Regulación del uso de la fuerza pública: Deuda del Estado Mexicano

Por Victor Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

Durante los últimos meses hemos asistido a la presentación de nuevos marcos normativos que regulan el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública. El más destacado de estos instrumentos ha sido la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de Policiales del Estado de Puebla”.

La “Ley Bala”, como fue conocida comúnmente esta disposición, partió de la necesidad de que todas las entidades de la República cuenten con protocolos y estándares adecuados para el uso de la fuerza pública. En el caso de la Ciudad de México se cuenta ya, desde 2008, con la “Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal”. Sin embargo, nos enfrentamos comúnmente a dos obstáculos: no se entiende qué significa regular el uso de la fuerza y no se aplican de forma adecuada los protocolos existentes.

En el caso de Puebla sucedió lo primero. El Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo una ley que era para todo, menos para regular el uso de la fuerza. Las autoridades locales, en lugar de adecuar el principio de legalidad (que establece que las/os funcionarias/os públicas/os pueden hacer sólo lo que les marca la ley como atribución) para las fuerzas de seguridad del estado, presentaron una suerte de concesiones para la represión de los movimientos sociales. Dicho de otro modo, vieron en esta ley una oportunidad para regular el uso de la expresión política de las y los ciudadanos. Ni qué decir de la aprobación en tiempo record de esta ley por parte del congreso local.

Las consecuencias: tras su promulgación, y en uso de las facultades que le confiere la referida ley, la policía del estado de Puebla reprimió de manera violenta el movimiento encabezado por las y los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. Esta represión tuvo como resultado varios heridos y la lamentable muerte de un menor de edad a causa del impacto de una bala de goma.

Para la Ciudad de México el escenario no es menos grave. A pesar de contar desde hace 6 años con un protocolo para el uso de la fuerza contamos con incidentes muy lamentables. Entre los más destacados están las actuaciones de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) durante la manifestación conmemorativa del 2 de octubre de 2013. Estas actuaciones se reprodujeron nuevamente durante la represión en contra del movimiento de San Bartolo Ameyalco al sur de la ciudad.

Estos dos eventos tienen dos elementos en común:

  • La actuación fuera del marco legal de las y los elementos de las corporaciones policiacas.
  • Las deficientes líneas de mando de las corporaciones, sumado al desconocimiento de sus elementos de los protocolos de actuación existentes.

Fotografía: Jorge Meza

Fotografía: Jorge Meza

 

Consideraciones para una ley de regulación del uso de la fuerza pública

Resulta fundamental que, cuando los gobiernos estatales piensen en la elaboración de un instrumento para la regulación del uso legítimo de la fuerza, tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. Principio de legalidad. Este principio establece algo muy sencillo: las personas que forman parte del aparato del Estado (en todas sus modalidades) pueden hacer sólo aquello que les está expresamente otorgado como facultad en la ley. Las/os ciudadanas/os, por el contrario, pueden hacer absolutamente todo, salvo aquello que les está expresamente prohibido por la ley. Dicho de otro modo, a quien se regula es a las autoridades, nunca a las y los ciudadanas/os.
  2. Principio de discriminación de actos violentos. Las manifestaciones y expresiones públicas siempre son el talón de Aquiles de este tipo de instrumentos. Es muy importante considerar que, si en una manifestación hay personas cometiendo actos violentos (lanzando piedras, agrediendo autoridades, entre otros), se les debe detener sólo a ellas; buscando siempre el mejor momento para hacerlo y sin afectar a manifestantes no violentos. En ningún caso las agresiones por parte de algunas/os manifestantes deben legitimar el uso desproporcionado de la fuerza, la disolución de la manifestación en general o la detención de personas de forma indiscriminada. No sobra decir que no se puede autorizar el uso de armas letales y otras, como las balas de goma deben usarse sólo en casos sumamente excepcionales. Este último uso debe darse con protocolos claros; por ejemplo, el disparar a una distancia considerable y contra el piso, jamás a quemarropa.
  3. Instrumentos internacionales de derechos humanos. Existen diversos instrumentos internacionales que contienen disposiciones en esta materia. Ejemplo de ello son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP); la Convención contra la Tortura y el Código de Conducta para los Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley. Estos establecen, entre otras cosas, disposiciones sobre el uso de las armas de fuego, las detenciones y la presentación ante el Ministerio Público.

