El veto a la Ley General de Víctimas

Por: David Ledesma

El pasado primero de julio, el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Congreso una serie de observaciones a la Ley General de Víctimas (LGV), que debía haber sido publicada el 19 de junio del presente. Las observaciones del Ejecutivo son realizadas de manera extemporánea y representan un veto que obstaculiza la entrada en vigor de la Ley. Las distintas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la creación de la LGV han expresado su inconformidad ante tal situación. Pese a ello, el secretario de Gobernación ha declarado que lo único que se busca es el perfeccionamiento de la legislación y ha propuesto un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con el fin de atender las observaciones.

La Ley General de Víctimas tiene su origen en la necesidad, señalada en repetidas ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, de subsanar los daños ocasionados por la situación de emergencia nacional causada por la violencia derivada del crimen organizado en México. Entre sus principales impulsores se encuentra el poeta y activista Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
El miércoles 14 de diciembre de 2011, Sicilia pidió a la Cámara de Diputados aprobar una ley de víctimas y garantizar su cumplimiento. «Las leyes que teníamos era suficientes para ordenar este país y estar en paz, pero no se están aplicando. Esta Cámara hace y deshace y vuelve a deshacer leyes y no se aplican. Parece que no existen; esa es la gravedad del problema» señaló el poeta. Al realizar esta petición se enfatizó la gravedad de la inexistencia de un registro de víctimas de la violencia, así como el hecho de que, según datos proporcionados por investigadores forenses a finales de 2011, se hayan registrado 62,700 muertos desde diciembre de 2006 hasta 2011.

El 25 de abril de 2012, el Senado de la República avaló, por unanimidad, el dictamen de la Ley General de Víctimas. Con este ordenamiento se pretende corregir la omisión de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar abusos cometidos en contra de la población. Mientras que, con él, el Senado de la República cumple con el compromiso formulado por el Legislativo ante las organizaciones sociales que se han movilizado en búsqueda de la pacificación del país, el Ejecutivo se ha caracterizado por limitar sus acciones a poco más que algunas reuniones vistosas y mediáticas con personajes afectados por la violencia.

La Cámara de Diputados aprobó, también por unanimidad, la Ley General de Víctimas, sin cambios a la minuta avalada por el Senado; ante lo cual el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad declaró que con ello se daba certeza a la situación de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. «Esta ley, de principio a fin, es producto de las organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales» se mencionó en un comunicado del Movimiento.

Pese a la certeza que estos hechos pudieron proporcionar, desde el principio se supo que el camino que quedaba por delante no sería nada fácil. El vicepresidente del Senado, Franciso Arroyo, externó su preocupación, haciendo notar que en los más de cinco años del actual gobierno federal se han tenido que modificar a fondo iniciativas del presidente Felipe Calderón, que proponían normas que atropellaban los derechos consagrados en la Constitución. «Tenemos que estar al pendiente en este cierre de sexenio» comentó Arroyo.

La Ley General de Víctimas es un ordenamiento que dicta, entre otras cosas, el derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia económica, jurídica y médica de quienes sufran ataques de la delincuencia o abusos en garantías individuales. A partir de ella se reconocen los derechos de las víctimas de la delincuencia común, de organizaciones delictivas y de agentes del Estado y se prevé la creación del Registro Nacional de Víctimas, el Registro Nacional de Datos Forenses y un fondo para la reparación de los daños. Además, se garantizan los derechos a la restitución, a la indemnización y a la rehabilitación.

«[La Ley] pone el dedo en la llaga porque exhibe los problemas más severos dentro de esta violencia: las fracturas de un sistema de justicia que arroja 98% de impunidad, la precariedad de los derechos ciudadanos, la vulnerabilidad de los derechos humanos, la falta de funcionamiento del sistema de protección, la operación de la violencia criminal sin contención e incrustada en el tejido social, el error de combatir la falta de oportunidades con una política de fuerza» declaró la diputada perredista Teresa Incháustegui, quien fue una impulsora de la ley.

