Regulación del uso de la fuerza pública: Deuda del Estado Mexicano

Por Victor Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

Durante los últimos meses hemos asistido a la presentación de nuevos marcos normativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública. El más destacado de estos instrumentos ha sido la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de Policiales del Estado de Puebla”.

La “Ley Bala”, como fue conocida comúnmente esta disposición, partió de la necesidad de que todas las entidades de la República cuenten con protocolos y estándares adecuados para el uso de la fuerza pública. En el caso de la Ciudad de México se cuenta ya, desde 2008, con la “Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal”. Sin embargo, nos enfrentamos comúnmente a dos obstáculos: no se entiende qué significa regular el uso de la fuerza y no se aplican de forma adecuada los protocolos existentes.

En el caso de Puebla sucedió lo primero. El Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo una ley que era para todo, menos para regular el uso de la fuerza. Las autoridades locales, en lugar de adecuar el principio de legalidad (que establece que las/os funcionarias/os públicas/os pueden hacer sólo lo que les marca la ley como atribución) para las fuerzas de seguridad del estado, presentaron una suerte de concesiones para la represión de los movimientos sociales. Dicho de otro modo, vieron en esta ley una oportunidad para regular el uso de la expresión política de las y los ciudadanos. Ni qué decir de la aprobación en tiempo record de esta ley por parte del congreso local.

Las consecuencias: tras su promulgación, y en uso de las facultades que le confiere la referida ley, la policía del estado de Puebla reprimió de manera violenta el movimiento encabezado por las y los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. Esta represión tuvo como resultado varios heridos y la lamentable muerte de un menor de edad a causa del impacto de una bala de goma.

Para la Ciudad de México el escenario no es menos grave. A pesar de contar desde hace 6 años con un protocolo para el uso de la fuerza contamos con incidentes muy lamentables. Entre los más destacados están las actuaciones de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) durante la manifestación conmemorativa del 2 de octubre de 2013. Estas actuaciones se reprodujeron nuevamente durante la represión en contra del movimiento de San Bartolo Ameyalco al sur de la ciudad.

Estos dos eventos tienen dos elementos en común:

  • La actuación fuera del marco legal de las y los elementos de las corporaciones policiacas.
  • Las deficientes líneas de mando de las corporaciones, sumado al desconocimiento de sus elementos de los protocolos de actuación existentes.

Fotografía: Jorge Meza

Fotografía: Jorge Meza

 

Consideraciones para una ley de regulación del uso de la fuerza pública

Resulta fundamental que, cuando los gobiernos estatales piensen en la elaboración de un instrumento para la regulación del uso legítimo de la fuerza, tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. Principio de legalidad. Este principio establece algo muy sencillo: las personas que forman parte del aparato del Estado (en todas sus modalidades) pueden hacer sólo aquello que les está expresamente otorgado como facultad en la ley. Las/os ciudadanas/os, por el contrario, pueden hacer absolutamente todo, salvo aquello que les está expresamente prohibido por la ley. Dicho de otro modo, a quien se regula es a las autoridades, nunca a las y los ciudadanas/os.
  2. Principio de discriminación de actos violentos. Las manifestaciones y expresiones públicas siempre son el talón de Aquiles de este tipo de instrumentos. Es muy importante considerar que, si en una manifestación hay personas cometiendo actos violentos (lanzando piedras, agrediendo autoridades, entre otros), se les debe detener sólo a ellas; buscando siempre el mejor momento para hacerlo y sin afectar a manifestantes no violentos. En ningún caso las agresiones por parte de algunas/os manifestantes deben legitimar el uso desproporcionado de la fuerza, la disolución de la manifestación en general o la detención de personas de forma indiscriminada. No sobra decir que no se puede autorizar el uso de armas letales y otras, como las balas de goma deben usarse sólo en casos sumamente excepcionales. Este último uso debe darse con protocolos claros; por ejemplo, el disparar a una distancia considerable y contra el piso, jamás a quemarropa.
  3. Instrumentos internacionales de derechos humanos. Existen diversos instrumentos internacionales que contienen disposiciones en esta materia. Ejemplo de ello son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP); la Convención contra la Tortura y el Código de Conducta para los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley. Estos establecen, entre otras cosas, disposiciones sobre el uso de las armas de fuego, las detenciones y la presentación ante el Ministerio Público.

Consideraciones para la implementación de instrumentos ya existentes

Para el caso de instrumentos como el existente en la Ciudad de México, es muy importante tomar a la brevedad las siguientes medidas.

  1. Instrumentos adecuados de capacitación. Debe abandonarse el actual esquema de capacitación que busca solamente cumplir con un número determinado de elementos capacitados por cierto periodo. En su lugar, debe crearse una estructura de capacitación eficaz, por corporación y que sea capaz de cubrir a todos los elementos de seguridad pública (que en el caso del Distrito Federal suman más de 90 mil), con la finalidad de que todo elemento conozca estos protocolos.
  2. Creación de indicadores de medición, instrumentos para la revisión así como sanciones ejemplares. La evaluación de la política pública es muy importante a la hora de poder determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones del Estado en ésta y en todas las materias. Del mismo modo, el establecimiento de sanciones ejemplares para las y los elementos que no cumplan con estos protocolos resulta de vital importancia puesto que la mayoría de los actos violatorios de derechos humanos siguen impunes.