Consideraciones para la implementación de instrumentos ya existentes

Para el caso de instrumentos como el existente en la Ciudad de México, es muy importante tomar a la brevedad las siguientes medidas.

  1. Instrumentos adecuados de capacitación. Debe abandonarse el actual esquema de capacitación que busca solamente cumplir con un número determinado de elementos capacitados por cierto periodo. En su lugar, debe crearse una estructura de capacitación eficaz, por corporación y que sea capaz de cubrir a todos los elementos de seguridad pública (que en el caso del Distrito Federal suman más de 90 mil), con la finalidad de que todo elemento conozca estos protocolos.
  2. Creación de indicadores de medición, instrumentos para la revisión así como sanciones ejemplares. La evaluación de la política pública es muy importante a la hora de poder determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones del Estado en ésta y en todas las materias. Del mismo modo, el establecimiento de sanciones ejemplares para las y los elementos que no cumplan con estos protocolos resulta de vital importancia puesto que la mayoría de los actos violatorios de derechos humanos siguen impunes.

Como podemos observar, existe ya un marco normativo sumamente claro y orientador que señala hacia dónde deben enfocarse los instrumentos para la regulación del uso legítimo de la fuerza. Estos instrumentos urgen en nuestro país y urge que se hagan bien. La primera acción que todo gobierno estatal debe poner en marcha es la siguiente: dejar de tomar al marco normativo como instrumento para la represión política. Si las autoridades tienen aspiraciones políticas más elevadas, la mejor forma de llegar hasta ahí es respetando a cabalidad el principio de legalidad.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

El Ombudsman Nacional: ¿Defensor de Derechos Humanos?

Por Eduardo Martínez Lara

(Redacción de ASILEGAL)

En los últimos 4 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha incrementado en 55.21% su presupuesto. Este año se encuentra ejerciendo 1,416 millones de pesos. En estas fechas, en el marco de las negociaciones sobre el Presupuesto de Egresos 2015, el organismo nacional ha solicitado 1,465 millones, 956 mil 43 pesos. Esto significa un incremento de 49 millones 574 mil 997 pesos. En el escenario más previsible de todos, resulta natural pensar que este incremento presupuestal se debe al arduo trabajo que la CNDH realiza en favor de los derechos humanos.

Triste realidad. La estrategia programática de la CNDH para 2015 establece que la dependencia gastará 401 millones 700 mil 56 pesos en gasto corriente: salarios, prestaciones, pago de servicios, gasolina, papelería, adecuación y mantenimiento de sus edificios, entre otros. Para los mortales sujetos de derecho –que somos todos y todas- la dependencia ejercerá, en el rubro de “programas de promoción y defensa de derechos humanos” la ridícula cantidad de 64 millones 255 mil 987 pesos. En otras palabras, la CNDH parece estar más interesada en engordar la nómina, viajar mucho y que sus edificios se vean bonitos, que en cumplir con sus atribuciones constitucionales.

Algo hay que dejar claro: durante mucho tiempo, la CNDH ha interpretado un papel muy relevante en el escenario de la defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos (DDHH). Su existencia está plenamente justificada y soy un convencido de que es necesario ampliar las facultades constitucionales de este organismo para sancionar violaciones a los DDHH; sin embargo, la CNDH no es un ente abstracto: su conducción está a cargo de una persona que funge como Ombudsman Nacional.

Fotografía: Jorge Meza

Fotografía: Jorge Meza

Durante los últimos 4 años, mientras el presupuesto del organismo crecía año con año, el Ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, ha trabajado intensamente por acercar a la CNDH con el Gobierno Federal. Se le ve más preocupado por tomarse la foto con el presidente en turno, por ser políticamente correcto y por evitar que haya señalamientos en contra de altos funcionarios del gobierno. De ello, dos botones de muestra:

Masacre de San Fernando

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, según informes oficiales, la organización criminal mexicana denominada “Los Zetas” asesinó a 72 personas migrantes. Los hechos ocurrieron en el ejido de El Huizachal, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría originarios de Centro y Sudamérica, fueron secuestrados por dicha organización criminal. Estas personas se negaron a pertenecer a esta organización y tampoco pagaron el dinero que se les exigía para dejarles en libertad. Fueron asesinadas por la espalda, apiladas y abandonadas a la intemperie.