Según esta Ley, una víctima será aquella persona que acredite haber sufrido algún daño físico, económico, mental, emocional o jurídico como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos. Para ser beneficiario de esta ley, el caso tendrá que ser presentado ante el Sistema Nacional de Víctimas, el cual estaría supuestamente constituido por miembros de organizaciones civiles y representantes de universidades.

Le Ley establece que las víctimas recibirán asistencia médica, psicológica y jurídica, además de apoyo monetario, becas y asistencia humanitaria para dar seguimiento a sus casos ante la justicia, cuidando el no poner en riesgo la estabilidad económica de su familia. Las víctimas tendrían derecho a una investigación judicial pronta y efectiva, a partir de la cual se lograría la identificación, captura, procesamiento y sanción de los responsables del daño. Para ello, las víctimas contarían con un «abogado victimal», figura equivalente a los defensores de oficio.

La LGV obliga al Estado a proteger a testigos y a sobrevivientes, así como a investigar de oficio e inmediatamente las desapariciones de personas hasta lograr su localización. Así mismo, se prevé la sanción de funcionarios(as) negligentes, perpetradores de violaciones a derechos humanos, o corruptos, obligando al abogado(a) victimal a proceder contra aquellas autoridades que obstruyan el derecho de su defendido. Esto podría resultar un motivo para que diversos agentes del estado, a manera de vacuna, intentaran frenar la creación de esta ley.

De ganar el caso, la víctima podría ser compensada hasta con un millón de pesos como reparación, monto que saldrá de un fondo previsto para ello. En caso de que el(la) victimario(a) sea un(a) funcionario(a), el Estado se hará cargo del pago de los daños, pedirá una disculpa pública y realizará actos de reparación. Si el(la) victimario(a) es un particular deberá hacerse cargo del pago de los daños con sus recursos y, de no poder hacerlo, el Estado actuará como subsidiario.

Desde el principio, la Secretaria de Gobernación señaló diversos puntos como posibles impedimentos para la creación de esta ley, entre los cuales se encontraban el hecho de ésta prevé la sustitución de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), creada el año pasado, por otras instituciones, así como el argumento de que el Estado no tiene dinero para llevarla a cabo. Esto último resulta paradójico, ya que es imposible prever el costo de la aplicación de la ley debido a que no existe el Registro Nacional de Víctimas cuya creación estaría implícita en la realización de la LGV.

Pese al compromiso reafirmado con las organizaciones de la sociedad civil, la ley ha encontrado en el Ejecutivo un nuevo obstáculo para su realización. El domingo primero de julio de 2012, a las 20:26 horas (tiempo del centro de México) el Presidente Felipe Calderón hizo llegar al Congreso una serie de observaciones a Ley General de Víctimas, con el supuesto propósito de «mejorarla, fortalecerla y enriquecerla».

Los cambios propuestos por el Ejecutivo son: la modificación de la Constitución en su artículo 21, con el fin de puntualizar las instancias que tendrían la responsabilidad de atender a las víctimas; aprovechar la «experiencia institucional» de Províctima, que hasta la fecha ha atendido a 7 mil personas; y, finalmente, la clarificación del tema de subsidiariedad en el ordenamiento, asegurando que sea la persona culpable de la comisión de un delito la primera responsable de la reparación del daño a las víctimas con el respaldo del Estado sólo en caso de que éste no pueda cubrir dicha reparación.

Dejando de lado la pertinencia que pudieran o no tener las observaciones del Ejecutivo, es importante resaltar el hecho de que estas se realizan fuera del plazo estipulado por la ley. La minuta de la nueva legislación fue aprobada el 30 de abril de 2012, fecha a partir de la cual el Ejecutivo contaba con 30 días para hacerle observaciones. De no existir alguna, estaba obligado a promulgar la ley los 10 días siguientes, plazo que venció el 19 de junio de 2012. El Presidente no cumplió con dicho tramite y se dejaron pasar otros 10 días, después de los cuales el Senado envió la orden de que se publicara la ley en el Diario Oficial de la Federación, para así evitar el «veto de bolsillo».

