Justicia para Adolescentes

Sistema federal de justicia para adolescentes

por David Ledesma

Para entender la situación de los adolescentes que se involucran en conductas delictivas o violentas es importante tomar en cuenta su condición de personas en desarrollo, así como las situaciones de desigualdad, exclusión y desprotección que los llevan a incurrir en comportamientos antisociales. Según estudios realizados por la UNICEF, la mayoría de adolescentes que han violado la ley penal se han enfrentado previamente a escenarios en los que sus derechos se han visto amenazados o vulnerados; por lo que, si se persigue promover su reinserción a la sociedad, es preciso empezar por respetar sus derechos fundamentales dentro del marco de un proceso penal, garantizándoles la presunción de inocencia, la debida información, y el acceso a un juicio justo.

A partir de la necesidad de asegurar una protección especial para el pleno ejercicio de los derechos de los adolescentes, se efectuó en México la reforma del Artículo 18 constitucional. Mediante ella, se impuso la creación de un sistema integral de justicia aplicable a personas que tengan entre doce y dieciocho años, en el que se atiendan las garantías concernientes al proceso penal avaladas por la Constitución, así como aquellas que, por su condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidas. La reforma surge como una respuesta ante la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas en 1989.

La principal pretensión de la reforma es la instauración de un sistema garantista que corrija lo vulnerable y negativo del antiguo modelo de tratamiento de «menores infractores», el cual se caracteriza por basarse en un esquema tutelar.  El sistema se centra en la reinserción social a partir de principios basados principalmente en la educación, permitiendo que el joven responsable de haber incurrido en algún comportamiento antisocial pueda asumir las consecuencias de sus actos a través de la imposición de medidas correctivas constructivas. Además, limita la privación de la libertad, siendo ésta admisible únicamente para conductas graves e inaplicables a menores de catorce años, y ordena la impartición de medidas alternativas que eviten que todos los adolescentes sean llevados a juicio. Se prevé que en la aplicación e interpretación de la ley se tomen en cuenta la totalidad de los derechos que concurren en el adolescente, atendiéndose cualquier condición que resulte contingente en el momento en que sucedan los hechos delictivos. Es decir, deberán tomarse en cuenta todos los derechos que confluyan en el joven, ya sea por ser indígena, mujer, con capacidades diferentes, trabajador, entre otros.

Entre las características más notables de la reforma está el señalamiento de la imposibilidad de exhibir o exponer a niños, niñas y adolescentes, bajo ninguna circunstancia, así como de publicar o divulgar cualquier información relacionada con los mismos. Por otro lado, la reforma considera a los individuos menores de doce años incapaces de infringir la ley penal y les excluye de toda responsabilidad en caso de atribuírseles alguna conducta delictiva.

La reforma al artículo 18 de la Constitución entró en vigor el 12 de marzo de 2006, dando seis meses de plazo a los estados de la República para crear las instituciones, leyes y órganos necesarios para su aplicación. Hasta el momento, todas las entidades federativas, con excepción de la federación, han iniciado a aplicar el nuevo sistema de justicia. Para ello ha sido necesario adecuar las legislaciones de cada entidad y del Distrito Federal.

Es preciso agregar que para el establecimiento de un sistema integral de justicia, no es suficiente la creación o reforma de una ley. Es necesario que los tres poderes actúen de manera conjunta con el fin de promover que éste comprenda los ámbitos preventivo, judicial, legislativo, y ejecutivo, agotando correctamente los contenidos de la reforma e impidiendo problemas futuros en detrimento de los adolescentes y de la impartición y procuración de justicia.

 

La desprotección de los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley

La justicia para niñas, niños y adolescentes en nuestro país, a través de los años, se ha distinguido por la insistencia de entender al adolescente como una fracción de una persona; llevando a la búsqueda de soluciones a escala en vez de una justicia especializada. Se han desprotegido los derechos las y los adolescentes en conflicto con la ley, permitiendo que sean exhibidos a través de diversos medios de comunicación o declarándoles culpables de haber incurrido en una conducta antisocial antes de siquiera haber enfrentado un juicio.

Como ejemplo de la manera impune en que las condiciones del sistema judicial propician y alientan el atropello a derechos tales como la protección de la identidad de los y las adolescentes acusados(as) de conductas antisociales, es preciso recordar el caso de un joven de 14 años que a principios de diciembre de 2010 fue exhibido y vejado por miembros del Ejército mexicano. El adolescente fue detenido en Cuernavaca, acusado de cometer conductas antisociales en favor de una organización criminal de tráfico de drogas. Se le «presentó» ante la prensa en la parte trasera de la Delegación de la Procuraduría General de la República, obligándosele a contestar preguntas a los reporteros y a posar según la conveniencia de los camarógrafos.

