Agenda de candidatos en materia de JUSTICIA

Por Alejandra Sánchez Juárez

La lucha contra el crimen organizado se convirtió, desde el inicio del presente sexenio, en el punto central del proyecto de gobierno del poder ejecutivo. No obstante, la comisión de delitos del fuero común y el modo en que éstos son perseguidos por las autoridades, es un foco rojo que también requiere atención urgente y efectiva.

Es por ello que, en tiempo de elecciones, es importante conocer y comparar las propuestas de los presidenciables, especialmente en un tema cuya trascendencia abarca aspectos sociales, económicos, sanitarios y del Estado de Derecho del México actual: el sistema de justicia.

Pero ¿qué propone cada partido?

El Partido Acción Nacional, a través del actual Ejecutivo, inició con la reforma  del sistema de justicia penal en junio de 2008, al introducir la figura del Juicio Acusatorio Adversarial, que busca confrontar los intereses de ambas partes en igualdad de condiciones. Este apartado se ha mantenido en la plataforma de la candidata panista a la presidencia, agregando, por otra parte, que el recurso de Amparo debe restringirse y que es necesaria la creación de un sistema de justicia específico para adolescentes.

El Movimiento Progresista, representado por Andrés Manuel López Obrador, propone terminar con la intermediación discrecional del Ministerio Público para evitar corruptelas y abusos de autoridad; asegurar un juicio justo a ambas partes, minimizando el arraigo y la prisión preventiva, pero garantizando la reparación del daño a la víctima; y por último, unificar las legislaciones locales.

Nueva Alianza, bajo la candidatura de Gabriel Quadri, se pronuncia contra el “populismo penal”, calificativo que adjudica a los ajustes en la materia propuestos y realizados por los Poderes (a su parecer) bajo la necesidad de demostrar eficacia en el escenario presente. Propugna, en cambio, la integración social y el refuerzo educativo y cultural como estrategias estructurales de saneamiento en todos los ámbitos, incluido el de las conductas punibles. No obstante, Quadri apoya la privatización de los centros de reclusión, argumentando la ineptitud del Estado para administrarlos.

La coalición PRI-Partido Verde, enfatiza el acceso a la justicia para la población marginada por su condición de pobreza o de origen étnico; defiende el proceso Acusatorio Adversarial, aunque propone implementar un marco legal que asegure la protección a la víctima; coincide también con el PAN en la observancia de un sistema de justicia para adolescentes; y, adicionalmente, pretende fortalecer (aunque bajo vigilancia y control de sus acciones) al Ministerio Público, haciéndolo independiente de “intromisiones” de otras autoridades.

Leyendo entre líneas:

Si bien, la reforma de 2008 sentó importantes bases para lograr juicios más ágiles y eficaces, implementando a su vez la audiencia de medidas cautelares para regular el uso indiscriminado de la prisión preventiva (pese a constitucionalizar la figura del arraigo), tuvo un retroceso tras la propuesta de ampliación del catálogo de delitos graves meritorios de prisión preventiva oficiosa en el proyecto para el Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, vulnerando los Derechos Humanos al dar pie a la privación arbitraria de la libertad (lo que contribuye a la sobrepoblación de los penales) y a la desproporción entre el delito imputado y la pena aplicable, con una laguna en el Derecho Probatorio.

Con respecto a la representación de la víctima a través del Ministerio Público, la primera barrera ha sido, desde hace muchos años, la desconfianza del usuario hacia las autoridades, pues ha sido la falta de transparencia y de resultados lo que ha estancado a esta entidad burocrática. Sin embargo, privatizar los centros de reclusión tampoco parece ser la alternativa, pues implica dejar en manos de particulares un asunto de seguridad pública y nacional que, por consiguiente, compete ineludiblemente al Estado; además, ninguna estrategia podrá ser efectiva si no se atienden las deficiencias sistemáticas desde el origen.

La juventud ante la justicia, no obstante, es un sector que no cuenta con los instrumentos jurídicos adecuados a su condición de personas en desarrollo. A esto se suma la imposibilidad del sistema para lograr una verdadera reinserción social de los infractores de cualquier edad.

Lamentablemente, la realidad plagada de violencia e impunidad que se vive hoy en día, ha inclinado la agenda política hacia la búsqueda de culpables y la aplicación de medidas severas, dejando de lado la preservación de los derechos elementales y la necesidad de aplicarlos indistinta y estrictamente a todas las partes involucradas.

En ASILEGAL estamos preocupados por la implementación de instrumentos legales que garanticen la aplicación del debido proceso penal, respetando el principio constitucional de presunción de inocencia y manteniendo como prioridad la reparación del daño. Bajo este esquema, la cultura de prevención debe anteponerse a la sanción y esta última aplicarse con prudencia, pertinencia y verdadero conocimiento de causa, siempre bajo una visión de derechos humanos.

Por ello, te invitamos a revisar las plataformas electorales con ojo crítico, tanto para rescatar las aportaciones valiosas como para evaluar las repercusiones que de cada estrategia se deriven. Recuerda que se trata de tus derechos.

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Acerca de asilegal

Nuestra Visión Ser una organización responsable de su entorno social, contribuyendo a la erradicación de la problemática social que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son las personas pertenecientes a los pueblos originarios, las personas de la tercera edad, niños y jóvenes personas de la comunidad LGBT, mujeres, discapacitados, etc. Nuestra Misión Para Asistencia Legal por los Derechos Humanos, los derechos que están reconocidos y otorgados para todas y todos, deben ser conocidos para ejercerlos y, en su caso, defenderlos; de tal forma que, esta organización concentra sus esfuerzos en brindar apoyo legal, informativo y educacional en el tema de los derechos humanos.

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