Como podemos observar, existe ya un marco normativo sumamente claro y orientador que señala hacia dónde deben enfocarse los instrumentos para la regulación del uso legítimo de la fuerza. Estos instrumentos urgen en nuestro país y urge que se hagan bien. La primera acción que todo gobierno estatal debe poner en marcha es la siguiente: dejar de tomar al marco normativo como instrumento para la represión política. Si las autoridades tienen aspiraciones políticas más elevadas, la mejor forma de llegar hasta ahí es respetando a cabalidad el principio de legalidad.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

El IFAI: ¿Organismo Autónomo?

Por Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de Transparencia. Esta reforma fue recibida con beneplácito pues estableció que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pasaría a ser un organismo autónomo, especializado, imparcial, con plena autonomía técnica y de gestión, entre otras atribuciones. Dicho de otro modo, esta reforma fue considerada como un enorme avance en favor de la transparencia y la protección de datos personales de las y los ciudadanos.

“Demasiado hermoso para ser cierto” reza el dicho popular. A la reforma en materia de transparencia y al IFAI le llegó su prueba de fuego. Los resultados: lamentables. Tras la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 14 de julio del presente año, el organismo garante tenía la oportunidad de demostrar la fuerza de sus atribuciones y no lo hizo.

Las disposiciones de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión resultan sumamente graves. Establecen que las instancias gubernamentales podrán recurrir a la geolocalización en tiempo real de las personas a través de sus teléfonos celulares. Del mismo modo, estas instancias podrán acceder a una base de datos que contendrá los detalles de todas las comunicaciones realizadas por las y los usuarias/os en un lapso de 24 meses. Estas disposiciones entran en conflicto con las de los artículos 11 y 16 de la CPEUM que se refieren a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la libertad de las personas para circular en territorio nacional; es decir, son claramente inconstitucionales.

Todos y todas esperábamos con ansia la reacción de nuestro poderoso órgano garante de la transparencia y la protección de datos personales. Era natural que, en uso de sus atribuciones, el IFAI llevara estas disposiciones para su discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una acción de inconstitucionalidad. No sucedió así. A pesar de que órganos como el InfoDF, organizaciones de la sociedad civil como FUNDAR, personajes académicos y la propia Secretaría de Protección de Datos y Acceso a la Información del IFAI justificaron la viabilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Telecom”, la mayoría de los comisionados decidió no ejercerla.

Fotografía: Tomada de spdnoticias / Alejandro Pacheco

Fotografía: Tomada de spdnoticias / Alejandro Pacheco

¿Cuáles son las implicaciones?

En principio, el Estado Mexicano viola sus responsabilidades en materia de Derechos Humanos (DDHH). Como se reafirmó mediante la reforma constitucional en esta materia de 2011 y la posterior aceptación del control difuso de convencionalidad por parte de México: todas las autoridades están en obligación de proteger, promover, respetar y garantizar los DDHH. Las disposiciones de la Ley Telecom violan los tratados internacionales de DDHH suscritos por México en materia de protección de datos personales. Es lamentable que las y los legisladores, el IFAI y la propia Presidencia de la República hayan decidido hacer caso omiso de estos instrumentos.

De forma subsecuente, las y los ciudadanas/os quedamos desprotegidos ante injerencias arbitrarias en nuestra vida privada. Como ya hemos documentado en muchos casos, esta indefensión ha sido siempre motivo de persecución política, represión de movimientos sociales, ataques a la libertad de prensa y hostigamiento permanente en contra de las y los defensores de derechos humanos. El hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea el encargado de determinar los mecanismos mediante los cuales el Ministerio Público (MP), sin mediar orden judicial, pueda acceder a nuestros datos personales resulta inconcebible. Tan inconcebible como el hecho de que se haya ignorado al propio IFAI del que tanto se pavoneaba el Gobierno de la República.

Lo anterior nos da como resultado un escenario muy grave. Mientras el discurso del Gobierno de la República versa sobre la necesidad de poner a México en consonancia con las mejores prácticas internacionales y de continuar insertándolo como un actor preponderante en el escenario mundial, en materia de protección de la vida privada sucede lo contrario. Mientras otros países buscan la forma de maximizar la transparencia sobre las actividades del gobierno y proteger la intimidad de sus ciudadanos, en México sucede –otra vez- exactamente lo contrario. Pareciera que México busca innovar formas opacar las actividades gubernamentales y dejar la vida privada de sus ciudadanos al desamparo.

 

La cereza del pastel

La Cámara de Diputadas/os asignó un presupuesto total 607.6 millones de pesos para el IFAI en 2014. Para el ejercicio fiscal de 2015, este organismo solicitará la nada despreciable cantidad de 893.2 millones de pesos, lo que representa un incremento del 47% respecto de los recursos asignados para este año. No sobra decir que el 60% de este oneroso presupuesto será para salarios. Si el IFAI continúa por este mismo rumbo, desde ya podemos considerar esos recursos como tirados a la basura.

El IFAI: ¿organismo autónomo? No. El IFAI: organismo complaciente.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.