acceso de las y los adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad; las violaciones a los derechos reproductivos que sufren las mujeres privadas de libertad; y la falta de una política de atención a la salud reproductiva de las mujeres que viven con VIH.

Se emitieron recomendaciones específicas con el fin de proteger, respetar, y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de libertad. Con ellas se insta a generar mecanismos que permitan a las mujeres decidir libremente sobre la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos, además de un procedimiento que certifique el otorgamiento del consentimiento informado de las mujeres para utilizar cualquiera de esos métodos.

Además, se hace notar la importancia de que las áreas de salud de los CERESO cuenten con especialistas que brinden atención médica, ginecológica y obstétrica, a las internas. El atender estas recomendaciones es importante para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres privadas de libertad, y podría repercutir de manera positiva en la calidad de vida de las mismas.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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