Ante este panorama, el poeta Javier Sicilia acusó al presidente mexicano, Felipe Calderón, de faltar a su palabra por vetar la LGV al devolverla al Congreso con observaciones fuera del plazo estipulado y una vez celebradas las elecciones. «[Es] un acto de desprecio y una falta a su palabra, y un hombre que falta a su palabra no vale nada» declaró el poeta. Por otro lado, Emilio Álvarez, integrante del MPJD, resaltó que las observaciones del Ejecutivo pudieron haberse presentado antes y no el primero de julio, por la noche, una vez que todas las casillas estaban ya cerradas, en un claro «manejo de los tiempos con un perverso uso electoral». El Presidente hizo llegar las observaciones hasta que tuvo la certeza de que la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, había perdido los comicios; asegurándose de que el costo político del veto fuera menor.

Silvano Cantú, director del área de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, declaró que las observaciones del Ejecutivo son un «ataque frontal a las categorías centrales de la ley». Resaltó la ironía del argumento del Presidente sobre el «error» que representa no utilizar la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, la cual, en palabras de Cantú, es una «instancia hechiza, improvisada y ornamental que nunca cumplió con su cometido».

Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno federal convocó a legisladores y organizaciones de la sociedad civil a participar en una mesa de trabajo que atienda las correcciones a la LGV y que produzca, a la brevedad, un nuevo documento. La mesa de trabajo formaría parte de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Fernández aseguró que las observaciones no pretenden vetar la ley, sino fortalecerla, y que fueron bien recibidas por las agrupaciones civiles, incluido el MPJD.

Pese a ello, distintos legisladores han negado haber sido convocados a la mesa de trabajo. «El Ejecutivo no ha informado a los legisladores priístas de un periodo extraordinario. Por lo menos con los del tricolor no ha hablado» declaró Francisco Rojas, coordinador de los diputados priístas.Los senadores del Partido Acción Nacional dijeron tampoco haber sido consultados respecto a las observaciones a la ley ni convocados a un periodo extraordinario de sesiones. De no ocurrir tal periodo, los legisladores deberán analizar las observaciones sugeridas en el pleno de ambas Cámaras, que se encuentra en receso hasta septiembre. Estaría entonces la ley a cargo del Congreso elegido el pasado domingo primero de julio.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo entender el sentir del MPJD y recalcó la postura del Ejecutivo respecto a las observaciones, afirmando que la intención es crear una buena y funcional Ley General de Víctimas. El funcionario dijo haber contactado ya a Javier Sicilia, con el fin de atender prontamente las observaciones. «El propósito de todos es poder tener una Ley de Atención a Víctimas que funcione. Ese es justamente el llamado que reiteramos nosotros desde el Gobierno Federal» dijo Poiré.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) lamenta profundamente que una legislación legitima y urgente para la Nación sea objeto de un conjunto de observaciones que laceran la esperanza de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos; tomando en cuenta que estas observaciones funcionan para cualquier fin práctico como un veto que obstaculiza la entrada en vigor de la Ley. Es lamentable que, entre otras consideraciones de relevancia jurídica controvertible, se busque perpetuar una instancia que no responde a las necesidades ni expectativas de las víctimas, como lo es Províctima.

Sostenemos que las observaciones del Ejecutivo son inconsistentes y desproporcionadas. Compartimos la posición del presidente de la Mesa Directiva del Senado al considerar cumplido el plazo constitucional para la publicación de la Ley General de Víctimas el pasado 19 de junio. Por ello, consideramos que las observaciones del Ejecutivo son extemporáneas por veintiún días y sostenemos que la LGV debe publicarse a la brevedad posible.