Al exhibirlo ante la prensa, el Ejército incurrió en abuso de autoridad y violó la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, ignorando sus derechos al debido proceso y al resguardo de la identidad. La sociedad respondió fuertemente ante estos hechos, pero no mediante el rechazo al abuso de autoridad sino mediante un «linchamiento mediático» en detrimento del adolescente. A través de diversos medios de comunicación, se continuó efectuando la exhibición del joven y se le señaló como culpable de los hechos imputados sin que se le respetase su derecho al debido proceso.

El senador del PRD Pablo Gómez señaló que «[L]o que se est[aba] haciendo en el caso del menor detenido en el estado de Morelos [era] un linchamiento nacional. (…) El adolescente detenido tiene derechos como menor de edad, y uno de ellos es que su identidad no se conozca. Las autoridades violaron las leyes para presentarlo como un gran triunfo».

A falta de un sistema federal de justicia, niños, niñas y adolescentes como éste tienen que ser juzgados sin tomar en cuenta su condición de personas en desarrollo. No se les brinda acceso a un tratamiento psicológico integral y no se sanciona a los adultos que los utilizaron como instrumentos. Pese a los avances logrados gracias a la reforma al Artículo 18 constitucional y a las adaptaciones de las legislaciones de las entidades federativas, es notable el perjuicio que en materia de derechos humanos representa el hecho de que aún no se adapte la legislación a nivel federal.

 

Las deficiencias del actual sistema federal de justicia para adolescentes

Surge entonces la pregunta: ¿A qué se debe que no exista un sistema federal de justicia para adolescentes? Y salta a la vista, como respuesta, el hecho de que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha omitido su implementación. Pese a diversos exhortos promovidos por distintos grupos legislativos, el Congreso de la Unión no ha actuado con premura ante la urgencia de aplicar el sistema, en momentos en que varios estados del país padecen una grave sobrepoblación en sus sistemas de internamiento.

En palabras de Rodolfo Campos Montejo, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de la República Mexicana, el sistema de justicia para adolescentes en el país, en su estado actual, resulta «obsoleto. Está caracterizado por la opacidad, la lentitud y la ineficacia». Campos Montejo, además, lo identifica como un modelo que fomenta la impunidad e impide la reinserción social de los menores, generando grandes incentivos para la delincuencia organizada. Ante esta visión, el magistrado ha resaltado la necesidad de que la Federación cumpla con su obligación de crear una ley federal en la materia, permitiendo quitar una carga de trabajo a los tribunales estatales y dándoles instrumentos y recursos para direccionar el sistema de justicia.

Mientras no existan las medidas y principios necesarios para normar la procuración de justicia para adolescentes, se propiciarán las situaciones en las que se hagan más vulnerables a aquellos que han sufrido ya el quebrantamiento de sus derechos. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) señala que, durante un proceso penal, los menores pueden vivir situaciones de desigualdad que tienen que ver con los siguientes aspectos: lenguaje jurídico inaccesible, desconocimiento e insensibilidad de los procesos del pensamiento y conducta infantil por parte de quienes participan en los procesos judiciales, la toma de declaraciones infantiles inadecuadas para garantizar sus derechos, y la falta de peritos y peritos psicólogos especializados en niños, niñas o adolescentes.

Es así que se cuestiona que a seis años de aprobarse la reforma penal en la materia, se deje toda la carga de su aplicación a las entidades federativa, quienes, pese a haber logrado grandes avances, presentan algunas deficiencias en sus legislaciones. Tal es el caso del Distrito Federal, donde es obligatorio que el padre o madre de un/una adolescente en conflicto con la ley estén presentes durante diferentes momentos del proceso penal, lo cual puede resultar inadecuado para el/la adolescente por representarle un latente obstáculo psicológico al no contar con la privacidad necesaria. Así mismo, las leyes del Distrito Federal establecen formas cercanas al marco de la doctrina tutelar, permitiendo que el juzgador tome el papel sustitutivo de un padre.

La búsqueda de un sistema federal de justicia para adolescentes, inspirado en una doctrina garantista, debe estar circunscrita al ámbito de derecho, evitando el ejercicio de medidas tutelares y extrajudiciales. Es preciso agilizar la aplicación de la reforma a nivel federal con el afán de concretar la instauración del modelo garantista en el sistema de justicia para adolescentes a la brevedad.

 

 

 

Bibliografía y medios electrónicos

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