Ante esta masacre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) no actuó con debida diligencia. Entre las irregularidades cometidas, se encuentran la no preservación de evidencias, la deficiente autopsia e identificación de los cuerpos, la entrega equivocada de cuerpos, entre muchas otras.

Nada más 3 años después, el 23 de diciembre de 2013, la CNDH emitió la recomendación 80/2013 dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de Tamaulipas. La conclusión de esta recomendación dice textualmente que: “La PGJ del estado de Tamaulipas y la PGR incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; así como a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de los dos testigos, quienes sobrevivieron a los hechos”.

La recomendacion 80/2013 contiene algunos aspectos positivos tales como la sanción a los procedimientos erróneos de la PGJ de Tamaulipas y de otros actores relevantes en el hecho. Sin embargo, esta recomendación no incorpora los elementos de responsabilidad del Estado en términos de prevención, de participación directa y de complicidad de elementos de las fuerzas de seguridad pública. Asimismo, la CNDH cometió graves errores metodológicos y omisiones en la investigación al no contrastar informes y evidencias aportados por las/os testigos sobrevivientes y el gobierno del estado. Por último, a pesar de la relevancia de este hecho, la CNDH no realizó ninguna rueda de prensa para presentar la recomendación ni le dedicó un sólo boletín. El organismo se conformó con sólo enviar la recomendación, la cual, dicho sea de paso, también fue ignorada por el gobierno de Tamaulipas y por la PGR.

Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República

El pasado martes 2 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo emitió un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. En él, presumió que, de enero a julio de 2014, el número de recomendaciones por parte de la CNDH a instancias de procuración de justicia disminuyó en un 41.6% .

En contraste, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) ha denunciado una y otra vez el incremento alarmante del uso de la prisión preventiva en México. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: en nuestro país, el 43.09% de las personas privadas de la libertad permanecen bajo el régimen de prisión preventiva. En el mes de mayo, ASILEGAL presentó, en conjunto con otras organizaciones el “Informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad” ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En él se presentó esta cifra y se denunciaron las pésimas condiciones en que se encuentran los sistemas penitenciarios en México. Asimismo, ASILEGAL denunció el pasado mes de agosto que al 80% de las personas indígenas privadas de la libertad no se les ha respetado el debido proceso.

Respecto al uso de la tortura en nuestro país, el pasado 4 de septiembre, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó el informe titulado: “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México” en donde denuncia que en el último decenio, las denuncias por tortura se han incrementado en un 600%. En este informe, también se afirma que la CNDH es parte del problema: en 2013 dicha comisión recibió un total de 3,842 denuncias por violaciones cometidas por instituciones federales de seguridad y justicia (Ejército, Marina, PGR, Policía Federal y personal penitenciario). De estas sólo se emitieron 35 recomendaciones; es decir, menos de 1%. Y hay más. En 2013, la CNDH recibió un total de 9,806 quejas. De estas quejas, 4,628 terminaron con una orientación a la víctima, 3,580 con acuerdos de conciliación entre las partes y 77 en recomendaciones públicas. Esto significa que 1 de cada 127 casos termina en una recomendación pública. Asimismo, AI denuncia que las víctimas ni siquiera tienen acceso a la investigación que realiza el organismo autónomo.

Estos dos botones de muestra dan cuenta del panorama sumamente adverso para los DDHH en México y de la pésima actuación que ha tenido la CNDH en los últimos 4 años. Y en este mismo contexto, es que el Dr. Raúl Plascencia Villanueva pretende ser reelegido en su cargo. El cinismo es inaudito. Mientras el país atraviesa una pésima situación para los derechos humanos, las libertades y garantías ciudadanas y su convivencia social se encuentra en grave peligro, la presidencia de la CNDH ni ve ni escucha. Importa más el cargo, el compadrazgo político y el tráfico de influencias que las y los ciudadanos/as de a pie. Mi consigna es una: ¡Fuera Raúl Plascencia de la CNDH!

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.

Víctor Martínez es activista y defensor de los Derechos Humanos. Miembro de Amnistía Internacional México desde 2008, en donde ha realizado diversas acciones en Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México en favor de la dignidad de todas las personas. Disidente de las formas, los roles y el status quo.