Lea el pronunciamiento de la sociedad civil

Bibliografía y medios electrónicos

CNN México. Javier Sicilia exige una Ley de Víctimas en la Cámara de Diputados. CNN México, miércoles 14 de diciembre de 2011. http://mexico.cnn.com/nacional/2011/12/14/javier-sicilia-exige-una-ley-de-victimas-en-la-camara-de-diputados (Consultado el 05 de julio de 2012).
Monroy, Jorge. Sicilia aplaude aprobación de Ley de Víctimas. El Economista, 30 de abril de 2012. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/04/30/sicilia-aplaude-aprobacion-ley-victimas (Consultado el 05 de julio de 2012).
Becerril, Andrea. Progresan trabajos en el Senado sobre la Ley de Atención a Víctimas del Delito. Periódico La Jornada, lunes 05 de marzo de 2012, p.12. http://www.jornada.unam.mx/2012/03/05/politica/012n1pol (Consultado el 06 de julio de 2012).
Avilés, Karina. Deploran legisladores de PRI y PRD las críticas de Calderón al Congreso. Periódico La Jornada, Miércoles 23 de mayo de 2012, p.8. http://www.jornada.unam.mx/2012/05/23/politica/008n2pol (Consultado el 06 de julio de 2012).
Carrasco Araizaga, Jorge. Los muertos de Calderón valen 30 mil pesos. Revista Proceso, 26 de abril de 2012. http://www.proceso.com.mx/?p=305517 (Consultado el 06 de julio de 2012).
Editorial, Periódico La Jornada. Ley de víctimas: avance y síntoma. Periódico La Jornada, jueves 26 de abril de 2012. http://www.jornada.unam.mx/2012/04/26/edito (Consultado el 06 de julio de 2012).
Turati, Marcela. Ley General de Víctimas: ¿bálsamo o mascarada?. Revista Proceso, 09 de mayo de 2012. http://www.proceso.com.mx/?p=306953 (Consultado el 06 de julio de 2012).
Camacho Servín, Fernando. Veto de Calderón a la Ley de Víctimas, muestra su desprecio y cerrazón: Sicilia. Periódico La Jornada, viernes 06 de julio de 2012, p.18. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/06/politica/018n1pol (Consultado el 06 de julio de 2012).
Cruz Martínez, Ángeles. Veta Calderón la Ley de Víctimas, pide al Congreso aclarar el tema de los subsidios. Periódico La Jornada, jueves 05 de julio de 2012, p.16. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/05/politica/016n1pol (Consultado el 06 de julio de 2012).
Ballinas, Víctor. Incumple Calderón el compromiso de avalar una Ley de Víctimas, señala Rojas. Periódico La Jornada, Jueves 05 de julio de 2012, p.17. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/05/politica/017n1pol (Consultado el 06 de julio de 2012).
Gil Olmos, José. Calderón faltó a su palabra, por eso “no vale nada”: Sicilia tras veto a la Ley de Víctimas. Revista Proceso, 05 de julio de 2012. http://www.proceso.com.mx/?p=313301 (Consultado el 06 de julio de 2012).
Camacho Servín, Fernando. El gobierno da la espalda a las víctimas de la guerra contra el crimen, dicen ONG. Periódico La Jornada, jueves 05 de julio de 2012, p.18. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/06/politica/018n1pol (Consultado el 06 de julio de 2012).
Aristegui Noticias. Regresan a Congreso proyecto sobre Ley de Atención a Víctimas. Aristegui Noticias, 04 de julio de 2012. http://aristeguinoticias.com/regresan-a-congreso-proyecto-sobre-ley-de-atencion-a-victimas/ (Consultado el 06 de julio de 2012).
El Universal. Poiré defiende observaciones a Ley de Víctimas. Periódico El Universal, jueves 05 de julio de 2012. http://www.eluniversal.com.mx/notas/857698.html (Consultado el 06 de julio de 2012).

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